En la lucha mundial contra la COVID-19, Italia se ha convertido, hasta ahora, en el país con mayor número de muertes (si bien EEUU, previsiblemente, superará a éste en breve). Aunque las razones para ello son diversas, la pandemia del coronavirus ha puesto dolorosamente de relieve la inveterada crisis estructural del sistema de salud pública italiano. La escasez de profesionales sanitarios y de camas hospitalarias de las que adolece el Servicio Nacional de Salud italiano (Servizio Sanitario Nazionale, o SSN) para hacer frente a esta emergencia es el resultado de décadas de políticas económicas neoliberales. El número de empleados fijos del SSN disminuyó un 5,75% entre 2010 y 2018, y pasó de 687.000 a 647.000, según datos de la Oficina General de Contabilidad, mientras que el número de camas disponibles en los hospitales públicos se redujo un 15,9%, de 187.000 a 157.000, durante el mismo período, según el Ministerio de Sanidad italiano.

Estas políticas neoliberales, aplicadas en países de todo el mundo en grados diversos, organizan el sistema de salud pública siguiendo la lógica del sector privado (básicamente, priorizando los beneficios por encima de todo) y debilitan las estructuras públicas para promover las privadas. Además, apoyan este objetivo en un relato, hoy dominante, que califica el gasto público de “despilfarro” y a los funcionarios públicos, de “holgazanes”, con el fin de justificar la reducción de los recursos asignados a los servicios públicos esenciales y de desacreditar a los millones de trabajadores que trabajan cada día para todos nosotros. Todo ello ha impedido cualquier debate sobre la trascendencia de la intervención estatal en la economía para proteger la salud individual de los ciudadanos y la salud colectiva de las naciones. Equal Times conversó recientemente con Serena Sorrentino, secretaria general de la FP-CGIL, la mayor federación de sindicatos de trabajadores de servicios públicos de Italia, sobre las repercusiones y el origen de la crisis de la COVID-19 en Italia.

Desde mediados de febrero el SSN está inmerso en un esfuerzo hercúleo para tratar a las personas afectadas por la enfermedad del coronavirus en Italia. ¿Puede darnos una idea de las condiciones en las que trabaja el personal del SSN?

El contexto se caracteriza por un servicio de sanidad universal debilitado por los drásticos recortes de fondos públicos, de 37.000 millones de euros, que se le infligieron entre 2009 y 2019. Estos recortes, a pesar de haberse revertido en parte en el último presupuesto, han provocado una reducción del personal y una disminución de las infraestructuras sanitarias dedicadas a los sistemas de emergencia hospitalaria (y de agudos), a los sistemas de salud locales, a la atención primaria, a las clínicas ambulatorias especializadas y a las residencias de ancianos.

Para hacer frente a la emergencia del Sars-Cov-2 ha sido necesario reforzar las unidades de cuidados intensivos (UCI), reorganizar el sistema sanitario general, crear estructuras totalmente dedicadas a la COVID-19 y encontrar especialistas sanitarios que pudieran trabajar en estos lugares. La gestión regional del sistema nacional de salud exacerbó la falta de equipos de protección individual (EPI) y de especialistas. Los conflictos institucionales entre el Gobierno nacional y los regionales, en las primeras etapas de la crisis, complicaron las intervenciones, que fracasaron en garantizar las medidas extraordinarias necesarias para limitar la propagación de la COVID-19 y reforzar los servicios sanitarios de emergencia.

Durante esta crisis llama la atención la ausencia de producción italiana de EPI, en particular de mascarillas, que Italia se ha visto obligada a importar a un coste más elevado o a producir a escala nacional en líneas de producción modificadas. ¿Qué repercusiones ha tenido este retraso para el personal sanitario?

A esto exactamente es a lo que me refería antes. El suministro de EPI es competencia regional, pero los Gobiernos regionales actuaron tarde, cuando el fenómeno se había convertido ya en una pandemia y los EPI escaseaban a nivel mundial. El nombramiento de un Comisionado que colabora con el Departamento Nacional de Protección Civil para estos propósitos, llegó tarde. Esto ha venido a demostrar que nuestra reivindicación de que había que garantizar la autosuficiencia en la producción de EPI era factible.

