Al otro lado de la línea, Charles Fleury, secretario-tesorero nacional del sindicato de funcionarios Syndicat canadien de la fonction publique, lanza un suspiro. Para él, la imagen que proyecta Justin Trudeau supone un continuo obstáculo. Cualquier posible crítica en su contra suele ser rechazada de un manotazo por el común de los mortales. Entre tanto, en su opinión, los derechos de los trabajadores quedan paralizados.

“La población canadiense vive una larga luna de miel con Justin Trudeau. Su tono rompe con el de su predecesor, no cabe duda. Pero si quieren saber mi opinión, no es más que una fachada. En el fondo, su discurso es el mismo que el del Gobierno que lo precedió en el poder”, afirma Fleury.

En una carta remitida a todos los funcionarios federales durante la campaña electoral en 2015, Justin Trudeau prometió reparar los daños ocasionados por su predecesor, el líder del Partido Conservador, Stephen Harper.

“Mi visión de nuestra función pública difiere fundamentalmente de la que tiene Stephen Harper. Ahí donde él ve un adversario, yo veo un socio”, decía.

“Estimo que una función pública apreciada por los canadienses, que además es motivo de orgullo para sus miembros, debe ser apreciada por su Gobierno”.

No obstante, un año más tarde, los sindicatos del país apenas ven progresos. Tras la reanudación de las negociaciones respecto al convenio colectivo de los empleados federales, iniciadas durante el Gobierno Harper, no se ha registrado avance alguno.

El mandato acordado a la mesa de negociación seguía siendo exactamente el mismo.

“Y eso que lo que nos proponían con Harper era catastrófico”, afirma Magali Picard, vicepresidenta ejecutiva regional para Quebec de la alianza de la función pública canadiense (Alliance de la fonction publique du Canada, AFPC), en una entrevista concedida a Equal Times.

“Representaban las peores propuestas que un empleador haya hecho a sus funcionarios en los últimos 30 años, incluyendo un régimen de adelgazamiento del seguro de empleo, la abolición de 35.000 puestos de trabajo en la función pública y la voluntad de introducir una reforma en el sistema de pensiones con prestaciones variables. Hablamos de un retroceso indecente y una falta total de respeto”, subrayó Picard.

En respuesta a esa falta de cambios, la AFPC lanzó una campaña nacional en otoño de 2016 pidiendo al primer ministro que respetara sus promesas. “Nos había prometido hacer las cosas de otra manera a lo largo de su campaña. Toda la población cuenta con él. Ya es hora de que cumpla sus promesas y que pase de las palabras a la acción”, añade.

Los principales puntos de disconformidad están relacionados con los incrementos salariales, los derechos de los empleados en caso de reajuste de plantilla, así como el recurso a la subcontratación.

Después de esa iniciativa, cambiaría el tono en la mesa de negociación. Se firmaron acuerdos para grandes grupos de trabajadores y se lograron progresos importantes, particularmente respecto a las bajas por enfermedad y los reajustes de plantilla.

“En defensa del Gobierno, creo que carecía de la preparación necesaria. No se esperaba salir elegido con mayoría y no dispuso de suficiente tiempo para estudiar todos los dosieres. Haremos una valoración a su debido tiempo, pero por el momento prefiero mostrarme optimista y creer que el mensaje le ha llegado”, concluye Picard.

El instituto de la función pública del país, Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) no ve las cosas con tanto optimismo. “Todavía seguimos negociando para cerca de la mitad de los empleados federales a los que representamos, y continuamos esperando una señal positiva respecto a la formación continua profesional en los convenios colectivos”, señala Stéphane Aubry, vicepresidente.

En espera del progreso prometido

Algunos sindicatos se inquietan también por las decisiones políticas o la inacción que, pese a no estar relacionadas directamente con los convenios colectivos, tienen un impacto indirecto sobre los trabajadores.

Es el caso de las transferencias federales en sanidad, un monto asignado anualmente a las provincias canadienses para suplementar sus respectivos sistemas de salud.

Al igual que su predecesor, el nuevo ministro canadiense de finanzas, Bill Morneau, ha repetido que no aceptará que los incrementos anuales de transferencias superen el 3%; una propuesta que las provincias y diversos grupos de defensa de los derechos de los trabajadores estiman insuficiente.

“Esto tiene un impacto considerable sobre los servicios a la población”, afirma Fleury. “En Quebec, para compensar, el Gobierno ha decidido proceder a una fusión de establecimientos, lo que ha ocasionado una sobrecarga de trabajo para los profesionales de la salud y, al mismo tiempo, un aumento de las bajas por enfermedad”.

Varias de las promesas del Gobierno liberal quedaron en dique seco.

“Los liberales se habían comprometido en firme a reducir rápidamente el recurso a la subcontratación en la función pública y a iniciar el proceso de equidad salarial. Desgraciadamente no se ha registrado ninguna acción concreta en estos frentes”, deplora Aubry del IPFPC.

El Gobierno de Canadá declara por su parte estar decidido a restablecer una cultura de respeto hacia la función pública federal y dentro de la misma.

Recuerda que emprendieron medidas para derogar ciertas leyes establecidas por los conservadores, incluyendo una según la cual el arbitraje salarial quedaba supeditado a las prioridades presupuestarias del Gobierno –un cambio aclamado por distintos sindicatos del país–.

“Esas leyes habrían permitido derogar de manera unilateral las negociaciones colectivas en el servicio público y cambiar el régimen de relaciones de trabajo sin mediar consulta alguna”, indica la Secretaría del Consejo del Tesoro.

El equipo de Justin Trudeau establecería de hecho estrategias y grupos de trabajo para favorecer un entorno de trabajo sano y respetuoso, además de reforzar la diversidad y la inclusión en el seno de la función pública.

Los sindicatos consultados destacaron ciertos esfuerzos en cuanto a las relaciones de trabajo dentro del aparato estatal, como la bonificación del régimen de pensiones de Canadá, así como el reconocimiento de la libertad de expresión científica en los convenios colectivos de los investigadores y científicos canadienses.

CETA

Pese a que las manifestaciones y protestas fueron menos numerosas en Canadá que en Europa, muchos sindicatos del sector privado militaron contra el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA) promovido por Trudeau y firmado en octubre de 2016.

“El acuerdo tiene sencillamente demasiados defectos como para que podamos seguir adelante con su puesta en marcha”, sostiene Jerry Dias, presidente nacional de Unifor, el mayor sindicato del sector privado. “El mecanismo de solución de diferencias inversor-Estado continúa acordando un poder excesivo a las empresas, va a ocasionar pérdidas de empleo, incrementará las desigualdades y el precio de los medicamentos va a aumentar”.

Antes de su firma, el presidente de la unión sindical Syndicat canadien de la fonction publique, Mark Hancock, exhortó también al Gobierno canadiense a no ratificar el CETA, al igual que el director nacional del Syndicat des Métallos, Ken Neumann.

“En su forma actual, el acuerdo es fundamentalmente deficiente. Sitúa los intereses de las empresas privadas por encima de los de los ciudadanos canadienses”, afirma.