Aunque los tres países reconocen los derechos sindicales y las libertades fundamentales, en la práctica la falta de una adecuada protección legal, una débil aplicación de la ley y la discriminación antisindical generalizada hacen que los trabajadores/as tengan un poder de negociación limitado. En la Zona Franca Industrial de Togo (ZFI), los trabajadores deben superar obstáculos adicionales para poder organizarse, incluso cuando se trata de reclamar salarios y prestaciones sociales que están legalmente establecidos en el resto del país. La Zona emplea principalmente mujeres, que realizan largas jornadas laborales a cambio de un salario muy bajo.
En los tres países, las mujeres se encuentran con considerables brechas salariales de género, y sufren segregación en el mercado laboral a causa del género. En general, las mujeres suelen tener menos probabilidades de ser contratadas que los hombres, porque los empleadores prefieren evitar tener que hacerse cargo de las prestaciones por maternidad.
El informe de la CSI revela además que el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de niños constituyen un problema alarmante en los tres países. Los niños son obligados a trabajar en condiciones peligrosas y con salarios inferiores al mínimo legal en la agricultura y en el servicio doméstico. Las inspecciones del trabajo y los funcionarios encargados de garantizar el respeto de la ley cuentan con muy poca formación y carecen de los recursos necesarios para lograr que se aplique la ley de manera efectiva.
