Los acuerdos bilaterales holandeses juegan un papel clave en las denuncias presentadas contra los países en desarrollo por las multinacionales en cuanto consideren vulnerados sus intereses por nuevas regulaciones. Más del 10% de todas las denuncias conocidas se basan en un tratado holandés y, de estas, tres de cada cuatro vienen de empresas que tienen como única presencia en Holanda un buzón de correos.

Así lo documenta el informe “Socializar las perdidas, privatizar los beneficios”, publicado hoy por SOMO, TNI, Both ENDS y Milieudefensie. Tres de cada cuatro denuncias “holandesas” las presentan “empresas buzón” radicadas en los Países Bajos por razones meramente legales o fiscales.

Normas medioambientales

Las multas pueden ser elevadas

Los tratados de inversión o tratados bilaterales de inversiones (TBI) ofrecen una amplia protección a los inversores. Cuando se consideran damnificados por un cambio en la política de un gobierno, pueden demandar al país y reclamarle miles de millones a través de la Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Este es uno de los elementos de las negociaciones en curso entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), al que se oponen enérgicamente las organizaciones de la sociedad civil.

Muchas de las denuncias se refieren a nuevas leyes medioambientales o a medidas que mejoran la salud pública o la estabilidad financiera del país. Del arbitraje suelen encargarse tres personas, a puerta cerrada, y los costes (incluidos los gastos judiciales) rondan una media de 8 millones de USD (7 millones de EUR).

Las sanciones pueden ser elevadas y no sólo afectan a países en desarrollo. La aseguradora china Ping An, por ejemplo, reclama 2.000 millones de USD (1.800 millones de EUR) de indemnización por supuestas pérdidas durante la nacionalización del banco belga [en bancarrota], Fortis.

Socavar la libertad de decisión

“Esto socava directamente la democracia en estos países."

“No se trata sólo de multas," afirma Roos Van Os, investigador de SOMO. "Esto atenta directamente contra la democracia de muchos países porque instila un “enfriamiento normativo”. Por temor a las reclamaciones, algunos países invierten decisiones que fueron adoptadas democráticamente”. Esto socava las opciones políticas de desarrollo sostenible de estos países.

Indonesia, por ejemplo, quiere ser menos dependiente de la importación de materias primas. A este fin decretó la venta del 51% de las acciones de las compañías mineras a nacionales indonesios y que las compañías procesaran parcialmente las materias primas en Indonesia. El gigante de la minería Newmont presentó una demanda sobre la base de un tratado de inversiones que los Países Bajos habían concluido con Indonesia. Finalmente, Newmont estará exenta de la nueva ley.

Los tratados holandeses han sido utilizados para denunciar a Zimbabue tras las reformas agrícolas, a Bolivia por su política en relación a la propiedad del agua y a Venezuela después de nacionalizar la producción de café y petróleo.

Agresividad

“Los Países Bajos son uno de los jugadores más agresivos en relación al SDIE," dice Van Os. El funcionario holandés responsable de ello, Nikos Lavranos, es el actual Secretario General del grupo de presión European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA), la
asociación europea de arbitraje que defiende mecanismos más contundentes dentro del SDIE para limitar más aún las libertades políticas de los Estados.

La compañía de seguros Achmea ha presentado una denuncia contra Eslovaquia, que quiere que el seguro de salud vuelva a manos públicas. Se trata de un caso único porque la compañía no quiere dinero, sólo que se elimine la propuesta de la mesa. Eslovaquia ya tuvo que pagar 22 millones de USD (19 millones de EUR), además de 3 millones de USD (2.6 millones de EUR) a Achmea, como indemnización por la nueva ley que limita la capacidad de las aseguradoras de canalizar los beneficios fuera del país. “Este sistema es, de hecho, un Estado constitucional paralelo, diseñado a medida de las necesidades específicas de las compañías multinacionales”, afirma Van Os.

Rescisiones

Ante las violaciones de las libertades políticas de los TBI y del SDIE, Sudáfrica, al igual que Indonesia, rescindieron unilateralmente sus TBI con varios países. El primero de ellos, con los Países Bajos. Recientemente, la India ha anunciado, en parte debido a la indemnización multimillonaria presentada por Vodafone (basándose en el TBI entre India y Holanda), una revisión total de sus tratados de inversiones vigentes. El problema es que, según dicho tratado, los inversores mantienen su protección hasta 15 años después de su rescisión.

Liliane Ploumen, Ministra de Comercio y Cooperación al Desarrollo de Holanda, ya indicó que volverán a examinarse los TBI con los países en desarrollo. Sin embargo, en declaraciones anteriores, ya nos había informado de que no tiene objeciones contra el mecanismo de SDIE, si bien en una versión mejorada.

Por Frank Mulder (IPS), originalmente publicado en neerlandés en el sitio web de MO* Magazine, 30 de enero de 2015