La represión antisindical de Bahrein

Las autoridades de Bahrein están intensificando la represión contra el movimiento sindical del país con nuevas suspensiones y despidos de trabajadores por motivo de su participación, real o presumida, en acciones sindicales y políticas meses antes

. Se está apuntando concretamente hacia los trabajadores del Gobierno empleados, entre otros, en el sector de la sanidad, la educación y los servicios municipales, dado que las autoridades se han propuesto limpiar el sector público de trabajadores que mantengan opiniones políticas con las que el Gobierno no esté de acuerdo.

De hecho los despidos han aumentado desde junio, y los trabajadores del Gobierno que se ven destituidos denuncian haber tenido que presentarse ante un Consejo disciplinario sin oportunidad de organizar ningún tipo de defensa. No cabe duda que los resultados de estas vistas están predeterminados. El Ministro de Trabajo, Jamil Humaidan, ha renunciado a toda responsabilidad relativa al sector público, dando efectivamente luz verde a los despidos en curso.

Este año, unos 2.600 trabajadores, tanto del sector público como del privado, han sido despedidos, y otros 361 más han sido suspendidos. A pesar de las numerosas promesas de lo contrario, el Gobierno ha fracasado en gran medida a la hora de reincorporar a los trabajadores despedidos de manera ilegal. Según la General Federation of Bahraini Trade Unions (GFBTU), sólo 134 trabajadores han sido readmitidos hasta la fecha. Y muchos de esos trabajadores se vieron obligados a aceptar unas condiciones inadmisibles, completamente ilegales, a fin de recuperar sus empleos – entre otras, aceptar no participar en ninguna otra actividad política futura, renunciando al derecho a participar en casos legales contra el Gobierno y aceptando no volver a afiliarse a su sindicato.

Seis miembros del Consejo Ejecutivo de la GFBTU permanecen despedidos, así como 44 miembros del Consejo Ejecutivo de sindicatos afiliados a la GFBTU. Es muy preocupante que la Vicepresidenta de la Bahrain Teachers Association, Jalila al Salman y Roula al-Saffar, directora de la Bahrain Nursing Society, deban someterse la semana que viene a juicio ante un tribunal militar a pesar de que las dos son civiles. Es prácticamente imposible que reciban un juicio justo sobre las dudosas acusaciones que pesan sobre ellas en relación a las protestas que tuvieron lugar meses antes. Ambas acaban de ser puestas en libertad bajo fianza, tras haber sido encarceladas durante meses. Según informes, durante su detención fueron objeto de torturas y de un trato degradante.

“El Gobierno de Bahrein prosigue con su campaña de acción punitiva contra los trabajadores que no han hecho más que ejercer sus derechos conforme al Derecho internacional, y ello está causando un gran sufrimiento tanto a ellos como a sus familias. Los sindicalistas encarcelados deben ser liberados sin demora, y todos los trabajadores que han sido ilegalmente despedidos deben ser reincorporados”, expresó la Secretaria General de la CSI Sharan Burrow. “En vez de mantener su enfoque destructivo y represivo, las autoridades deberían implicarse en un diálogo coherente con la GFBTU a fin de resolver cuestiones apremiantes, como la creación de puestos de trabajo, las relaciones laborales y un programa más amplio para una reforma auténtica.”