“¡Varón, vietnamita!”. En la Oficina de Empleo del distrito de Taoyuan de Taiwán, una intermediaria laboral irrumpe en una sala donde hay cerca de 30 personas, especificando a voces el tipo de trabajador extranjero que necesita.

Los 710.000 trabajadores que componen la mano de obra migrante de Taiwán son contratados a través de un laberinto de agencias ubicadas en diversos países de origen, como Indonesia, Filipinas y Vietnam. Estos trabajadores disponen de pocas alternativas en cuanto al sector o empleador que se les asigna, aunque la mayoría de las vacantes aparecen en la economía asistencial o son empleos industriales en fábricas y en la construcción.

Una vez en Taiwán, los trabajadores migrantes solo están autorizados a cambiar de empleo en casos excepcionales, y previamente tienen que haber encontrado un intermediario que esté buscando trabajadores con sus competencias y características específicas.

Junengsih, una mujer de 30 años procedente de Indonesia, habló con Equal Times mientras esperaba a que diera comienzo una reunión de mediación concertada en una oficina de empleo con su antiguo empleador. Se le autorizó a cambiar de trabajo porque, cuando terminaba su turno completo en la fábrica de placas de circuitos donde estaba empleada, su jefa la obligaba a trabajar en su domicilio.

“No lo aguanto más. Es sumamente agotador. [La empleadora] a veces me increpa. En el trabajo estoy todo el tiempo nerviosa”, señala Junengsih. Aunque logre encontrar otro trabajo, le preocupa tener que pagar decenas de miles de dólares taiwaneses a un intermediario para que se lo gestione.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, volvió a ganar las elecciones de enero, con promesas de mejorar las condiciones de la mano de obra migrante de Taiwán. Los defensores afirman que, durante el primer mandato de esta presidenta, los trabajadores migrantes se vieron perjudicados por las reformas de la Ley de Normas Laborales, que dieron prioridad a las necesidades de las empresas en detrimento de la protección de los trabajadores.

Pese a que la Administración de Tsai aplicó cambios sustanciales a la semana laboral y simplificó el proceso para la firma de nuevos contratos, muchos trabajadores migrantes siguen viéndose obligados a trabajar muchas horas y a pagar unas cuotas muy elevadas para que las industrias consigan reducir gastos.

Taiwán abrió por primera vez sus fronteras a los trabajadores extranjeros en la década de 1990. Conforme las tasas de natalidad y los niveles salariales disminuían, los trabajadores migrantes empezaron a ocupar puestos de trabajo en fábricas, domicilios privados y residencias de mayores, así como en barcos pesqueros, donde los salarios son inferiores a lo que se paga en el sector de servicios, pero no dejan de ser más de lo que los migrantes pueden llegar a ganar en sus países de origen. Las cifras de trabajadores migrantes se han duplicado en la última década, y es probable que el gobierno intente contratar más trabajadores todavía mediante su Nueva Política hacia el Sur, un plan económico regional diseñado para intensificar las relaciones económicas y diplomáticas del país con el Sureste Asiático, el Asia Meridional, Australia y Nueva Zelanda.

En 2016 se introdujeron ciertas mejoras en la situación de los trabajadores migrantes, como, por ejemplo, la eliminación del requisito de salir de Taiwán durante al menos un día una vez cumplido un contrato de tres años, y la aplicación de sanciones a los intermediarios que retengan los documentos de identidad de los trabajadores o les cobren unos honorarios exorbitantes.

Sin embargo, la aplicación de estas leyes sigue suponiendo un reto en un sistema transfronterizo de contratación y colocación bastante complicado. Según el Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2018 de EEUU sobre Taiwán, los trabajadores extranjeros siguen siendo vulnerables a la “explotación” y a “importantes cargas de la deuda”.

Trampas que acechan a los trabajadores migrantes

Un informe de la Asamblea Legislativa de Taiwán señala que, después de que se enmendara la ley para que los trabajadores pudieran permanecer en Taiwán mientras buscaban un nuevo empleo, los intermediarios empezaron a cobrar a los trabajadores migrantes que ya estaban en Taiwán pero que querían prolongar su contrato o cambiar de empleador, unas sumas de entre 20.000 y 80.000 dólares taiwaneses (entre 665 y 2.660 dólares USD; entre 600 y 2.400 euros) para que pudieran hacerlo sin pasar por las agencias de contratación de sus correspondientes países de origen.

