Fiji va a autorizar por fin la visita de una misión de la OIT

photo: UN Photo/Rick Bajornas

El Comodoro Frank Bainimarama de Fiji, nombrado Primer Ministro tras las elecciones sumamente fraudulentas que se celebraron el mes pasado, está dispuesto a autorizar la visita de una misión de la OIT al país para investigar las violaciones de los derechos laborales.

La misión que la OIT había enviado en 2012 fue expulsada del país cuando sus miembros se negaron a que las autoridades dictaran la manera en que debían llevar a cabo su investigación.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI ha expresado: “La concesión de última hora por parte de los gobernantes militares de Fiji de acceder a la visita de una misión de la OIT no pretende sino evitar que el órgano de la ONU ponga en marcha una Comisión de Encuesta en noviembre. El creciente autoritarismo, respecto al cual ya previno la OIT, sigue estando a la orden del día en Fiji, y es de esperar que la misión encuentre abundante evidencia de ello. Para conseguir evitar una Comisión de Encuesta de la OIT, lo que Fiji tiene que hacer es restablecer plenamente las normas laborales internacionalmente reconocidas.”

El Comodoro Bainimarama se hizo con el poder en un golpe militar en 2006, y en repetidas ocasiones ha tomado duras medidas contra los trabajadores y sus sindicatos, eliminando derechos fundamentales por medio de decretos ejecutivos que no pueden ser recurridos en los tribunales. El Decreto relativo a las industrias nacionales esenciales, por ejemplo, fue utilizado para anular determinados convenios colectivos existentes y para forzar a los sindicatos a repetir las votaciones para la elección de nuevos dirigentes, en las que se requería la aprobación del Primer Ministro. El Gobierno movilizó asimismo al ejército para amenazar y acosar a los trabajadores, y ha recurrido al encarcelamiento y apaleamiento de líderes sindicales.

Las elecciones sumamente fraudulentas que se celebraron en septiembre de 2014 se vieron empañadas por la ausencia absoluta de unos medios de comunicación libres, por la intimidación por parte de funcionarios públicos y por unas restricciones extremas para llevar a cabo campañas, impuestas a las organizaciones de la sociedad civil, respaldadas por estrictas sanciones penales.