El sol cae sobre la playa de Villananitos y una pareja de ancianos observa en silencio el Mar Menor español, una de las mayores albuferas de agua salada de Europa y un popular y masificado destino turístico.

Hace un año, en octubre, la pareja vio incrédula cómo miles de criaturas marinas se agolparon moribundas en la orilla en busca de oxígeno. “No pensaba que aquí había tanto pescado, ¡lo que salió! langostinos, doradas, lubinas, gambas... salían las anguilas larguísimas dando bocanas porque no podían respirar”, cuenta María del Carmen Villena, de 73 años, una conquense que acude desde hace casi 20 años a su residencia vacacional en el municipio de San Pedro del Pinatar.

El balance definitivo fueron más de tres toneladas de animales muertos, según estimaciones del Gobierno regional, y una evidencia irrefutable: el Mar Menor estaba gravemente enfermo. La eutrofización —el crecimiento descontrolado de algas por la acumulación de nutrientes, principalmente de fertilizantes agrícolas (nitratos y fosfatos)— mermó los niveles de oxígeno del agua y las intensas lluvias de otoño cambiaron su salinidad desatando la crisis ecológica.

El diagnóstico sorprendió a pocos tras el fatídico 2016, cuando, tras décadas de un empeoramiento en la calidad del agua, la proliferación de algas tiñó de verde el Mar Menor y bloqueó la luz, lo que provocó la desaparición del 85% de la pradera marina. Numerosos estudios científicos apuntan como principal responsable a los nitratos de la agricultura de regadío intensiva en el Campo de Cartagena, que exporta hortalizas y frutas en su mayoría a Alemania, Reino Unido y Francia. Los precarios sistemas de alcantarillado de su abarrotada costa y los vertidos mineros también han colaborado a contaminar el Mar Menor.

Seguridad alimentaria efectiva, ¿y la seguridad de las aguas?

La albufera murciana no es una excepción en Europa, sino uno de los más claros ejemplos de que la Unión Europea (UE) se enfrenta a una contradicción en su política agropecuaria y medioambiental: la promovida agricultura intensiva amenaza la sostenibilidad de las aguas y los ecosistemas acuáticos. La misma Agencia Medioambiental Europea reconoce la producción agrícola como una fuente clave en la contaminación de ríos, lagos, costas y acuíferos, según un informe publicado en 2018, a pesar de que existe normativa específica de Derecho comunitario para prevenirlo (Directiva sobre Nitratos de 1991).

En particular, la Política Agraria Comunitaria (PAC), que gestiona las ayudas directas a los agricultores y financia el desarrollo regional agrícola en la UE, ha sido señalada en varios documentos europeos por su ineficiencia a la hora de potenciar la transformación hacia una agricultura más sostenible. La PAC, uno de los pilares fundacionales de la política comunitaria, supuso en 2020 el 34,5% del presupuesto de la UE (58.120 millones de euros, 68.024 millones de dólares USD).

Actualmente, Bruselas discute todavía las propuestas legislativas para el nuevo periodo de 7 años de la PAC (2021-2027), en el que busca que esta sea compatible con el Pacto Verde Europeo —la hoja de ruta de sostenibilidad para los próximos 30 años— y con la Directiva Marco del Agua del 2000. Uno de los objetivos es la reducción para 2030 del 50% del exceso de nutrientes (especialmente fósforo y nitrógeno) y del 20% del uso de fertilizantes.

“La PAC es absolutamente crucial a la hora de cumplir con muchas de las ambiciones del Pacto Verde Europeo, incluyendo la reducción de los vertidos de nutrientes al medio ambiente”, nos dice la portavoz del Pacto Verde Europeo, Vivian Loonela, en un correo electrónico.

La última evaluación de la directiva de nitratos elaborada por la Comisión Europea para los años 2012-2015 señala que el 19% de los ríos y el 26 % de los lagos europeos sufren eutrofización.

Sin embargo, la Comisión reconoce que la intensidad en la monitorización de las aguas varía enormemente entre los países y que no siempre está adaptada a las presiones específicas de cada zona. Además, en algunos países existe una “polarización” de las aguas subterráneas, es decir, las zonas más limpias mejoran y las más contaminadas empeoran.

Zonas de producción intensiva ganadera como la costa del Atlántico de la Bretaña francesa o la cuenca del drenaje del Mar Báltico en el norte de Europa, han visto también episodios graves de eutrofización, que han forzado a los Gobiernos nacionales a reconocer el problema y a Europa a evaluar sus políticas agropecuarias. En estos casos el estiércol sobrante o utilizado para abonar los cultivos que alimentan al ganado y que es arrastrado por la lluvia o se filtra a las vías fluviales y termina en el mar.

Y el problema no solo amenaza al ecosistema marino. En Bretaña la descomposición de algas acumuladas en playas y calas, que liberan gases tóxicos de ácido sulfhídrico, ha sido asociada a la muerte en los últimos años de personas y animales que aparecen desplomados en la orilla.

