Los agentes irrumpieron, destrozaron y obligaron a cerrar las oficinas sindicales de Ashulia, núcleo de fabricación de prendas de vestir de la capital Dacca, además de quemar los documentos de afiliación sindical y llevarse parte de los muebles. Más de 1.600 trabajadores y trabajadoras han sido despedidos, y la policía ha presentado denuncias contra 600 trabajadores/as y dirigentes sindicales.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha expresado: “Bangladesh tiene un lamentable historial de abusos y violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores, y esta última ronda de represión contra los trabajadores y trabajadoras de la confección empobrecidos, que lo único que están haciendo es reclamar un salario que les permita seguir viviendo a ellos y sus familias, es una verdadera vergüenza.
La postura antisindical que el Gobierno viene manteniendo desde hace tiempo obliga a los trabajadores a malvivir y les priva de los medios para reclamar unas condiciones de trabajo seguras. Solicitamos la puesta en libertad de estos trabajadores, y que el Gobierno cumpla con sus obligaciones de respetar los derechos fundamentales del trabajo. Es preciso que la Unión Europea y otras partes del mundo que tienen acuerdos comerciales especiales con Bangladesh utilicen su influencia para que en las cadenas de suministro que sirven a los consumidores finales de sus países se garanticen unos salarios y unas condiciones de trabajo decentes. Las marcas internacionales que hacen negocio con proveedores bangladesíes también tienen que asumir su parte de responsabilidad”.
Las Federaciones Sindicales Internacionales IndustriALL y UNI han lanzado una petición internacional en apoyo a los trabajadores y trabajadoras encarcelados - #EveryDayCounts. Para más información, consultar:
http://www.industriall-union.org/es/bangladesh-exigimos-se-ponga-en-libertad-inmediata-a-sindicalistas-y-trabajadores-as-encarcelados