El 3 de febrero de 2015 la CSI fue informada de que numerosos trabajadores haitianos y sus familias habían sido despojados de las pruebas que evidencian su permanencia o nacimiento en territorio dominicano, quedando indocumentados y por tanto expuestos a una inminente e injusta deportación.
Se enfrentan además a un futuro incierto, clasificados de ‘residentes’ o ‘apátridas’, sin ciudadanía legal, y privados de acceso a la educación, atención médica y trabajo digno, entre otros derechos humanos.
En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano determinó que los hijos de migrantes en situación irregular, nacidos en la República Dominicana, nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana y debían ser privados de ella.
Desde entonces, el Gobierno lleva a cabo un proceso terriblemente mal concebido para la regularización de migrantes. Las autoridades ya han anunciado la repatriación de más de 22.000 personas, la inmensa mayoría a Haití.
Además, el ejército dominicano ha desplegado fuerzas de seguridad a gran escala en las áreas fronterizas, para poner freno a la entrada de trabajadores haitianos.
La CSI fue asimismo informada de que agentes del ejército estaban deteniendo y obligando a inmigrantes y dominicanos de ascendencia haitiana a subir a vehículos a punta de pistola, para luego abandonarlos a su suerte en la frontera con Haití.
“El Gobierno dominicano ha demostrado una clara ausencia de voluntad política para resolver esta crisis humanitaria que viven miles de inmigrantes haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana”, afirmó Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
“El Presidente Danilo Medina debe actuar de inmediato poniendo fin a las deportaciones masivas y arbitrarias, y establecer un procedimiento de regulación justo y transparente”.
La CSI y la CSA pidieron a sus afiliadas que organizasen acciones de protesta frente a las embajadas, consulados y representaciones diplomáticas de la República Dominicana. Se facilitó una carta modelo para enviar un mensaje al presidente
