España tuvo un perfil pobre en la Declaración de Busan. Apoyó el párrafo referente a la empresa privada en la cooperación al desarrollo, como lo hizo sobre el trabajo decente, pero no quiso incidir sobre corrupción, transparencia fiscal o lucha contra los paraísos fiscales que afectan a la capacidad de los estados para lograr una mejor eficiencia o recursos públicos, o a la exclusión en la cooperación Sur-Sur de los principios de la Declaración de París, liderada por China.
Pero para una mayor coherencia de su política exterior quiere implementar un Plan de Empresa y Derechos Humanos que compatibilice su discurso de apoyo a la empresa y cooperación y el respeto a los derechos humanos. Ha preparado un Borrador que está siendo discutido por las ONG de cooperación al desarrollo, sindicatos y otros agentes sociales, además de las estructuras empresariales.
Dicho Borrador quiere trasladar formalmente los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, aprobados el 16 de junio de 2011, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su resolución 17/4 (A/HRC/17/31). Estos fueron elaborados por el profesor Ruggie, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.
Los Principios Rectores aclaran y concretan los tres pilares del Marco de Naciones Unidas “proteger, respetar y remediar” respaldados en el año 2008 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a saber:
1. La obligación del Estado de proteger de abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
2. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos; y
3. Un mayor acceso a la reparación, judicial y extra-judicial, por parte de las víctimas.
El Borrador señala que estos Principios Rectores recogen el derecho internacional vigente, se aplican a todos los estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación (interior o exterior), propietarios y estructura y remarca que en ningún caso debe interpretarse que estos Principios Rectores establecen nuevas obligaciones de derecho internacional ni que restrinjan o reduzcan las obligaciones legales que un Estado haya asumido, o a las que esté sujeto de conformidad con las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos.
USO, directamente, o a través del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, al que también pertenece CCOO, o a través de la Coordinadora de ONG al Desarrollo, al que pertenecen las diferentes estructuras de cooperación al desarrollo de los diferentes sindicatos españoles, en nuestro caso, SOTERMUN, ha criticado y ha hecho sus aportaciones a ese Borrador.
Así se ha señalado que los ’derechos humanos’ deben ser entendidos inclusivamente a los contenidos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y demás convenciones internacionales.
Por nuestra parte queríamos evitar la dualidad de comportamiento de las empresas en nuestro país, de la matriz, normalmente acorde a la legislación europea, con las subsidiarias y cadenas de valor que tenga dichas empresas, fijando que cada una desarrolle un plan y cronograma de igualación de normas de comportamientos, superando las regulaciones ‘nacionales’ más débiles.
El asunto de la transparencia informativa, fiscal y fijar plazos concretos de publicidad o de procedimientos de quejas y reparación es el segundo bloque de propuestas.
Finalmente, insistimos en un aspecto no recogido taxativamente en los Principios de Ruggie que se refiere a marcar una frontera contra los paraísos fiscales. Estos son la base financiera que hace posible la corrupción, las ilegalidades y que favorece la desigualdad y la incapacidad de los estados para procurar bienes y servicios públicos.
No se puede hablar de desarrollo y mantener la vigencia y legalidad de los paraísos fiscales. Ese es un reto para que haya desarrollo. Los sindicatos debemos formar parte de la campaña contra su existencia y fortalecer las alianzas sociales frente a las prácticas peores del capitalismo.
Artículo escrito por Santiago González Vallejo, USO-Sotermun (España)