“Durante décadas, la comunidad internacional apoyó a aquellos en Myanmar que se oponían a la dictadura militar, y ahora que los militares han dejado de tener el control absoluto y la reforma política está bien encaminada, Myanmar debe demostrar que respeta la legalidad internacional. La situación del pueblo Rohingya no es nueva, y resulta altamente preocupante que no sólo no se hayan registrado progresos, sino que ahora cientos de miles de personas se vean forzadas a huir del país donde vivían, en circunstancias terribles.
Esta gente necesita asistencia humanitaria urgente. Aunque cualquier forma de extremismo ha de condenarse, por otro lado, las autoridades de Myanmar deben demostrar que respetan sus obligaciones internacionales en cuanto a los derechos humanos. Ambas partes deben renunciar de inmediato al uso de la violencia, para garantizar que no se produzcan nuevas víctimas y permitir el inicio de un diálogo para resolver la situación respetando plenamente los derechos humanos de los implicados”, indicó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.