En una queja presentada en 2007 por la AFL-CIO se solicitaba al Gobierno de EE.UU. que suspendiera las preferencias comerciales otorgadas a Bangladesh en virtud del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), a menos que el Gobierno bangladesí tomara medidas para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, inclusive en el masivo sector de la confección del país y en las Zonas Francas Industriales, donde la ley prohíbe a los trabajadores y trabajadoras crear sindicatos. Desde entonces la situación de los trabajadores no ha hecho más que empeorar, dejando un balance de más de mil muertos en la catástrofe que se produjo en Rana Plaza a principios de año.
“Esta decisión tan esperada es un paso importante para los derechos de los trabajadores”, explicó Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. “Transmite un mensaje enérgico a todos los gobiernos y empleadores en cuanto a que no se va a tolerar que se violen los derechos fundamentales de los trabajadores en un país que pretende participar en la economía mundial.”
La CSI está respaldando los llamamientos de la AFL-CIO y del movimiento sindical de Bangladesh para que el Gobierno de dicho país actúe expresamente y con carácter de urgencia a fin de garantizar que los derechos de sus trabajadores y trabajadoras se respeten en la ley y en la práctica. La CSI solicita asimismo a las marcas internacionales que se abastecen en Bangladesh que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar que los derechos de los trabajadores en sus cadenas de suministro sean plenamente respetados. Las exigencias de los compradores internacionales a las empresas de Bangladesh son en parte responsables de la perpetuación de las rigurosas condiciones de explotación que prevalecen en el país.
En la última violación de derechos que se ha denunciado en una fábrica, los trabajadores de Sadia Garments Ltd han sido objeto de una virulenta campaña antisindical por parte de la dirección de la fábrica. En respuesta a las quejas de los trabajadores, la policía convenció a la dirección de Sadia de que aceptara reunirse con los representantes sindicales el día 29 de mayo. Pero cuando éstos se presentaron a la reunión, fueron agredidos y amenazados por una veintena de matones armados contratados por la dirección y, seguidamente, cada uno de los trabajadores fue obligado a firmar un papel en blanco que sería utilizado como prueba de que habían renunciado al sindicato. Tras una segunda intervención policial, la dirección firmó un acuerdo con los sindicatos, pero posteriormente comenzó de nuevo a intimidar y acosar a los trabajadores. El 22 de junio, la Sra. Maksuda, Secretaria General del sindicato, fue apaleada y apuñalada repetidamente por representantes de la dirección y, junto con otros trabajadores, fueron obligados a anunciar que se retiraban del sindicato.
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