Hacer de las cuestiones relacionadas con el empleo el centro del informe del Panel de Alto Nivel es un gran avance para los esfuerzos de la ONU, el informe y las recomendaciones presentados fueron más explícitos y concretos de lo que podríamos haber esperado. El informe establece un programa con cinco puntos para (i) No dejar a nadie atrás, (ii) Dar prioridad al desarrollo sostenible, (iii) Transformar las economías para generar empleos y crecimiento inclusivo, (iv) Fomentar la paz y construir instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos, (v) Forjar una nueva asociación mundial. El programa de cinco puntos es acompañado de doce metas propuestas destinadas a alcanzar estos objetivos principales.
Aunque hay elementos positivos, como las referencias del informe a los derechos humanos y la gobernanza, los flujos financieros ilícitos y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y el sector privado, la CSI considera que sus recomendaciones son en gran medida superficiales y desvían la atención de los lectores de la verdadera esencia del informe: “los mercados libres impulsan el desarrollo”. El informe no aborda en absoluto las causas sistémicas de las múltiples crisis que enfrenta la humanidad, las relaciones desiguales de poder en el mundo, que han dado lugar a desigualdades cada vez mayores y la falta de desarrollo significativo para todos.
En cambio, el informe ofrece un enfoque para mantener el statu quo que se basa principalmente en el modelo económico de crecimiento dirigido por el sector privado. La influencia de los intereses de las empresas en el informe del Panel en lugar de los intereses de los ciudadanos es inquietante, ya que continúa con la tendencia de considerar a las personas y los bienes públicos como meros factores de la producción económica.
Como otros observadores han observado, la meta ambiciosa de acabar con la pobreza absoluta en 2030 o garantizar que todo el mundo viva por encima de 1,25 dólares no es en realidad ambiciosa. Data de 1973 y, desde esa perspectiva, el mundo ya se encuentra en camino de alcanzar este objetivo. De hecho, los/las trabajadores de todo el mundo, ya sea en las fábricas de Bangladesh o en los campos de la agroindustria, ya viven con ingresos de 1,25 dólares pero no disfrutan de una vida decente. Por este motivo, la CSI estima que el objetivo no es realmente ambicioso. Además, las recomendaciones del Panel de Alto Nivel que comprometen el Programa de Trabajo Decente son inaceptables.
Los buenos empleos no equivalen al trabajo decente
Para el movimiento sindical, el mayor fallo del informe es la decisión deliberada de omitir el Programa de Trabajo Decente en las recomendaciones sobre empleo. Aunque al principio reconoce que todos los países deberían tener como objetivo el trabajo decente, incluidas sus diferentes dimensiones, el Panel dice después que es una meta demasiado ambiciosa para los países en vías de desarrollo. El informe afirma: “El concepto de “trabajo decente” de la OIT reconoce y respeta los derechos de los trabajadores, garantiza protección social y diálogo social adecuados y establece un nivel alto que cada país debería esforzarse por alcanzar. Sin embargo, está claro que puede haber un punto intermedio para algunos países en vías de desarrollo, donde “buenos empleos” – empleos seguros y justamente remunerados – son un paso importante hacia un desarrollo económico inclusivo y sostenible”.
Esta recomendación cierra los ojos a la explotación y la discriminación. El Panel ha sido víctima de algunos de los mitos erróneos sobre el trabajo decente y ha creado un atajo para la necesidad de tener trabajo decente ofreciendo en su lugar el concepto de “buenos empleos” del Banco Mundial. La noción de “buenos empleos” es un retroceso claro con respecto al concepto de trabajo decente, puesto que no incluye el núcleo basado en los derechos, la dimensión del diálogo social ni la condición de la protección social como requisitos indispensables. Al promover el concepto de buenos empleos, definido vagamente como trabajo seguro y justamente remunerado (¿sería justo un salario superior a 1,25 dólares al día?), el informe no reconoce la importancia del trabajo decente a la hora de hacer frente a los actuales niveles de desigualdad, los cuales son inaceptables.
Durante las últimas décadas, la flexibilización extrema de los mercados de trabajo junto a los sueldos estancados en niveles bajos (en muchos casos muy por debajo de los niveles de productividad) ha dado lugar al aumento del número de trabajadores pobres, ha potenciado la informalización de la economía y ha aumentado la desigualdad de ingresos. Es indispensable adoptar medidas normativas para garantizar que el concepto de desarrollo del trabajo decente se ponga en práctica y los/las trabajadores/as sean tratados/as y remunerados/as justamente. Otras instituciones internacionales, como la OCDE y la OIT entre otras, han reconocido el papel de las instituciones del mercado de trabajo a la hora de abordar las desigualdades de ingresos. Dado el reconocimiento universal del concepto de trabajo decente, la decisión del Panel de introducir un concepto alternativo, confuso y retrógrado es inadmisible. No debería existir un “punto intermedio” cuando se trata de generar empleo productivo, garantizar los derechos de los/las trabajadores/as, crear espacios democráticos para el diálogo y proporcionar una protección social universal adecuada. El trabajo decente en todas sus dimensiones es la base sólida para desarrollar un modelo de desarrollo más socialmente inclusivo y más dinámico económicamente y en última instancia contribuir a ganar la lucha contra la pobreza.
La CSI lamenta que el informe no haga ninguna referencia al diálogo social y el tripartismo, aunque son los pilares de la democracia económica y la justicia en el trabajo. Aunque el informe insiste firmemente en la importancia de un entorno propicio para que los negocios florezcan, no reconoce la importancia de proteger los derechos de los/las trabajadores/as. Es posible que este enfoque desequilibrado y paternalista no sea la mejor manera de promover pactos y alianzas sociales en el ámbito nacional, algo muy necesario para sacar a nuestros países de la crisis.
