Organización sindical internacional y organización defensora de los derechos humanos proclaman que ¡la comunidad internacional no debe desaprovechar esta ocasión!
París, 10 de diciembre de 2007: En el día de la fecha, la CSI y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) dieron a conocer un nuevo informe sobre Birmania titulado La revolución de azafrán de Birmania. Este informe, que consta de 50 páginas, se basa en lo averiguado por una delegación internacional conjunta que estuvo en la frontera entre Tailandia y Birmania y entrevistó a participantes del último movimiento de protesta del pasado mes de octubre y a víctimas de la represión militar. En él figuran propuestas y recomendaciones políticas pormenorizadas para la comunidad internacional. El informe aparece en vísperas de dos actividades clave programadas para la semana próxima. El lunes 10 de diciembre, que también es el Día Internacional de los Derechos Humanos, se prevé que los Ministros de Relaciones Exteriores de la UE que se reunirán en Bruselas evalúen la situación tras una serie de visitas a Birmania efectuadas por altas personalidades de las Naciones Unidas. Al día siguiente, ese mismo tema se discutirá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra.
Como se indica en el subtítulo del informe, la CSI y la FIDH estiman que Ya es hora de que la comunidad internacional actúe. El análisis subyacente es que la violenta represión, especialmente el hecho de que los militares tomaran como blanco a los monjes que hacían manifestaciones pacíficas, hizo que la sociedad birmana quedara profundamente dividida, al mismo tiempo que creó una nueva dinámica de resistencia que es poco probable que se desvanezca. “El deseo de que las cosas cambien parece ser más intenso que nunca”, dice el informe. La organización sindical más grande del mundo y la más antigua organización de derechos humanos con mandato universal, sostienen que los recientes sucesos sustentan sólidamente la creciente y urgente necesidad de que se ejerza presión internacional, al tiempo que señalan que “desde la gran represión, la junta gobernante no ha dado ninguna verdadera señal de que esté dispuesta a disminuir el grado de represión ni tampoco a asumir un compromiso con una transición democrática”. Esas organizaciones declaran que esto refleja las posiciones que defienden las víctimas y las organizaciones que representan al movimiento democrático birmano, tanto dentro como fuera del país. Además de entrevistarse con víctimas y testigos, la delegación mantuvo reuniones con 15 organizaciones distintas y con la comunidad diplomática.
En este informe conjunto se dan los pormenores de cuatro principios clave de acción y se sugiere a la comunidad internacional concentrarse en cuatro principales puntos que pueden servir de palanca. En los principios se pone de relieve que se debe mantener a Birmania entre las prioridades máximas del orden del día internacional; que acrecentar ahora la presión sobre la junta será útil y no perjudicial para el proceso de reconciliación y democracia; que la comunidad internacional debería aceptar “asumir la responsabilidad por Birmania” en lugar de atenerse a su actitud de “esperar para ver qué sucede”; y que la misma debería adoptar un enfoque consistente en dos ópticas: influir en el régimen y alentar al pueblo haciéndole saber claramente que cuenta con el respaldo internacional. En los puntos que pueden servir para hacer palanca se enuncian recomendaciones detalladas destinadas tanto a aumentar la presión internacional sobre la junta militar como a respaldar la reconciliación nacional; recortar el suministro económico de la junta mediante sanciones abarcadoras entre las que se cuenten, en particular, los sectores prioritarios de petróleo y gas, madera, gemas y servicios financieros y bancarios, tomándose especiales recaudos para excepciones justificadas basadas en motivos humanitarios o similares; crear un “Fondo de Transición para Birmania” que se podría utilizar luego de la vuelta a la democracia; y, finalmente, apoyar una transición pacífica hacia la democracia mediante iniciativas concretas destinadas a promover una cultura de democracia dentro de Birmania, que tome también como destinatarios a los integrantes de las fuerzas armadas, cuya profesionalización deberían aceptar tanto los oficiales como los soldados, además de la población.
Al tiempo que explicita que apoya “los buenos oficios” del Enviado Especial del Secretario General de la ONU a Birmania, Prof. Ibrahim Gambari, y el mandato del Ponente Especial de la ONU sobre Derechos Humanos en Birmania, Prof. Sergio Pinheiro, el informe señala que hasta ahora la junta no ha cooperado plenamente con ninguno de los dos. Explica por qué las delegaciones de ambos mecanismos deberían poder instalar oficinas permanentes en Birmania.
En el informe se hacen recomendaciones pormenorizadas sobre todas estas cuestiones al Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la UE, ASEAN y otras organizaciones regionales y gobiernos. En el informe también se hace una advertencia concreta a la junta militar gobernante, diciéndole que “debería pensar muy seriamente” que a menos que “tome medidas expeditivas para aplicar las reformas que se esperan de ella”, pronto se podría encontrar haciendo frente a un pleito entablado contra ella en la Corte Internacional de Justicia y en el Tribunal Penal Internacional. Ambas alternativas -que actualmente están siendo estudiadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la comunidad jurídica internacional y diversos movimientos defensores de los derechos humanos respectivamente- se explican en detalle en las secciones correspondientes del informe. En el informe se examinan asimismo otros de los puntos que pueden servir de palanca, como por ejemplo, un embargo del Consejo de Seguridad sobre los armamentos, o una decisión para que se coloquen todos los ingresos devengados de las inversiones internacionales y el comercio con Birmania en una cuenta bajo custodia de un tercero.
Todas las partes que intervienen en la crisis de Birmania deben aceptar su parte de responsabilidad y fomentar que en el país se lleve a cabo una transición pacífica hacia la democracia, dicen la FIDH y la CSI. “No hay tiempo que perder: no podemos correr el riesgo de perder la pequeña posibilidad de conseguir una transición democrática”, declaró Olivier De Schutter, Secretario General de la FIDH. “El lunes 10 de diciembre el Secretario General de las Naciones Unidas procederá a inaugurar una campaña de un año para conmemorar el 60º. aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos pero, al mismo tiempo, está en juego nuestra capacidad colectiva de hacer realidad y promover la paz, los derechos humanos y la democracia”, agregó Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
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