El CPK había organizado una manifestación pacífica en Santa Cruz del Quiché para denunciar las actitudes racistas y prepotentes del alcalde Estuardo Castro, del Partido Patriota (PP), con los pueblos indígenas y criticar la corrupción de su administración.

Según la información recibida por la CSI, el ataque ocurrió al final de la manifestación, cuando hombres armados atacaron a los miembros del Consejo con palos, machetes y navajas, hiriendo a cuatro mujeres y buscando a la dirigente Lolita Chávez. Afortunadamente no la encontraron. Se solicitó ayuda a la policía, que llegó 25 minutos después y se dedicó a amedrentar a las personas de las comunidades. Luego el Alcalde se presentó con soldados en otras comunidades para amenazar a miembros del CPK y denunciar a luchadores y defensores de la tierra y el territorio ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

“Lo que está sucediendo en Guatemala es totalmente inaceptable”, dijo Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. “¡La situación de racismo, intolerancia y discriminación a la que se ven confrontados los pueblos originarios resulta imperdonable! Las autoridades deben velar porque los municipios y las empresas respeten los derechos de las comunidades, empezando por el Convenio 169 de la OIT”.

En una carta enviada a las autoridades guatemaltecas, la CSI exige al Presidente Otto Pérez Molina que tome las medidas necesarias para que se respeten el derecho de consulta, los convenios internacionales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, además de la Constitución política de Guatemala. Asimismo, se deben encontrar de inmediato a los autores materiales e intelectuales de los ataques y asesinatos de dirigentes del pueblo K’iche’.