Si la meta es el trabajo decente, salvar el clima y proteger nuestra biodiversidad, la única vía es la transición justa

Mucho ha cambiado el mundo desde que el rey de los belgas Leopoldo II se apropiase en 1885 de los recursos naturales de Esikongo (en lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo), o desde que los Estados Unidos se adjudicasen numerosas islas del Atlántico o del Pacífico con depósitos de guano –empleado como fertilizante natural– reclamándolas como territorio estadounidense a través de la Ley de las Islas Guaneras, de 1856. Pero lo que no ha cambiado es la búsqueda incansable de recursos naturales por parte de los países industrializados y compañías transnacionales del Norte Global, muy a menudo en los mismos países del Sur Global que antes habían colonizado.

La transición energética viene a sumarse a esta búsqueda de recursos naturales. En América Latina se registra una demanda masiva de producción de agrocombustibles y muy especialmente la necesidad de minerales de tierras raras como el litio, para la fabricación de las baterías de los automóviles eléctricos. La lucha por este recurso tiene enormes repercusiones sobre la democracia y la naturaleza, y ha resultado devastadora para los derechos de los pueblos indígenas que habitan en esas zonas. Las disputas sobre el control de los recursos de litio en Bolivia, por ejemplo, se consideran uno de los motivos del golpe de Estado de 2019 en Bolivia.

Esta explotación y extracción de los recursos naturales ha estado a la orden del día desde el día en que Cristóbal Colón desembarcó en el continente americano en 1492. Ha aportado bienestar económico al Norte y devastación a los pueblos y la naturaleza del Sur. Cualquier solución sostenible ha de reconocer este contexto y aceptar el principio de ‘responsabilidad común pero diferenciada’.

Es por ello que la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) ha venido trabajando con movimientos sociales de la región para desarrollar una visión alternativa para el desarrollo en el continente, la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), que aborda los derechos políticos, económicos, y medioambientales además de tener en cuenta su contexto histórico.

Según afirma la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo, 1.200 millones de puestos de trabajo dependen directamente de la sostenibilidad de un medioambiente sano. En realidad nosotros pensamos que todos los puestos de trabajo dependen de un medioambiente sano y sostenible, pero con la continua explotación de la naturaleza, no se está logrando.

El movimiento sindical internacional ha venido reclamando cambios políticos con el eslogan No habrá empleos en un planeta muerto desde la Conferencia de Río+20 en 2012. Hoy pedimos Empleos decentes en un planeta vivo. El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Incluye oportunidades de trabajo que resulten productivas y que aporten unos ingresos justos, con seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que las personas puedan expresar sus inquietudes, organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidades y de trato para todos. En resumen, se trata de puestos de trabajo de calidad apuntalados por plenos derechos laborales.

Transición justa: la justicia social como motor de una transición ecológica

El concepto de transición justa, un marco que incluye la creación de puestos de trabajo decentes y de calidad, ha recibido el reconocimiento global en las negociaciones sobre el clima de Cancún (COP16) y su inclusión en el Acuerdo de París en 2015. Para los sindicatos, la transición justa es la vía para la justicia social a través de una transición económica sostenible. La transición justa conduce a la justicia social y medioambiental y aporta esperanza y confianza para un futuro que dé prioridad a las personas y a la naturaleza por encima de los beneficios económicos. Los sindicatos quieren asegurarse de que las vidas de los trabajadores, sus salarios, seguridad de empleo, salud, seguridad y protección social estén garantizados en cualquier transición económica.

El diálogo social es fundamental para ello. Puede facilitar procesos de planificación basados en el derecho a negociar colectivamente, alcanzando acuerdos negociados y garantizando una auténtica apropiación. En el seno de la OIT, los Gobiernos, junto con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, han negociado unas ambiciosas directrices que pueden apoyar e impulsar la implementación de una transición justa y el movimiento sindical internacional ha documentado numerosos buenos ejemplos de procesos de transición justa.

Pese a que el concepto de transición justa generalmente se asocia a los trabajadores en las industrias de combustibles fósiles en declive o que se prevé vayan desapareciendo, en realidad abarca mucho más.

La crisis climática y la alarmante pérdida de biodiversidad está afectando a todo el planeta. Junto con otros movimientos, como organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, pueblos indígenas o grupos juveniles, los trabajadores necesitan mecanismos genuinamente participativos para tomar decisiones respecto a su futuro. A nivel de los centros de trabajo y a escala sectorial, el punto de partida son unos sindicatos fuertes y el diálogo social.

La transición justa guarda relación con que los trabajadores se nieguen a verse obligados a elegir entre proteger su empleo o proteger el medio ambiente. La transición justa supone además afrontar el impacto de la economía digital sobre los trabajadores y exigir a los empleadores que reconozcan sus responsabilidades respecto a la mano de obra que emplean.

A nivel nacional una transición justa implica la negociación de un nuevo contrato social que incluya medidas efectivas de protección social para todos. Para asegurarnos de construir un mundo poscovid mejor resulta más urgente que nunca. El movimiento sindical reclama un Fondo Mundial para la Protección Social de 37.800 millones de USD para establecer sistemas de protección social con cinco años de cobertura en los 28 países menos desarrollados.

Por último, es importante poner énfasis en que no habrá una transición justa si las decisiones económicas continúan estando dominadas por las finanzas globales, que buscan transformar cualquier actividad en beneficios comerciales.

Debemos cuestionar el modelo económico dominado por las políticas de austeridad y neoliberales que transforman nuestros bienes comunes en activos financieros y mercancías. Territorios, tierra, biodiversidad, agua, semillas, bosques, energía, sabiduría ancestral, ciencia, cuidados, salud y educación son bienes comunes. No quedan confinados a la esfera nacional o local, sino que se comparten a través de las fronteras y, en ocasionas, incluso tienen un alcance regional y global.

Para garantizar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos sobre los bienes comunes, se requieren instancias de participación y toma de decisiones democráticas a nivel local, nacional y regional. Las medidas de protección medioambiental no deberían convertirse en excusas para la mercantilización de los bienes comunes. La interculturalidad, el reconocimiento de prácticas y conocimientos respecto al medio ambiente, y la protección de nuestros recursos genéticos frente a la biopiratería son condiciones indispensables para revertir la tendencia actual de devastación medioambiental. No será tarea fácil, pero deberíamos ponernos a ello cuanto antes si queremos que toda la humanidad tenga una oportunidad justa.