El juez populista Sérgio Moro, cuyas apariciones diarias en los medios de comunicación le han convertido en una súper estrella del grupo mediático de derechas Globo, tiene ahora la facultad de decidir si presentar cargos formales en base a las acusaciones. En marzo, Moro se vio obligado a pedir disculpas al Tribunal Supremo brasileño por haber intervenido ilegalmente el teléfono de Lula.
Varios abogados especializados en derechos humanos, incluido el famoso jurista británico Geoffrey Robertson, han respaldado la demanda que Lula interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por los continuos pero infundados ataques contra su persona. Según Robertson, “Lula ha presentado su caso ante las Naciones Unidas porque no puede obtener justicia en Brasil con el sistema inquisitorial actualmente en vigor. El mismo juez que está invadiendo su privacidad en este caso puede ordenar su detención en cualquier momento y convertirse en el juez de instrucción que decidirá si es culpable o inocente sin la presencia de un jurado”. La CSI apoya este caso debido a la negación sistemática de los derechos fundamentales de Lula.
Numerosas personas en Brasil, incluidos algunos de los opositores más destacados de Lula, han criticado las medidas de Dallagnol, pues aseguran que podrían perjudicar gravemente a las investigaciones en curso sobre la corrupción de la llamada operación “Lava Coches” (Lava Jato). Uno de los abogados de la acusación, Roberson Pozzobon, desató ayer una tormenta de críticas al afirmar en una conferencia de prensa: “No tenemos pruebas, pero estamos convencidos”.
Sharan Burrow, la Secretaria General de la CSI, declaró: “El sistema judicial brasileño está ahora en entredicho, pues los poderosos intereses corporativos pretenden utilizarlo para atacar a Lula, a su Partido de los Trabajadores y al enorme legado de más de una década de progreso social y económico. Nosotros y nosotras apoyamos a Lula y nos oponemos firmemente al abuso del poder judicial que están utilizando para perseguirle. Las últimas maniobras suponen un mayor riesgo para la democracia y los derechos y constituyen una conveniente cortina de humo para el gobierno dirigido por Michel Temer, quien tras haber destituido a la presidenta Dilma Rousseff en un golpe político está impulsando las privatizaciones, las ventas de activos y los planes para destruir el código laboral. Con el pretexto de lograr una solución para los actuales desafíos fiscales de Brasil, se están provocando daños irreparables al futuro del país”.
