La condena de la OIT a Bielorrusia es tan inequívoca como el apoyo de China y Rusia a Lukashenko

La condena de la OIT a Bielorrusia es tan inequívoca como el apoyo de China y Rusia a Lukashenko

A worker poses for a photo during an opposition rally in Independence Square in Minsk, Belarus, on 17 August 2020. Since that time, thousands of people have been persecuted, violently attacked and arrested for calling for an end to the almost 27-year regime of President Alexander Lukashenko.

(AP/Evgeniy Maloletka)

Durante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) anual, celebrada en junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó duramente la flagrante violación de las normas internacionales del trabajo en Bielorrusia. En su informe, la Comisión de Expertos de la OIT, al igual que lo hiciera el Comité de Libertad Sindical anteriormente, hizo referencia a las graves violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores en Bielorrusia.

Numerosos trabajadores han sido perseguidos, golpeados, arrestados o despedidos por participar en manifestaciones pacíficas contra las fraudulentas elecciones presidenciales en agosto del año pasado. Se desplegó una brutalidad policial sin precedentes contra decenas de miles de manifestantes pacíficos. Miembros del sindicato de estudiantes fueron expulsados de las universidades. Sindicalistas han sido sistemáticamente intimidados para forzarlos a abandonar sus sindicatos independientes so pena de perder su empleo.

Se ha encarcelado a trabajadores por incidentes menores en un esfuerzo por impedir nuevas acciones de protesta. En febrero, tres jóvenes obreros siderúrgicos fueron condenados a entre dos años y medio y tres años de prisión por haber participado en una huelga en la planta metalúrgica BMZ. Ese mismo mes, las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica (REP) fueron allanadas por la policía y su presidente se vio obligado a huir del país.

En base a los informes recibidos, la Comisión de Aplicación de Normas (CAN), que reúne a representantes de Gobiernos, sindicatos y empleadores de los 187 Estados miembros de la OIT, debatió la actual situación en este país. La decisión mayoritaria por parte del principal organismo internacional de control de las normas internacionales del trabajo resulta inequívoca. Haciendo referencia a las acusaciones recibidas “sobre actos de extrema violencia para reprimir protestas y huelgas pacíficas, y la detención y el encarcelamiento de trabajadores, a los que se torturó mientras estaban detenidos, tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020”, la OIT instó al Gobierno a:

• Restaurar el pleno respeto de los derechos y las libertades de los trabajadores.
• Garantizar a los delegados sindicales protección o incluso inmunidad contra detención administrativa, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus libertades civiles (derecho de expresión, derecho de reunión, etc.).
• Adoptar medidas para liberar a todos los sindicalistas que siguen detenidos y para que se retiren todos los cargos relacionados con la participación en protestas pacíficas.
• Abstenerse de arrestar o detener a miembros de sindicatos que ejerzan actividades sindicales lícitas o de llevar a cabo actos de violencia, intimidación o acoso contra ellos.
• Ordenar una investigación judicial independiente sin demora sobre todo presunto caso de intimidación o violencia física.

La Comisión condenó asimismo firmemente la declaración del presidente Lukashenko –durante una reunión que mantuvo con Mikhail Orda, presidente de la Federación de Sindicatos Bielorrusos (FPB), central sindical controlada por el Estado– instando a crear sindicatos afiliados a la FPB en todas las empresas privadas, bajo amenaza de liquidación. Esto no solo constituye una flagrante violación del principio de libertad sindical, sino que además demuestra que los sindicatos oficiales no son organizaciones realmente representativas de los trabajadores, sino organismos estatales utilizados por Lukashenko para controlar a los trabajadores y a los empleadores en el sector privado.

Como era de esperar, el representante del Gobierno bielorruso en la CIT rechazó las alegaciones. El representante de los sindicatos estatales, fieles servidores del régimen, justificó la detención de manifestantes y sindicalistas en huelga afirmando que las huelgas políticas están también prohibidas en Alemania y en otros países. Los expertos de la OIT, no obstante, habían aclarado previamente que existe una diferencia fundamental entre los sindicatos que operan en una sociedad democrática y aquellos que luchan por establecer la democracia. Subrayaron que una acción de huelga política que tenga como objetivo defender y reforzar las libertades fundamentales democráticas es un derecho fundamental en base al Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical.

