La decisión judicial tiene como efecto político inmediato la imposibilidad de que Fernández de Kirchner pueda concurrir a la presidencia en las elecciones del próximo año.

En la última década, en varios países latinoamericanos se ha utilizado el poder judicial como arma política para perseguir a líderes progresistas. Siguiendo la lógica del “lawfare”, los tribunales han sido empleados con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho.