Aunque el derecho de sindicalización y negociación colectiva están previstos por la ley y se ejercen en la práctica, quedan sujetos a determinadas restricciones, especialmente para los trabajadores/as migrantes. Por ejemplo, una ley prohíbe que cualquier persona que “no sea ciudadano de Singapur” pueda acceder a un cargo directivo nacional o seccional o trabajar a tiempo completo en un sindicato, a menos que obtenga previamente la aprobación por escrito del Ministro de Empleo.

La ley estipula que el permiso de residencia de los trabajadores extranjeros está ligado a su contrato de empleo. Para los 200.000 trabajadores y trabajadoras del hogar que hay en Singapur, esto implica que si un empleador cancela su contrato de empleo, el trabajador o trabajadora podría ser deportado. Algunos empleadores amenazan a sus trabajadores del hogar con denunciar su contrato de empleo para obligarlos a realizar largas jornadas laborales, restringir sus movimientos o imponerles otras condiciones de trabajo ilegales. Aunque el Gobierno castiga a los empleadores y contratistas que abusan de los derechos laborales de los trabajadores/as extranjeros, especialmente los empleados en el servicio doméstico, en 2010 se tuvo noticia de alrededor de 4.000 trabajadoras del hogar que escaparon de sus empleadores. Muchos trabajadores/as extranjeros acceden a la fuerza laboral fuertemente endeudados y se ven obligados a aceptar empleos distintos a los que les ofrecieron al abandonar su país.

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