Brasil: Sindicatos y abogados especializados en derechos humanos apoyan a Lula conforme se acerca la fecha del juicio amañado

En un acto especial celebrado el 20 de septiembre en Nueva York y organizado por la CSI y la central sindical AFL-CIO, los sindicatos internacionales y estadounidenses se han unido a destacados abogados de los derechos humanos para denunciar las acusaciones infundadas contra el ex presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva.

Cuando el acto finalizó con un discurso de Lula por videoconferencia, el fiscal Sérgio Moro anunció en Brasil que fungirá de juez en la audiencia contra Lula, cuyas acusaciones salieron a la luz por primera vez hace más de cinco años a través del grupo mediático de derechas Globo. Uno de los fiscales que trabajan con Moro, Roberson Pozzobon, admitió la semana pasada que no existen pruebas claras relacionadas con la acusación principal: que Lula ocultó la propiedad de un apartamento en Guarujá.

El destacado abogado internacional de derechos humanos Geoffrey Robertson declaró: “El mundo entero está pendiente de Brasil. La comunidad jurídica internacional está escandalizada ante los abusos que los fiscales de la Operación Lava Coches están cometiendo contra Lula y su familia. Se trata de una persecución de Lula, no de un juicio. Por eso hemos presentado este caso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Aquí en Estados Unidos, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, me voy a reunir con numerosos abogados y defensores de los derechos humanos para abordar la situación en Brasil”.

Tefera Gebre, vicepresidente ejecutivo de la AFL-CIO, declaró: “La defensa de la democracia es fundamental para los sindicatos. Los trabajadores y trabajadoras estadounidenses, así como la AFL-CIO, están orgullosos de apoyar al ex presidente Lula y a los hombres y mujeres trabajadores de Brasil. La justicia es importante en una democracia en la que la gente constituye el núcleo de la representación y la justicia es importante para Lula y el pueblo brasileño”.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, describió las denuncias contra Lula como un “ataque político partidista que utiliza elementos del poder judicial para intentar destruir a un hombre que sacó de la pobreza a decenas de millones de personas como el presidente más popular de la historia de Brasil. Lula ya ha sido declarado culpable por el hombre que presidirá su juicio sin jurado, mientras los intereses corporativos pretenden consolidar su control en el país. Nosotros y nosotras apoyamos a Lula y rechazamos esta parodia de la justicia”.

Los abogados de Lula han elaborado un catálogo en el que incluyen todas las violaciones de los derechos fundamentales que se han cometido contra su cliente en la campaña urdida contra su persona, incluidas la privación de libertad, las escuchas ilegales de su teléfono, la filtración de su correspondencia, la grabación de las conversaciones con sus abogados, la presunción de culpabilidad sin ninguna prueba ni juicio previo y la falta de un juez imparcial y de un proceso judicial justo.

Alguno de los opositores más destacados de Lula han criticado la medida de juzgarle, pues les preocupa que la debilidad del caso pueda perjudicar a las investigaciones sobre corrupción de la Operación “Lava Coches”. 352 de los 594 miembros del Congreso brasileño se enfrentan a graves cargos o imputaciones penales, muchos de ellos vinculados a las investigaciones de la Operación “Lava Coches”.

Para más información y para firmar la petición internacional: www.standwithlula.org