El camino que Libia ha de seguir debe basarse en un Gobierno democrático; en el respeto de los principios fundamentales del Derecho internacional, incluyendo la libertad de asociación y de expresión; en la plena igualdad entre hombres y mujeres y la protección de cara a la discriminación; y en la evolución de la sociedad civil, incluyendo unos sindicatos democráticos y representativos. Estos principios deben apuntalar el proceso de dos etapas, anunciado por las autoridades interinas, de elaborar una nueva Constitución y celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en el curso de los próximos 20 meses.

Ante la evidencia cada vez mayor de las atrocidades cometidas en el pasado y durante el conflicto, es necesario emprender medidas urgentes para garantizar la plena aplicación del Estado de derecho, con unas investigaciones adecuadas de los supuestos crímenes y unos juicios justos y abiertos de las personas acusadas.

La CSI está especialmente preocupada por la evidencia de que trabajadores libios y trabajadores migrantes procedentes del África subsahariana estén siendo víctimas de detenciones y represión por la sola razón del color de su piel. Las autoridades interinas deben asegurarse de que los derechos humanos de todas las personas en Libia sean plenamente respetados, y que, concretamente, los más vulnerables estén protegidos. Al mismo tiempo, los Gobiernos de los países a los que los libios huyeron durante el conflicto, deben asegurarse de que sus derechos también sean plenamente respetados conforme a las normas internacionales relevantes. El efecto desestabilizador de los eventos en Libia en los países vecinos también tiene que abordarse.

La enorme fortuna acumulada por la dictadura de Gaddafi pertenece al pueblo libio. Se cree que tan sólo la Autoridad de Inversión Libia llega a controlar 200.000 millones USD. La comunidad internacional debe brindar toda la asistencia posible a las autoridades libias para localizar todos los fondos invertidos o apropiados por el antiguo régimen, y asegurarse de que se utilicen en beneficio de las personas del país y de manera completamente transparente. Por otra parte, deben establecerse medidas efectivas para evitar una “captura de recursos” por parte de las corporaciones multinacionales, muchas de las cuales hicieron negocios con la dictadura de Gadaffi a lo largo de los años.

Al pueblo de Libia le espera un futuro nuevo y positivo. No obstante, el camino a seguir va a ser difícil y desafiante, con enorme tensiones internas a superar, y un riesgo real de que los intereses externos se beneficien de la enorme riqueza del país a costa de las personas. Permitir el desarrollo de todo un abanico de instituciones de la sociedad civil, incluyendo un movimiento sindical fuerte, representativo y vibrante, apoyado por una buena legislación laboral y un diálogo social, será un factor decisivo a la hora de garantizar una democracia auténtica y una economía al servicio de todos, no de unos pocos.