“Estos honorarios son ilegales, pero los trabajadores apenas pueden quejarse porque si no encuentran trabajo serán deportados en un plazo de 60 días”, señala Roger Hsu, director general de la agencia de empleo May-God Human, que en los últimos ocho años ha contratado a algo más de 5.000 trabajadores en fábricas y en el sector de prestación de cuidados, subrayando que él intenta seguir las reglas.

A los intermediarios se les permite seguir cobrando unas tarifas muy elevadas en concepto de colocación, alojamiento y comida, lo cual se debe, en parte, al carácter transfronterizo del proceso de contratación de migrantes. El año pasado, la Migrants Empowerment Network in Taiwan (MENT) llevó a cabo una campaña para poner de relieve el complejo sistema no regulado de intermediarios privados que existe en múltiples países.

Es verdad que los intermediarios asumen gran parte de la responsabilidad y de los costos iniciales necesarios para traer trabajadores a Taiwán, pero en la mayoría de los casos manipulan los honorarios que cobran para poder lucrarse, explica Lennon Wong, director de la asociación Serve the People Association, que da acogida a trabajadores migrantes que tienen algún tipo de conflicto con sus empleadores o que necesitan ayuda urgente en Taiwán. Por ejemplo, cuando hace unos cinco años la Administración para el Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero de Filipinas tomó medidas enérgicas contra los elevados honorarios que los intermediarios estaban cobrando a los trabajadores por el alojamiento y la manutención, muchos intermediarios redujeron el precio del alojamiento pero, para compensar, incrementaron las cuotas de formación de los trabajadores sin agregar programas educativos adicionales, explica Wong.

“A veces resulta un poco ambiguo discutir si efectivamente se ha prestado un servicio o no, porque los intermediarios pueden decir ‘te llamé o visité a tu empleador tal día’. En cualquier caso, muchos de los trabajadores no creen que los intermediarios proporcionen servicios suficientes, sobre todo cuando realmente los necesitan”, concluye Wong.

María, una cuidadora a domicilio de 40 años, declara que estuvo pagando 1.700 dólares taiwaneses mensuales (56,50 dólares USD, 50,90 euros) a un intermediario al que nunca había visto y que después fue ignorada cuando le hizo llegar reiteradas quejas de que su empleador no le estaba proporcionando la comida.

Finalmente María se presentó personalmente en la oficina del intermediario y este accedió a rescindirle el contrato. Y también aceptó la petición de María de cambiarse de intermediario. Pero la declaró “migrante fugitiva” sin que ella tuviera constancia de ello hasta que se vio rechazada por tres posibles intermediarios y acabó detenida en la Oficina de Inmigración. “Yo lloraba porque no sabía qué había hecho”, explica. “Fue una experiencia muy traumática”.

Además de la manutención de sus dos hijos en Filipinas, María todavía tiene que pagar dos préstamos que ascienden a un total de 54.000 dólares taiwaneses (1.800 dólares USD, 1.700 euros), pero tiene demasiado miedo a infringir las condiciones de su visado como para aceptar algún trabajo a tiempo parcial. Wong afirma que muchos trabajadores migrantes, como María, tienen dos o tres préstamos en su país de origen y después piden otro para cubrir los gastos vinculados a su situación laboral en el extranjero. Los trabajadores también han informado que se les obliga a pedir préstamos al banco que, al parecer, sirven, en parte o en su totalidad, para pagar a los intermediarios.

Según Wong, los trabajadores que acuden al centro de acogida se ven a menudo engañados por el complejo sistema de horarios laborales de Taiwán, que permite que los turnos se calculen sobre la base de numerosos horarios con objeto de adaptar las horas de trabajo de las diversas industrias.

A través de las reformas a la Ley de Normas Laborales de 2017 se cambió el día de descanso habitual, que era el domingo, por un día libre flexible, y se modificó el método de los empleadores para contabilizar las horas de trabajo, de modo que los empleadores sin escrúpulos pueden distribuir una larga franja de horas de trabajo a lo largo de un prolongado período para evadir el pago de las horas extras. Las trabajadoras del hogar extranjeras no están actualmente incluidas en la Ley del Trabajo porque los empleadores suelen exigir una jornada laboral superior a la permitida por la ley.

“[El gobierno] lo ha hecho deliberadamente complejo para que nadie pueda entenderlo. Y así los empleadores pueden pagar lo que les dé la gana”, explica Wong.

El reciente brote mundial de coronavirus ha puesto sobre la mesa nuevas cuestiones en torno al acceso de los trabajadores migrantes al sistema sanitario.