No necesitamos EPI genéricos, como mascarillas, sino equipos adecuados para garantizar la seguridad del personal que trabaja en las estructuras dedicadas a la COVID-19 y desempeñando servicios esenciales. Estos trabajadores no pueden acabar en aislamiento preventivo. El retraso de Italia en esta cuestión se evidencia por los elevados niveles de contagio del personal sanitario y de la población de las zonas con brotes.

En plena emergencia, Italia se ha visto obligada a recurrir a médicos jubilados y a solicitar personal sanitario de otros países mientras unos 1.500 jóvenes médicos especialistas emigran de Italia cada año. ¿Qué hay detrás de esta contradicción?

Años y años de políticas equivocadas, como la congelación de las contrataciones en el sistema sanitario y en todo el sector público en general; las limitadas matriculaciones en las Facultades de Medicina y en las escuelas de especialización; la escasa valoración de los profesionales y, finalmente, los bajos salarios. El personal sanitario formado en Italia comienza su relación con el SSN a través de contratos precarios y sin reconocimiento de sus aptitudes profesionales. Estos trabajadores de alto nivel se marchan al extranjero para encontrar un entorno científico y organizativo más receptivo a la inversión en profesionales de la salud.

Italia tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, el SSN ha sufrido recortes de financiación, justificados por sucesivos Gobiernos nacionales por la necesidad de mantener el equilibrio presupuestario. ¿Cuáles son los resultados de estas políticas?

Una profunda desigualdad en la distribución de los servicios. El sector público se redujo a costa de recortar el personal sanitario, las camas de hospital, las redes de atención domiciliaria, los sistemas de atención primaria e intermedia y de una total falta de gestión de las enfermedades crónicas. Esto condujo a un aumento del mercado de los servicios de salud privados acreditados, que —paradójicamente— provocaron un incremento del gasto general. De ahí que el gasto para la mejora de las estructuras de salud pública haya disminuido, mientras que la compra de servicios de salud privados ha aumentado. No necesitamos repensar los valores del SSN, basta con implementarlos, revisando las funciones de los Gobiernos nacionales y regionales y vinculando el gasto sanitario a las necesidades de la población.

Es decir, que se corre el riesgo de que el derecho a la salud, consagrado en la Constitución italiana, dependa cada vez más de un programa económico basado en el lucro. ¿Qué situación laboral tienen los profesionales de la sanidad privada? ¿Y qué papel desempeñan los centros de salud privados en esta emergencia actual?

Como sucede en todos los casos de externalización, el personal sanitario privado está sufriendo una reducción salarial y de sus derechos, debido a la necesidad del sector privado de garantizar sus propios beneficios. Estos trabajadores llevan más de 13 años esperando a que se actualice su convenio colectivo nacional. Los empleadores de la sanidad privada han interrumpido las conversaciones sobre la cuestión más importante, a saber, que los trabajadores privados y públicos deben tener los mismos salarios y derechos.

En esta emergencia, las empresas de la sanidad privada han "aprovechado" la oportunidad de ganar más. En algunas regiones han puesto a disposición del Estado sus UCI, sus estructuras y profesionales, pero en otras están manteniendo todas las actividades médicas que podrían aplazarse, lo que aumenta el riesgo para los pacientes y el personal sanitario. Además, sólo prestan ayuda en la emergencia [en zonas] donde el margen de beneficios es elevado, sin reconocer el valor de los profesionales.

No todos se han comportado así, pero el sector privado en Italia no está dando buen ejemplo. No siempre está considerando esta emergencia pandémica como una prioridad a la que todas las estructuras deben contribuir, incluso con sacrificios. Creo que las residencias de ancianos se están convirtiendo en un símbolo de la falta de responsabilidad social de los empleadores. Han dejado a sus empleados sin EPI y no han tenido en cuenta la vulnerabilidad de los ancianos, que son las principales víctimas del virus.

Esta crisis sanitaria nos ha recordado la trascendencia de los principios de universalidad, igualdad y solidaridad que inspiraron al SSN desde su fundación en 1978. Tras décadas de continuos recortes, ¿será posible renovar el SSN después de la crisis de la COVID-19?

