Radiografía de la salud de un trabajador de plataforma

Una legión más o menos visible de profesionales comparte en todo el mundo el mismo modelo: trabajan al servicio de aplicaciones que les asignan tareas; algoritmos que supervisan; clientes que evalúan. ¿Por qué este modelo amenaza la salud y seguridad de los trabajadores? And how can platform workers deal with it? ¿Y cómo pueden afrontarlo los trabajadores de las plataformas?

Contratados desde el frío escaparate del clic, son el último eslabón de un negocio que ha logrado extenderse y colonizar prácticamente todo, desde el transporte y la comida a domicilio a la limpieza del hogar, el cuidado de niños o mayores, cualquier tipo de trabajo online.

Sea cual sea el sector, una legión más o menos visible de profesionales comparte en todo el mundo el mismo modelo: trabajan al servicio de aplicaciones que les asignan tareas, algoritmos que las supervisan, clientes que las evalúan. Un modelo de trabajo fragmentado que promete libertad y flexibilidad horaria, pero que ha derivado en un sistema competitivo, hipervigilado, precario y agotador. Un modelo que amenaza la salud.

“El impacto en la salud es directo, sobre todo en aquellos cuyos ingresos dependen por completo de esas plataformas digitales”, explica a Equal Times Nuria Matilla-Santander, epidemióloga especialista en salud laboral y parte del proyecto GIG-OSH que analiza la salud de trabajadores de plataforma en varios países de Europa. Según resultados preliminares, éstos sufren “más problemas de dolor musculo esquelético, fatiga visual, dolores de cabeza y peor salud mental”. Los riesgos más comunes, tanto si trabajan in situ –como conductores o repartidores– o a través de una pantalla, son los psicosociales: fatiga, estrés, ansiedad, depresión. Riesgos derivados, en primer lugar, de la propia inestabilidad del trabajo y de sus bajos sueldos.

“El salario es uno de los principales problemas que afectan a su salud mental y física. Ocho de cada diez trabajadores de plataformas ganan por debajo del umbral de pobreza.” Nuria Matilla-Santander, epidemióloga especialista en salud laboral

Esa precariedad en un entorno de alta competencia obliga a los trabajadores a estar siempre conectados para optar a más tareas, a alargar sus jornadas –superiores en algunos casos a las 12 horas diarias–, a cruzar continuamente los límites entre la vida personal y laboral. “El e-precariado padece unos riesgos amplificados a los del simple precariado”, explica Henar Álvarez, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de León. “A la precariedad hay que sumarle un mayor estrés producido por la necesidad de estar siempre a disposición. Todo eso genera carga mental, autoexigencia y enfermedades como la tecnoansiedad o la tecnoadicción”.

Por otro lado, ni la flexibilidad ni la libertad resultan sencillas en un sistema donde los trabajadores viven permanentemente bajo el control de un algoritmo. Si rechazan una tarea, si tardan más de lo previsto, si no cumplen con las expectativas del cliente y éste lo valora peor, el algoritmo lo registra y, de acuerdo a criterios poco claros, le puede penalizar –con peores franjas de trabajo, con menos tareas–. Incluso le puede “desconectar”, expulsarle de la aplicación. Una presión que redunda en más estrés, más ansiedad, más fatiga.

“Es un modelo basado en la coacción constante”, confirma Nuria Soto del colectivo español Riders X Derechos. “Tú eres un número, no una persona”.

Entre el 1 y el 3% de la mano de obra mundial vive hoy expuesta a estos riesgos de salud; unos 28 millones de personas –según estimaciones– en Europa, que se espera lleguen a 43 millones en 2025, cuando todavía está por decidirse cómo y quién les debe proteger.

Protección para el empleado, no para el autónomo

De las más de 500 plataformas que operan en Europa, en el 79% ninguna lo hace con trabajadores contratados, quienes ocupan ese último eslabón son considerados autónomos. Las empresas se han justificado hasta ahora presentándose a sí mismas como simples intermediarias, así hasta que la justicia ha empezado a quitarles la razón, demostrando en algunos casos que existe una relación laboral, una dependencia, que el trabajador está sometido a un control, una organización o unos precios que la plataforma impone.