El gobierno trató de proporcionar recursos para la prevención de enfermedades en los diversos idiomas del Sureste Asiático y ha pedido a los empleadores que proporcionen mascarillas a los cuidadores extranjeros, pero según los defensores de los trabajadores se estima que unos 50.000 trabajadores migrantes indocumentados probablemente se vean excluidos del acceso a mascarillas y a revisiones médicas porque carecen de tarjeta sanitaria y temen ser deportados si se presentan en un centro de salud.

Después de que el mes pasado un trabajador indocumentado diera positivo en la prueba del virus, el gobierno trató en un primer momento de imponer la inspección de la documentación de todos los trabajadores migrantes, utilizando el virus como excusa para tomar medidas enérgicas contra los trabajadores que no tuvieran un contrato legal, pero posteriormente se retractó de esta iniciativa para alentar a los trabajadores a que se hicieran revisiones sin temor a ser penalizados.

Reforma de las normas del trabajo

Kuo-Liang Chuang, funcionario del Poder Ejecutivo de la Administración de Gestión del Personal Transfronterizo del Ministerio de Trabajo, ha admitido que algunos intermediarios están cobrando efectivamente unos honorarios ilegales. Señala que el gobierno está tratando de reforzar su actual sistema de inspección, pero que las autoridades también esperan que los trabajadores notifiquen los problemas que están experimentando.

Gilda Banugan, trabajadora en Taiwán y defensora en Migrante Internacional, una organización que brinda asistencia a los trabajadores filipinos en el extranjero, afirma que el gobierno podría hacer más para establecer un contacto directo con los trabajadores migrantes. Explica que, además de la escasez de traductores en las oficinas de trabajo, el problema radica en que, antes de realizar las visitas, los inspectores laborales de Taiwán suelen avisar con antelación a los intermediarios y a los empleadores, de modo que estos pueden prepararse para que las condiciones de trabajo parezcan mejores de lo que en realidad son.

Algunos defensores de los trabajadores migrantes, como la Taiwan International Workers’ Association (TIWA), llevan décadas reclamando la abolición del sistema de intermediarios, para que el sistema pueda ser más transparente y se exima a los trabajadores de la obligación de pagar unos honorarios exorbitantes.

No obstante, Chuang apunta que al Ministerio de Trabajo le resultaría difícil desmantelar el sistema de intermediarios, porque el mercado de trabajo depende en gran medida de la pericia de estos agentes que entienden las necesidades del mercado y que además son capaces de manejar las barreras lingüísticas.

También explica que el sector público tendría que invertir mucho dinero para reemplazar los servicios de los intermediarios, aunque los defensores sostienen que eso no es más que una excusa para no tomar medidas al respecto.

La Oficina de Empleo de Taiwán ha establecido desde 2007 un sistema de empleo directo por el cual los empleadores que buscan mano de obra para fábricas o para desempeñar servicios de cuidados pueden contratar trabajadores migrantes sin necesidad de recurrir a intermediarios, pero Chuang señala que esto se utiliza sobre todo para la contratación de ayuda a domicilio y servicios de enfermería.

Diversas organizaciones de trabajadores, como la One-Forty Foundation, con sede en Taipéi, también intervienen para ofrecer clases de chino y otras herramientas educativas con objeto de dotar a los trabajadores de derechos y competencias. Sin embargo, el cofundador de la fundación, Kevin Chen, señala que los programas de asistencia a los trabajadores, como One-Forty, no pueden solucionar los problemas fundamentales del sistema taiwanés de empleo sin la intervención gubernamental.

“No debemos demonizar a los intermediarios ni a los empleadores, pero [el gobierno] tiene que mejorar el actual mecanismo de selección y fomentar el desarrollo de agentes honestos”, declara Chen a Equal Times. “Algunos de los intermediarios mejor valorados en el sitio web de la Oficina de Empleo siguen teniendo problemas”.

De momento, los trabajadores que se encuentran en medio de un conflicto con sus jefes o intermediarios afirman que tienen que defenderse por sí mismos.

PJ, un joven filipino de 24 años, cuenta que abandonó su ciudad natal, General Santos, para trabajar en Taiwán porque quería ver mundo. Después de estar un año y medio trabajando en una fábrica de compuesto de madera y plástico, se dio cuenta de que en realidad estaba pagando por el alojamiento, pese a que le habían dicho que sería gratuito, y que además no le estaban pagando las cinco horas extras que realizaba a diario. No era la lección que esperaba aprender de Taiwán, lamenta.

“Esto es como una lotería. Pensé que sería un sistema justo... pero es un absoluto desastre”.