Corea: la CSI exige la liberación inmediata del Secretario General de la KCTU

El 24 de mayo fueron arrestadas 30 personas, entre ellas el Sr. Yoo Ki-soo, Secretario General de la central sindical Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), y el Sr. Ahn Hyun-ho, Director de publicaciones del sindicato de trabajadores del sector público, Korean Government Employees Union, durante una manifestación para exigir al Gobierno de Corea que asuma la responsabilidad del desastre del ferry Sewol, en el que fallecieron casi 300 personas.

Los sindicatos coreanos sostienen que el desastre ha sido resultado de la desregulación actual y de la insuficiente supervisión gubernamental en lo que se refiere a la salud y la seguridad laboral. La manifestación siguió a una vigilia organizada por el “Consejo popular de Corea para tomar medidas sobre el desastre del ferry Sewol” en la que participaron los sindicatos.

“La decisión gubernamental de detener a dirigentes sindicales por su participación en una manifestación pacífica es una violación flagrante del derecho a la libertad sindical. La participación sindical en la reunión, marcha y vigilia eran, sin lugar a dudas, actividades sindicales protegidas en virtud del derecho internacional y, por lo tanto, no pueden ser causa del arresto o la detención prolongada del Sr. Yoo”, afirmó Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. “Hacemos un llamado al Gobierno para que ponga inmediatamente en libertad al Sr. Yoo, al Sr. Ahn y a todas las demás personas detenidas con ellos, así como a retirar todos los cargos en su contra.”

En Corea, los dirigentes y activistas sindicales son encarcelados por participar en huelgas que serían legales en otros lugares del mundo. El Gobierno lo hace a pesar de las claras y repetidas directivas de la Organización Internacional del Trabajo para que la legislación, en particular la cláusula de obstrucción a las empresas del Código Penal, sea armonizada inmediatamente con los principios de la libertad sindical. Las detenciones y los encarcelamientos a menudo se ven agravados por demandas judiciales que exigen contra las organizaciones sindicales y los sindicalistas indemnizaciones por huelga con el único propósito de provocar su ruina.