La correcta clasificación como autónomos o empleados sigue decidiéndose hoy caso a caso en los tribunales y eso también tiene implicaciones para la salud. Porque las plataformas están obligadas a supervisar la seguridad, proveer de medios de protección o hacer cursos formativos, pero solo respecto a sus empleados.

Los autónomos –como recuerda Henar Álvarez– tienen “la obligación y responsabilidad” de protegerse solos.

Ante esto, sindicatos y colectivos como Riders X Derechos reclaman como primera medida de seguridad aclarar el estatus jurídico de los trabajadores. “Si trabajas como falso autónomo padeces más precariedad, el riesgo a la salud es mayor. Por eso lo primero es determinar la naturaleza de la relación laboral y no es la que deseen las partes, es lo que diga el marco regulatorio”, defiende José Varela, responsable de digitalización de UGT. “La salud va unida al reconocimiento de la relación laboral”, coincide Nuria Soto.

Precisamente, una nueva Directiva de la Unión Europea aprobada en 2024 avanza en esta línea. Siguiendo el ejemplo de la pionera Ley Rider en España, establece la presunción de empleabilidad en el ámbito de las plataformas. Esto es: los trabajadores serán empleados por defecto y en todo caso serán las empresas las que tengan que demostrar por qué no deben serlo. La Directiva, celebrada por los sindicatos europeos, deja –eso sí– la última palabra a cada Estado –cada uno podrá poner sus normas para determinar si la presunción se cumple o no–, lo que hace probable una aplicación desigual.

Aparte de eso, aunque muchos autónomos sean reclasificados como empleados y así vean reconocidos sus derechos a un salario mínimo, tiempos de descanso, equipos de salud o protección social, la pregunta es qué pasará con los que no. “Los desafíos asociados con la condición de autónomos persistirán”, advierte la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y señala con preocupación a quienes trabajan a demanda en plataformas del sector doméstico, de cuidados o de trabajos online –sobre todo aquellos que compiten por microtareas simples, muchas relacionadas con el entrenamiento de la Inteligencia Artificial–. Todos esos que son menos visibles que los repartidores y conductores, que están más solos, menos organizados, que padecen los mismos problemas de agotamiento, estrés y precariedad.

Junto a ellos quedan también fuera de protección los cientos de miles de trabajadores informales, los que ni siquiera están dados de alta como autónomos, y que abundan en trabajos en línea, en el sector de los cuidados, pero también en el reparto, actividad que se ha convertido en puerta de entrada al mercado laboral para muchos migrantes indocumentados que realquilan las cuentas de otros riders en la más absoluta invisibilidad.

Seguridad para todos

Para reducir la brecha de salud entre trabajadores de plataformas, hay quienes plantean la posibilidad de ampliar la protección a todos ellos, sea cual sea su situación contractual. “Nadie está en contra de la correcta clasificación, ese es el punto de partida, cada persona tiene que estar clasificada en su categoría si es trabajador dependiente o autónomo, pero ¿por qué la salud del dependiente es más valiosa que la del autónomo?, ¿no sería normal que derechos fundamentales como la salud fueran universales?”, se pregunta María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha y consultora en el ámbito de la economía de plataformas.

A la pregunta de quién debe cubrir esas nuevas protecciones, la catedrática señala sin ninguna duda a las plataformas. “Ellas son las que ocupan a las personas y las que deben garantizar su salud –explica–. La Unión Europea no tiene competencia, pero los países sí. A través de una ley puede hacerse”.
Rodríguez menciona algunas legislaciones que han avanzado en esos términos como la ley El Khomri de 2016 en Francia que, en base al concepto de “responsabilidad social”, obliga a las plataformas a pagar un seguro de accidente y a reconocer el derecho a formación de toda su fuerza laboral.

Otra opción para mejorar las condiciones de trabajo y salud –recuerda– es a través de la negociación colectiva, una herramienta hasta ahora vetada a los autónomos debido a las leyes de competencia, un escollo que la nueva Directiva también trata de enmendar. Existen ya algunos ejemplos como el convenio suscrito en Dinamarca entre la plataforma de servicios de traducción Voocali y el sindicato HK Privat que ha permitido fijar, entre otras cosas, un salario mínimo para los trabajadores autónomos.

