Costa Rica: La CSI apoya el “No” al CAFTA-RD en el referéndum

El próximo domingo, los ciudadanos de Costa Rica acudirán a las urnas en un referéndum sobre la ratificación del CAFTA-RD, un tratado de libre comercio (...)

Bruselas, 5 de octubre de 2007 : El próximo domingo, los ciudadanos de Costa Rica acudirán a las urnas en un referéndum sobre la ratificación del CAFTA-RD, un tratado de libre comercio entre EE UU, la República Dominicana y América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). Costa Rica es la única de esas siete naciones que todavía no lo ha ratificado.

Las afiliadas de la CSI en Costa Rica, la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) han venido participando activamente en la campaña a favor del NO. El domingo 30 de septiembre, último día oficial de la campaña, tuvo lugar en San José una multitudinaria manifestación pidiendo a los ciudadanos costarricenses que votasen NO, incluyendo una masiva movilización sindical.

La CSI apoya la posición de los sindicatos costarricenses, que también es propugnada por la central sindical AFL-CIO en Estados Unidos. “El tratado propuesto no tiene en cuenta el impacto que el CAFTA-RD podría tener sobre los derechos de los trabajadores/as y otras cuestiones relacionadas con el trabajo decente”, indicó Guy Ryder, Secretario General de la CSI. “Es muy probable que una aceleración de los intercambios comerciales entre ambas regiones erosione aún más el respeto de las normas fundamentales del trabajo. De hecho, resulta extremadamente difícil para los trabajadores y trabajadoras en América Central y en la República Dominicana organizarse en sindicatos, ya que los miembros potenciales son víctimas de intimidación, amenazas, despidos, y sus nombres se colocan en listas negras”.

En el caso de las maquiladoras (Zonas Francas Industriales o ZFI), los empleadores establecen importantes obstáculos a la sindicalización y a la negociación colectiva. Los abusos de los derechos sindicales abundan tanto en Costa Rica como en los otros países cubiertos por el CAFTA-RD. Además, el CAFTA-RD no establece protección alguna para la mujer frente a la discriminación, ni tampoco para otros grupos que históricamente han sido víctimas de abusos en el lugar de trabajo.

Pese a la aplastante evidencia de que los derechos sindicales están siendo continuamente violados, CAFTA-RD no ofrece ninguna solución. La única disposición vinculante respecto a los derechos de los trabajadores/as requiere simplemente que los países apliquen la legislación laboral vigente a nivel nacional, aun cuando la Organización Internacional del Trabajo ha constatado que no cumple con la normativa internacional. CAFTA-RD no contiene ninguna disposición vinculante para impedir que los países debiliten o incluso eliminen algunas de sus leyes laborales. En este sentido, el CAFTA-RD puede considerarse como un paso atrás, puesto que en base a las leyes comerciales vigentes EE UU puede retirar los beneficios comerciales a los países de América Central y el Caribe no sólo si éstos no aplicasen su legislación nacional, sino también si dichas leyes no protegen realmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

CAFTA-RD no sólo no aborda cuestiones relacionadas con los trabajadores/as, sino que su impacto sobre las perspectivas de desarrollo en esta sub-región de América Latina es cuestionable. De hecho, si este tratado comercial entrase en vigor, el 80% de los bienes industriales de EE UU entrarían en América Central y en la República Dominicana libres de impuestos, y los demás aranceles aduaneros se eliminarían totalmente después de 10 años. Esto impediría en gran parte que los países latinoamericanos puedan proteger sus propias industrias frente a la competencia externa y pondría por tanto en peligro sus planes de desarrollo industrial.

CAFTA-RD abre además la puerta para introducir la competencia en los mercados de telecomunicaciones y seguros de Costa Rica, que actualmente son públicos. Una liberalización de dichos mercados entrañaría la privatización de estos servicios, con consecuencias particularmente negativas para el empleo.

En el sector agrícola, CAFTA-RD no incrementa drásticamente el acceso al mercado de EE UU para los productos de la República Dominicana y América Central, en cambio sí que elimina los aranceles de esos países sobre cereales básicos como el arroz, los frijoles y el maíz. Esto podría tener un efecto perjudicial para el sector agrícola centroamericano puesto que los pequeños agricultores nacionales no podrán competir con las importaciones agrícolas fuertemente subsidiadas procedentes de EE UU. Es probable que ello tenga un impacto negativo en el sustento de los pobres en el medio rural – la mayoría de la población en muchos de estos países.


La CSI, fundada el 1 de noviembre de 2006, representa a 168 millones de trabajadores y trabajadoras en 153 países y territorios, y cuenta con 305 afiliadas nacionales.

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