El régimen de Lukashenko se mostró, no obstante, totalmente intransigente. El representante gubernamental continuó con su ataque, acusando al Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia (BKDP), independiente, de “tomar medidas contra los intereses del Estado y del Gobierno” y calificándolo de ser un “grupo de presión destructivo” que actúa contra el país.

Al tiempo que tenían lugar las negociaciones en Ginebra, el régimen decidió reforzar la legislación penal, lo que implicaría, entre otras cosas, la total abolición de facto de la libertad de reunión. “Desacreditar” a la República de Bielorrusia o insultar a alguno de sus representantes oficiales se convirtieron en nuevos delitos. Según una carta dirigida a la OIT por el presidente del BKDP, Aliaksandr Yarashuk: “El derecho de los ciudadanos a participar en asambleas pacíficas ha quedado prácticamente cancelado, al igual que el derecho de las organizaciones de trabajadores a llevar a cabo libremente sus actividades. Esta legislación impuesta por las autoridades aleja todavía más a Bielorrusia de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT respecto a la conformidad de la legislación sobre eventos públicos con el artículo 3 del Convenio 87”.

Apoyo de China y Rusia

En Ginebra, Lukashenko contó también con el cartel de enemigos de la libertad, que se apoyan mutuamente en el sistema de la ONU. El Gobierno chino afirmó que el Gobierno de Bielorrusia “está firmemente comprometido con los principios y derechos fundamentales en el trabajo, muestra una actitud abierta al diálogo social y coopera de manera constructiva con los interlocutores sociales”.

Bielorrusia devolvió el favor durante el debate sobre los derechos sindicales en Hong Kong al señalar: “el enfoque sistemático y positivo adoptado por el Gobierno de la República Popular China con vistas a reforzar las relaciones sociales y laborales en la RAE [Región Administrativa Especial] de Hong Kong. Pensamos que el Gobierno chino está dando seguimiento y cumpliendo cuidadosamente con sus obligaciones en base al Convenio [87]”.

Rusia fue incluso más allá, y no se limitó a defender a Bielorrusia sino que además criticó a quienes denuncian violaciones de los derechos humanos: “La Federación Rusa comparte plenamente el argumento de nuestros colegas bielorrusos respecto a la aplicación de las disposiciones del Convenio por parte de Minsk [...]. En conclusión, la promoción intencional de una retórica contra Bielorrusia, incluso en la ONU, resulta preocupante”.

Las conclusiones de la OIT no sólo exigen una acción decidida por parte de Bielorrusia en cuanto al respeto de los derechos humanos internacionales, sino que además establecen que la comunidad internacional tiene el imperativo moral de no permanecer de brazos cruzados al respecto. El pueblo bielorruso está demostrando una enorme valentía al continuar con sus protestas pacíficas. Más de 30.000 personas han sido detenidas, innumerables manifestantes fueron golpeados y torturados, muchas personas acosadas por la KGB sufren allanamientos y registros en sus domicilios, otros han perdido su trabajo o temen por la seguridad de sus familias.

En vista de la persistente represión en este país, se requiere al mismo tiempo mostrar solidaridad internacional con la población y adoptar una clara política hacia el régimen:

• Aplicar sanciones personales en relación con un amplio círculo de altos responsables del Estado en los órganos de seguridad, el sistema judicial, los medios de comunicación, la administración presidencial y el Gobierno.
• Adicionalmente, convendría explorar todos los instrumentos apropiados para incrementar las presiones políticas y económicas.
• La prensa independiente, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos en Bielorrusia o en el exilio necesitan un apoyo generoso y no burocrático.
• Las fronteras de la UE han de permanecer abiertas para las personas que deseen o tengan que abandonar este país por motivos políticos. Todo aquel que no quiera seguir viviendo bajo el régimen de Lukashenko debería contar con oportunidades de estudiar, investigar o trabajar en Europa.