“El COVID-19 tendrá consecuencias catastróficas en los países más pobres, y se requiere urgentemente protección social para mantenerlos a flote y evitar una hambruna de enormes proporciones. Harán falta miles de millones de dólares, pero aunque parezca una suma gigantesca, representa apenas una pequeña fracción de los billones de estímulo financiero prometidos por el G20. La pandemia afecta a toda la humanidad, y únicamente trabajando juntos en todo el mundo podremos superarla”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
La protección social figura en la Declaración de la CSI/Agrupación Global Unions a las reuniones de primavera, donde se apunta a la necesidad de una acción coordinada por parte de Gobiernos e instituciones internacionales en relación con el estímulo económico, las medidas sobre salud pública y el alivio de la deuda.
Un elemento central es la petición al FMI respecto a la emisión de ‘Derechos especiales de giro’ (DEG), un mecanismo internacional de control de cambio que podría aportar la ayuda que tanto se necesita para proteger a los países más pobres y mantener la estabilidad financiera, tal como se hizo en 2009. Esta nueva asignación debería ir acompañada de un Fondo Fiduciario a través del cual las economías avanzadas podrán transferir sus reservas de DEG a otros países. Para los países emergentes y el desarrollo, la asignación de DEG podría aportar el tipo de apoyo económico que las economías avanzadas obtienen a través de la expansión cuantitativa. También se requiere alivio de la deuda, pero vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y no a fallidas reformas estructurales neoliberales. Pese a que el G20 se ha comprometido a inyectar un estímulo récord que asciende a 5 trillones de USD, la mayoría de los países emergentes y en desarrollo podrían quedar excluidos.
“El Fondo Fiduciario debería asignarse específicamente a la sanidad pública, la protección social y el empleo, a fin de asegurar que el dinero llegue a las personas, contribuya a preservar puestos de trabajo y sirva de estímulo a la economía real, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La sanidad pública y la protección social son la primera línea de defensa cuando las economías se ven sometidas a presiones insostenibles y las cadenas mundiales de suministro amenazadas. La magnitud del coste humano en los países más pobres requiere que el sistema internacional responda de inmediato, y no podemos olvidar que las economías emergentes también están experimentando fugas de capital que representan una grave amenaza económica”, apuntó la Sra. Burrow.
Para leer el Informe especial de la CSI (únicamente disponible en inglés): https://www.ituc-csi.org/IMF-Special-Drawing-Rights
