El informe encuentra que la legislación de Bangladesh no contempla adecuadamente la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva ni el derecho de huelga. La ley estipula unos requisitos excesivos y unos procedimientos complicados para poder registrar un sindicato y, en la práctica, el Registro rechaza muchas solicitudes. En Bangladesh abundan las prácticas antisindicales por parte de los empleadores, incluyendo amenazas, juicios contra sindicalistas e intimidación. La policía hace un uso excesivo de la fuerza para dispersar a los trabajadores que se manifiestan, en algunos casos con resultados mortales y provocando frecuentes lesiones. Las Zonas Francas Industriales (ZFI) en el país entran dentro de una legislación laboral especial con arreglo a la cual no existen derechos básicos. Los trabajadores/as de dichas zonas tienen prohibido organizarse y negociar colectivamente. La OIT ha estado recomendando durante muchos años numerosas enmiendas a la ley, a fin de ajustarla a los convenios fundamentales del trabajo a nivel internacional, a saber los Convenios 87 y 98, pero el Gobierno sigue haciendo caso omiso de estas propuestas.
Las mujeres carecen de protección contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, cuyo alcance constituye un serio un problema en Bangladesh. Las mujeres son víctimas de una brecha salarial de género considerable y tienden a concentrase en sectores mal pagados de la economía.
El trabajo infantil es un problema alarmante en Bangladesh, donde trabajan siete millones de niños y niñas, de los cuales cerca de 1,3 millones están implicados en las peores formas de trabajo infantil. Los niños desempeñan una amplia gama de trabajos en todos los sectores. Por otra parte, la legislación no protege a los trabajadores migrantes de la contratación fraudulenta, y muchos de estos trabajadores se ven obligados a trabajar en régimen de servidumbre. Existen informes sobre la complicidad de las autoridades y los políticos con el crimen organizado en la trata de mano de obra.