Loonela asegura que la contaminación por nitratos en la agricultura se ha reducido de forma general en las dos últimas décadas, pero reconoce que “continúa causando problemas a muchos Estados miembros”. La Comisión Europea ha abierto procedimientos por la infracción de la directiva de nitratos a cerca de un tercio de los Estados miembros y en algunos casos, como los de Alemania o Grecia, han terminado en el Tribunal de Justicia de la UE.

España también tiene un proceso abierto de este tipo que podría acabar en los tribunales europeos y en última instancia, en sanciones económicas para el país. Santiago Pérez, que pertenece a la tercera generación de una familia de agricultores que cultivan en el Campo de Cartagena, cuenta que las ayudas europeas han sido el principal impulsor del desarrollo agrario en la zona y del cambio de la agricultura de secano a una intensiva de regadío.

“Las ayudas de Bruselas han ido hacia la agricultura en unas cantidades importantes, al 50% a fondo perdido de las inversiones que se hacían en maquinaria, en tecnología, en todo”, cuenta Pérez en conversación telefónica, “sobre todo lo que más ha mirado [Europa] es la seguridad alimentaria”, añade.

Para el agricultor murciano, el problema con los nitratos, frente a otros contaminantes como los pesticidas, es que son mucho más difíciles de supervisar. Los productos que vende Pérez son analizados por cualquier gran superficie europea para cumplir los estándares de calidad, y pueden ser rastreados hasta el productor, mientras que la cantidad de nitratos que se han usado y el control de su vertido deben medirse en el punto de origen.

“Los que están aquí son los que tienen que hacer cumplir las leyes, no Europa, Europa da unas directrices, allí hay negociaciones para todo”, afirma el agricultor.

Pérez defiende que no se puede meter a todo el sector en el mismo saco y que se puede realizar una agricultura intensiva que respete el medioambiente, aunque admite que durante décadas en el Campo de Cartagena “ha habido una alegalidad que ha sido consentida por las administraciones”.

A pesar de la responsabilidad directa de los Estados miembros, el potencial financiero de las ayudas a la agricultura permite que puedan ser un motor de cambio. La directora de seguridad del agua en Europa para la ONG The Nature Conservancy, Sophie Trémolet, apunta que las mayores inversiones europeas en soluciones que tienen en cuenta el medioambiente vienen de subvenciones a la agricultura y medidas agromedioambientales.

“Estos fondos no se dan de forma coordinada. Por lo que si va de forma individual a los agricultores y ganaderos no permite invertir donde son más efectivos. Como es el caso del Mar Menor, lo que falta es una visión integral”, afirma Trémolet.

The Nature Conservancy indica en un informe de 2019 que en general la PAC no ha sido efectiva a la hora de lidiar con los problemas medioambientales que potencian sus ayudas a la agricultura y el uso de agroquímicos. Además, los requisitos “verdes” ya existentes se han centrado más en el clima y el medioambiente que en la Directiva Marco del Agua.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha sido particularmente crítico con los llamados “pagos verdes” de la PAC introducidos en 2013. Los pagos verdes establecen retribuciones directas a los agricultores y ganaderos por prácticas ecológicas, pero la institución considera que su complejidad, el solapamiento con requisitos de otras ayudas directas y la ausencia de objetivos claros ha resultado en un impacto mínimo de la medida, según un informe publicado en 2017.

Consciente de las críticas que ha sufrido una de las joyas de la corona de la política europea, la Comisión Europea anunció reformas importantes en la nueva PAC (2021-2027): endurecerá la condicionalidad de los estándares medioambientales para recibir ayudas directas y sustituirán los pagos verdes por un esquema que fomente y premie los planes de fertilización individuales y adaptados al tipo de cultivo. “La propuesta de la Comisión ayudará a mejorar la gestión de nitrógeno en los cultivos y granjas”, asegura Loonela.

No obstante, ONG medioambientales como Greenpeace no se muestran igual de optimistas con los cambios propuestos para reformar la PAC y ponerla en sintonía con el Pacto Verde Europeo.

Para 2027, la Directiva Marco del Agua tiene el ambicioso objetivo, prorrogado en 2015 y 2021, de que todas las aguas europeas estén en buen estado químico y ecológico. Un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia situó en 9 años el tiempo necesario para que surtan efecto las medidas que propone para limpiar el acuífero del Campo de Cartagena, contaminado desde hace décadas con los fertilizantes de la agricultura y que conecta con el Mar Menor.

Estas medidas, similares a las propuestas en una ley aprobada en julio para recuperar y proteger la albufera, restringen los usos de abonos en toda la cuenca y obligan a las grandes explotaciones a medirlos, además de establecer una franja de protección de 1.500 metros entre los cultivos y la orilla, donde solo se permite agricultura ecológica y de precisión a 500 metros del agua.

En la playa de Villananitos, Villena observa el atardecer ajena a los planes de Europa y el Gobierno. Este año el agua está más clara que el pasado, pero el matrimonio de jubilados prefiere no bañarse después de la muerte masiva de peces de 2019. Aun así, con permiso de las hileras de edificios que se agolpan en el horizonte, disfrutan del paisaje. “Esto es como un paraíso”, dice su marido Pedro Cebrián. “Y lo peor es que no lo saben”, responde ella.