Por último, el informe no aborda la cuestión de la labor de cuidado cuando habla del empleo. Debería recomendar que el trabajo no remunerado de las mujeres se contabilice, reduzca y redistribuya entre hombres y mujeres.
Protección social para algunos pero no para todos
El Panel de Alto Nivel no alcanzó ni en el sentido literal ni en el figurado el objetivo relativo a la protección social. Aunque al Panel “le gustaría” que todo el mundo estuviera cubierto por sistemas de protección social, sugiere que tal aspiración es una utopía y se corre el riesgo de minar la calidad de estos sistemas. Aunque el último argumento puede ser en parte cierto, el miedo del Panel a poner el listón demasiado alto a lo largo del informe es desafortunado a la hora de proponer un acceso a la protección social para todos.
La protección social se reconoce internacionalmente como un derecho humano. Del mismo modo, proporcionar acceso universal a servicios básicos, y en particular a la seguridad social, es una obligación de los gobiernos nacionales, NO una fantasía utópica. Los pisos de protección social son una herramienta para proporcionar acceso a todos; además, financiar los pisos de protección social está dentro de las posibilidades y abundantes datos sugieren que los pisos de protección social se pueden poner en marcha de manera asequible. Un estudio conjunto llevado a cabo por el FMI y la OIT demuestra la viabilidad económica de los sistemas de protección social nacionales y su eficacia a la hora de abordar la desigualdad, crear capacidad de recuperación social y estimular la confianza económica. También ha habido llamamientos a un mecanismo internacional (creación de un fondo mundial) para financiar el establecimiento de pisos de protección social en los países más pobres, y manifestar solidaridad.
La CSI considera que el texto formulado por el Panel con respecto a los sistemas de protección social (lo poco que hay) es poco claro y potencialmente conflictivo, en particular porque el informe parece equiparar la protección social a los programas de asistencia social. El objetivo propuesto de cubrir un porcentaje, a determinar, de las personas pobres y vulnerables con sistemas de protección social solamente puede ser útil si es ambicioso. Nos gustaría que se complementara con el objetivo de intentar evaluar la intensidad de la conexión entre el empleo y la protección social. Garantizar que los millones de trabajadores/as con situaciones laborales precarias tengan acceso a la protección social es un problema urgente que solo se puede abordar a través de la creación de sistemas integrales de protección social y de la aplicación de la Recomendación 202 de la OIT.
¿Buena gobernanza e instituciones eficaces sin apropiación democrática?
¿Sociedades estables y pacíficas sin diálogo social?
La gobernanza, como instrumento a través del cual se aprovechan las relaciones de poder a favor del respeto de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, era potencialmente uno de los capítulos más importantes del informe. Sin embargo, el PAN no abordó algunos de los aspectos más importantes de la buena gobernanza. Aunque las referencias a los derechos humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos son bien acogidas, el PAN no comprende las fuerzas imperantes que dictan la dinámica de poder en el mundo. En este respecto, el PAN desaprovecha una oportunidad para abordar directamente las cuestiones relacionadas con el poder financiero y económico frente a los derechos de los ciudadanos (incluida la debilitación de sistemas parlamentarios democráticos), la penalización de la participación y acción sociales y la represión cada vez mayor de los derechos de los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil y su espacio democrático.
El informe señala correctamente como una de las áreas de preocupación la falta de justicia social y sugiere que “empecemos a crear instituciones más fuertes para la resolución y mediación de conflictos…”. Sin embargo, no propone metas para alcanzar este objetivo loable. El movimiento sindical considera que desaprovecha la oportunidad de destacar el papel del diálogo social como uno de los pilares de las instituciones eficaces y el papel de los interlocutores sociales como actores clave para garantizar la paz social y abordar al mismo tiempo el descontento y las tensiones sociales y económicas.
Al final tenemos una fachada bonita sin la contextualización apropiada ni recomendaciones sólidas para superar los retos de gobernanza a los que se enfrentan los/las ciudadanos/as de todo el mundo, no solo en los países en vías de desarrollo.
El proceso de consulta del GAN y el déficit democrático escondido
El GAN y las instituciones que lo apoyan se han esforzado en elogiar el amplio proceso de consultaciones que se han llevado a cabo. Sin duda, ha habido una movilización importante de ciudadanos/as en todo el mundo que fueron invitados a lo que se denominó un proceso de consulta inclusivo.
Pero, por desgracia, en ningún momento hubo una visión clara de cómo estas “consultas” se materializarían en la toma de decisiones y las recomendaciones del PAN, y mucho menos en el diseño de un futuro marco. El proceso ha estimulado la reflexión en muchos grupos y comunidades del mundo, lo que puede ser un logro en sí mismo. Sin embargo, en las últimas etapas del proceso resultó bastante obvio que el informe sería desarrollado unilateralmente y sin transparencia por una “mano invisible”.
Los intereses de los movimientos sociales y de la sociedad civil, a menudo denominados la conciencia viva de nuestras naciones, no pueden estar bien reflejados ni mucho menos defendidos por un Panel de Alto Nivel donde, según se dice, los actores no estatales estuvieron representados por las grandes empresas.
La ONU debe demostrar y reivindicar su legitimidad, no simplemente por ser la única institución que presume de una composición estatal totalmente inclusiva sino, lo que es más importante, ante los ciudadanos de los países que se supone que los miembros de la ONU representan. Un enfoque verdaderamente participativo y basado en los derechos es la mejor manera de establecer la legitimidad de un desarrollo efectivo y sostenible mundialmente.
Escrito por Matt Simonds, CSI / TUAC
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