Prácticamente todos los países del mundo reconocen que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a hacer huelga, y cerca de 90 países han consagrado este derecho en su Constitución Nacional.
Desde las primeras luchas libradas para conseguir una jornada laboral de 8 horas y un salario justo, para conseguir salud y seguridad en el trabajo, para conseguir días de descanso semanal y protección contra la discriminación y la explotación en el trabajo, el derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras a ponerse en huelga ha proporcionado una plataforma decisiva para el progreso económico y social. Y cuando las personas se sublevan contra una dictadura y contra la opresión política, su derecho a la huelga siempre ha sido y será un pilar no negociable de la democracia.
Únicamente en las dictaduras más totalitarias se deniega el derecho a la huelga.
Las organizaciones patronales están tratando ahora de eliminar ese derecho del Derecho internacional. Pretenden modificar, a peor y para siempre, el equilibrio de poderes que existe en el lugar de trabajo y en la sociedad.
Cuando la democracia se expande, los trabajadores y sus sindicatos tienen más espacio para trabajar a favor de la igualdad y de la justicia económica y social. Cuando el espacio democrático se cierra, como está pasando actualmente en muchos países, los trabajadores y sus sindicatos se sienten atacados.
Durante más de 100 años, siempre que empleadores y Gobiernos se han negado a dialogar y a negociar y han impuesto su voluntad, los trabajadores han dado de todas maneras el paso y han afrontado los riesgos que supone ponerse en huelga. Eso no va a cambiar.
Suprimir el derecho a la huelga significa eliminar el último baluarte contra la opresión. El movimiento sindical internacional está firmemente decidido a luchar contra la agresión a este derecho básico. Somos la fuerza de la oposición, y somos la fuerza del progreso.
Eliminar el derecho a la huelga nos convertiría a todos en esclavos. No vamos a permitir que eso ocurra.