“Antes los sindicatos ni salíamos nombrados, ahora la Directiva reconoce que somos actores sociales necesarios.” José Varela, responsable de digitalización de UGT

Más allá de la Unión Europea, a nivel global, los sindicatos trabajan actualmente para lograr un estándar internacional vinculante (concretamente una Convención y Recomendación en el marco de la Organización Internacional de Trabajo –OIT–) que aclare la relación entre las plataformas y los trabajadores que producen valor para estas. El derecho de asociación y negociación colectiva, pero también, y muy significativamente, la protección –para todos los trabajadores de plataformas– que destila de todos los convenios sobre seguridad y salud de la OIT en el trabajo, son dos de las prioridades que el mundo sindical quiere ver recogido en ese instrumento internacional.

¿Es posible un modelo más saludable?

Actualmente no existen estadísticas de siniestralidad en el ámbito de las plataformas –como tampoco existen datos precisos de cuántas personas trabajan en ellas–, lo que sí se sabe es que el modelo “todavía está lejos de cumplir con los estándares básicos del trabajo decente”, tal y como concluye el último informe global sobre el estado de las plataformas Fairwork.

La competencia, la presión, el trabajo a contrarreloj, además de los riesgos psicosociales, puede provocar imprudencias, lesiones o accidentes que en el caso de conductores o repartidores a domicilio podrían ser fatales. Del mismo modo, la tiranía del algoritmo y el importante peso de las valoraciones del cliente no solo aumenta el estrés, también deja a los trabajadores indefensos ante situaciones de abuso, acoso o discriminación.

“Hay una asimetría de poder entre clientes y trabajadores”, afirma Olivia Blanchard, investigadora sobre cuidados a domicilio a través de plataformas. “Se han reportado casos de trabajadoras que se encuentran más tareas de las estipuladas o con clientes que amenazan con ponerles reseñas negativas”.

“Las valoraciones muchas veces no son neutras –añade la catedrática Henar Álvarez–, incorporan sesgos. Se dan casos de conductores que reciben peores valoraciones por ser inmigrantes o mujeres repartidoras peor valoradas por motivos machistas. El algoritmo amplifica esos sesgos”.

La gestión de los algoritmos es otra de las cuestiones que aborda la Directiva europea que obligará a las plataformas a ser más transparentes y facilitar información sobre cómo funcionan y qué criterios usan para puntuar a los trabajadores. También es una de las demandas de los sindicatos a escala global, para que se incluya en el estándar internacional vinculante que verá la luz, en principio, en 2026.

“Hay que ver cuál es el modelo que hay detrás de la herramienta, porque ahora mismo ese modelo está valorando sobre todo la eficiencia, el recortar costes, el hacer las cosas lo más rápido posible, cuando podrían utilizarse esas mismas tecnologías para beneficiar al trabajador.” Olivia Blanchard, investigadora sobre cuidados a domincilio

¿Podrían entonces diseñarse –o negociarse con sindicatos y trabajadores– otro tipo de algoritmos “más humanos”, marcar otras reglas del juego menos agresivas con la salud? La respuesta es sí, ya lo hacen de hecho las distintas cooperativas puestas en marcha en todo el mundo por ex trabajadores de plataformas.

“Nosotros tenemos todo en regla, cumplimos con la normativa en cuestión de derechos laborales, hemos hecho formaciones en prevención de riesgos, disponemos de una aplicación con algoritmo de código abierto. No hay una puntuación que afecte a la cantidad de trabajo asignado, ni un sistema construido para generar competencia, los modelos se basan en cooperar”, detalla Nuria Soto acerca de Mensakas, la cooperativa de mensajeros de la que forma parte.

Otro punto importante de este modelo “más humano” es la menor automatización. “Siempre hay una persona a la que los trabajadores pueden dirigirse”, insiste Soto, una lección de la que también podrían tomar nota las plataformas convencionales.

“Tampoco debiéramos adoptar una posición maniquea, pensando que todo lo que nos espera con el desarrollo de las plataformas es perverso” –recuerda en uno de sus trabajos la catedrática de Derecho Laboral María Luz Rodríguez–. Este modelo también ha permitido –dice– “acceder al empleo a colectivos con más dificultad”. El reto quizá sea conseguir que todas esas personas que ahora trabajan no acaben enfermas.