El énfasis que se está otorgando al papel del “sector privado ” es una fuente creciente de tensiones en los debates sobre el desarrollo mundial.

El concepto de sector privado, en sí mismo, abarca un abanico tan amplio de negocios que a veces acaba siendo totalmente inútil y alimentando, tal vez deliberadamente, la ambigüedad de lo que se está debatiendo. En realidad, el debate se refiere a las compañías multinacionales y las finanzas internacionales — aún no he conocido a quien se niegue a apoyar a las pequeñas y medianas empresas nacionales.

Por otra parte, muchos gobiernos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) están prestando cada vez más atención al papel del sector privado internacional en el desarrollo, por tres razones fundamentales: en primer lugar, como forma de contrarrestar las deficiencias de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), que erróneamente se utiliza mezclando las características diversas del dinero público y privado.

En segundo lugar, consideran la AOD como un medio de promover las oportunidades de sus compañías de conseguir contratos en el extranjero, no necesariamente condicionando la ayuda, sino abriéndoles oportunidades y contactos.

Y, en tercer lugar, hay muchas personas instintivamente proclives al sector privado que, debido a su formación, suelen ver la solución en las empresas más que en los gobiernos.

No es de sorprender que las compañías de alcance mundial alimenten estos instintos, y por eso vemos a un creciente cuadro de afables empresarios cuyo trabajo consiste en asistir a conferencias, como la que acaba de terminar en México, y destacar la importancia de las empresas para el desarrollo económico.

Por otro lado están las voces en contra, sobre todo de la sociedad civil y de las agencias de la ONU más inclinadas a la izquierda, que expresan sus temores por el rumbo que está tomando el debate y, a veces, se enzarzan en campañas contra compañías multinacionales incapaces de cumplir las normas sociales y medioambientales más básicas.

Cuando un portavoz del sector privado dice que éste es crucial para el desarrollo y la creación de empleo, hay quienes en la sociedad civil retroceden temiendo que estén hablando en clave, y que lo quieren anhelan es menos regulación y más desgravaciones fiscales.

Resulta irónico, pero ahora que se están volviendo a trazar las líneas que separan a estas dos partes aparentemente confrontadas, en cierta manera, el debate está ya superado.

Antes había muchos países y movimientos políticos que consideraban al sector privado un enemigo del desarrollo — hoy quedan pocos. A la inversa, la teoría neoliberal dominante que aboga por el crecimiento y el desarrollo a costa del papel del sector público está también, afortunadamente, superada. Hoy hay un consenso general entre los especialistas sobre la trascendencia para el desarrollo de contar con un sector público y un sector privado sólidos.

Lo que hay que debatir no es la importancia del sector privado — eso es un hecho — sino cuál es el equilibrio correcto entre la regulación estricta de las empresas y las finanzas para potenciar sus repercusiones en el desarrollo, y la eliminación de la burocracia para facilitar el florecimiento de la creatividad. Se debate sobre si hay lugar para el ánimo de lucro en el suministro de los servicios fundamentales para la población pobre, y sobre la mejor forma de promover la creación de empleo.

Estas cuestiones se dirimirán sobre todo a nivel nacional, a través de batallas políticas — como siempre ha sucedido — donde los intereses económicos ejercen una influencia en la toma de decisiones mucho mayor de lo que parece — de nuevo, como siempre ha sucedido.

Es muy valioso contar con espacios en los que puedan sentarse todas las partes e, idealmente, alimentar la confianza y la comprensión mutuas que permitan pasar de las caricaturas a un diálogo constructivo y a las iniciativas conjuntas. La primera reunión de alto nivel de la Alianza global para la eficacia de la cooperación al desarrollo en México fue uno de estos espacios, pero la falta de confianza entre ambas partes se podía palpar y no contribuyó en nada la decisión de los organizadores de negar un lugar en el panel principal a un representante sindical.

Las organizaciones de la sociedad civil criticaron la excesiva influencia que ejercían las multinacionales. Pero probablemente eso no es justo. No se puede invitar a la fiesta a representantes del sector privado y esperar que no expresen sus opiniones, ni influyan en los resultados. O permitimos a las grandes compañías ¡que se sienten a la mesa con las demás partes a discutir los problemas o estas ejercerán su considerable influencia en privado — no se puede obviar el hecho de que son poderosas.

Pero sí tengo dos recomendaciones que hacer a aquellos representantes de las multinacionales, y quienes les apoyan, que estén intentando relacionarse de buena fe con la sociedad civil en reuniones internacionales de este tipo.

En primer lugar, que no pretendan minimizar los crímenes cometidos por las grandes compañías contra las personas pobres. Cuando escucho por lo bajo cómo descalifican a activistas de la sociedad civil tildándoles de molestos y poco constructivos, me pregunto si alguna vez han estado con comunidades desplazadas por compañías mineras o agrícolas o si alguno de sus familiares trabaja en condiciones deplorables.

Los temores de la sociedad civil hacia la participación de las grandes compañías no se basan en una teoría marxista, sino en una experiencia visceral. Incluso si aparecen con trajes en estas mega conferencias, los representantes de la sociedad civil tienen que reportar a las comunidades marginales, urbanas o rurales, muchas de las cuales están batallando sin descanso con compañías — en muchos casos respaldadas por los gobiernos — que les desplazan de sus tierras, contaminan su atmósfera y faltan al respeto a su dignidad y derechos humanos. Cuando los grupos de presión del sector privado intentan minimizar esta realidad, socavan los esfuerzos por alimentar la confianza.

Y la segunda recomendación sería que no hagan referencias no ideológicas a la inclusión para promover una agenda política limitada. Los temores de la sociedad civil sobre los motivos subyacentes del sector privado no son de carácter conspiratorio, están plenamente justificados. Cualquiera persona que piense que las grandes empresas no han dedicado las últimas dos décadas a cabildear a los gobiernos para que reduzcan la reglamentación, sería una ingenua. Los intereses de los poderosos son tan reales como siempre.

Si se espera que la sociedad civil baje la guardia y proceda a aceptar un mayor papel de las multinacionales en el debate sobre el desarrollo, las multinacionales tendrán, por su parte, que evolucionar. Es imprescindible contar con un marco normativo estable y claro para que el sector privado promueva los objetivos de desarrollo, en lugar de atrapar sus beneficios y salir corriendo – que es lo que dicta la experiencia en demasiadas comunidades locales.

La inversión por sí sola no es sinónimo de desarrollo. Cuando las compañías y sus gobiernos forofos empiezen a argumentar que a veces es necesaria más regulación que menos, y cuando empiezen a insistir en la necesidad de que los sindicatos tengan un lugar en la mesa, a pesar de lo mucho que puedan diferir de ellos, podrían empezar a persuadir a los escépticos de que alimentar la confianza, merece la pena.