Necesitamos una movilización de las cualificaciones para remodelar el mapa de los servicios de salud. Los principios siguen siendo válidos, pero escasean recursos y personal en dos ámbitos estratégicos: la prevención y la investigación. La fase inicial deberá basarse en la inversión. Cuando la prevención, la atención primaria, las residencias de ancianos y la red de cuidados crónicos funcionan correctamente, el gasto sanitario se reduce y la calidad de los servicios aumenta.

Además de a la Sanidad, la emergencia de la COVID-19 ha afectado a otros elementos del sector público: desde la limpieza medioambiental a los funcionarios de prisiones, los bomberos y la policía local. ¿Tan fundamental es su contribución?

La gestión de esta emergencia involucra a muchas áreas de los servicios públicos. Es necesario garantizar la seguridad pública, la protección del medioambiente y del territorio, los servicios administrativos relacionados con la administración pública, el sistema de protección civil y todas aquellas actividades que no se pueden suspender. Sigue siendo necesario vigilar a los reclusos, recoger y eliminar las basuras, garantizar la seguridad urbana, prestar servicios de protección y bienestar social y cuidar de las personas. Los mismos trabajadores atacados por las políticas que pretendían hacer ’más eficiente’ el sector público, son los que hoy luchan en primera línea de batalla contra la COVID-19.

A día de hoy, las enfermeras, los médicos, los policías locales y nacionales, los bomberos, los funcionarios de prisiones, los operadores de saneamiento, los trabajadores sociales, los educadores, el personal de servicios de cementerios y de instituciones de seguridad social están haciendo su trabajo sin los EPI adecuados, expuestos a contagiarse, ellos y sus familias. Estos trabajadores, y todos los de los servicios esenciales, están garantizando el funcionamiento de los servicios imprescindibles para toda la ciudadanía. Lo hacen por un sentido del deber y de compromiso con la población.

Es necesario repensar el papel de los servicios públicos a nivel social y económico y abandonar el paradigma que los considera un "gasto". También debemos entender que no hay desarrollo sin bienestar social.

El Gobierno italiano ha tomado varias medidas para hacer frente a la emergencia de la enfermedad del coronavirus, como el llamado decreto ’Cura Italia’. ¿Qué opinión le merece y qué reivindicaciones ha hecho el FP-CGIL al Gobierno?

La lista es larga. Empecemos por la valoración. El decreto es un primer acto de apoyo a lo que debemos salvaguardar hoy: el SSN, los ingresos de las familias y la estructura de producción de las administraciones públicas, los servicios y los proveedores de mercancías.

Otros países europeos, tal vez porque la emergencia les llegó más tarde, están preparando políticas más contundentes a medio y largo plazo. Esto podría exponer a Italia a una recuperación económica más lenta e incierta, de ahí la importancia de las nuevas medidas en las que ya está trabajando el Gobierno italiano.

A este respecto, he observado que aún hay muchas preguntas sin respuesta en nuestro sector, relativas sobre todo a la contratación y la organización del sistema sanitario. El SSN está en la actualidad bajo presión y la prioridad debe ser contratar más personal y que el personal sanitario trabaje en condiciones de seguridad y reciba una remuneración adecuada.

Hay muchos sectores expuestos [a los peligros de la COVID-19], desde el sector privado social hasta los servicios medioambientales y, en general, todos aquellos que trabajan de cara al público. El mayor problema será afianzar los presupuestos de las administraciones, las empresas participadas y las actividades subcontratadas. Hoy estamos abordando el problema de las ayudas económicas, pero en breve tendremos que pensar en una transición a largo plazo.

La flexibilización de las restricciones fiscales ofrece una oportunidad para proceder a remodelar y mantener las actividades productivas dentro de Italia y a consolidar los servicios públicos.

La FP-CGIL ha lanzado la campaña Grazie a chi lavora (Gracias a quienes trabajan) para resaltar la importancia del personal de los servicios públicos esenciales y de toda la gente que cada día trabaja para nosotros. Una vez que esta emergencia termine, ¿cómo empezamos a arreglar nuestros servicios públicos?

Reconstruyendo la confianza de los trabajadores, lo que para nosotros significa que reciban salarios dignos y una mejora profesional. Preparando un plan de contratación extraordinario, dando un papel central a la programación de los servicios, comprendiendo las necesidades de la comunidad y redefiniendo el área operacional de los servicios públicos universales.