¿Qué papel le corresponde al sector privado en el desarrollo?

Para que la comunidad internacional se dote de los medios para un desarrollo sostenible al servicio de la erradicación de la pobreza, se requiere un mejor equilibrio entre los distintos “asociados”.

El pasado 25 de septiembre, las Naciones Unidas debatían sobre las prioridades del nuevo marco de desarrollo que tomará el relevo, en 2015, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Desde ya destaca con fuerza en el informe del Secretario General de la ONU la idea de dotarse de una “agenda de desarrollo universal”. No podemos por menos que aplaudir esta voluntad de articular, en un enfoque coherente, la lucha contra la pobreza en los países del sur, y un replanteamiento del modelo de desarrollo del norte cuya “huella” social, económica y medioambiental sobre el resto del mundo viene a agravar la pobreza y las desigualdades.

Al tomar en cuenta esta exigencia, Ban Ki-moon responde a una demanda de larga data de la sociedad civil. Pero la propuesta de futura asociación se apoya sobre una noción de crecimiento económico y requiere interrogarse sobre el papel de los actores económicos, a quienes se pide que asuman un lugar cada vez mayor.
Si la noción de “responsabilidad” de las empresas ha sido evocada en diversas ocasiones, no llegan a delimitarse sus contornos. La aportación de estos actores se presenta siempre de manera positiva en el documento, sin tener en cuenta el impacto en ocasiones negativo que pueden tener sus actividades sobre el desarrollo y sobre la población, hasta el punto de ralentizar o incluso impedir la realización de los ODM en determinados países.

Sin un marco adecuado, numerosos intereses económicos conducen a menudo a un auténtico saqueo de los recursos. Es así que en los países en desarrollo, las empresas multinacionales son responsables de una evasión fiscal estimada en más de 125.000 millones de Euros al año, es decir un monto superior a la asistencia oficial para el desarrollo.

En ausencia de un marco y un diálogo social suficiente, la lógica de la competencia las arrastra a una carrera hacia el fondo en el ámbito fiscal y social.
Recientemente, el hundimiento de una fábrica en Bangladesh puso de manifiesto los graves abusos de los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras por parte de los subcontratistas de empresas internacionales. La responsabilidad social y medioambiental de las empresas que se emplea con demasiada frecuencia para mejorar la imagen, pocas veces sirve realmente como auténtica herramienta de negociación y de concertación con las partes interesadas, incluyendo la población afectada.

El peso del sector privado es tal que, una vez más por no contar con el marco adecuado, numerosos Estados sacrifican los derechos de sus ciudadanos para ofrecer condiciones favorables a los inversores. Desde el consenso de Monterrey en 2002, la financiación del desarrollo ha venido siendo delegada poco a poco al sector privado, que no siempre establece objetivos coherentes con los de la solidaridad.
No se trata de contestar el papel que puede desempeñar el sector privado. Pero para que la comunidad internacional se dote de los medios para un desarrollo sostenible al servicio de la erradicación de la pobreza, se requiere un mejor equilibrio entre los distintos “asociados”.

La negociación de acuerdos que determinen las competencias de la RSC podría servir para hacer presión sobre las empresas. Paralelamente, los Estados han de asumir su papel regulatorio en nombre del interés general.

A tal efecto, es necesario reforzar el derecho relativo a las multinacionales. Paralelamente a los avances para mayor transparencia en el plano fiscal, hace falta adaptar las reglas internacionales para que se reconozca la realidad jurídica de los grandes grupos internacionales. Resulta urgente que las sociedades asuman la responsabilidad, incluso ante la justicia, respecto al impacto de sus filiales y subcontratistas sobre los derechos de los trabajadores y sobre la población. Para ello, las exigencias formuladas en diversos textos de la ONU tendrán que traducirse en leyes nacionales en los Estados.

Hace falta además definir un marco de gobernanza mundial sólido y coherente. Las instituciones del sistema de la ONU desempeñan un triple papel: político, normativo y operacional. La falta de coherencia de las políticas desarrolladas en el seno de la OMC, el G8 y el G20 G20 The Group of Twenty, or G20, is a forum for international cooperation on the most important aspects of the international economic and financial agenda. It brings together 19 countries and the European Union, which together represent around 90% of global GDP, 80% of global trade and two thirds of the world’s population. , entre otros, hace que la gobernanza mundial resulte poco eficiente. Las organizaciones de la ONU deberían poder asegurar el respeto de las normas mundiales, asociando a la sociedad civil, incluyendo la posibilidad de contar con los medios para sancionar a los Estados y las empresas multinacionales cuya responsabilidad quedase establecida.

Se trata de dos condiciones para lograr un desarrollo respetuoso de los derechos humanos, sostenible y justo.

Nathalie Péré-Marzano, Coordinadora de la AMCP (Action Mondiale contre la Pauvreté)

Bernard Pinaud, Delegado general de CCFD-Terre solidaire

Laurent Berger, Secretario General de la CFDT

Thierry Lepaon, Secretario General de la CGT

François Soulage, Presidente de Secours catholique

Pierre Radanne, Presidente de 4D

Janine Forestier, Presidenta de Terre des Hommes Francia para la plataforma DESC