Juegos Olímpicos : Inclusión de derechos humanos en contrato con la ciudad sede revisado

Según declaró hoy la Alianza Deportes y Derechos, la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de incorporar principios relativos a los derechos humanos en su Contrato con la Ciudad Sede, siguiendo las recomendaciones efectuadas por una coalición de organizaciones de defensa de los derechos, de atletas y de transparencia, podría contribuir a evitar graves abusos en las futuras sedes de los Juegos Olímpicos. La revisión del Contrato con la Ciudad Sede se finalizó en enero de 2017 y se aplicará por primera vez en los Juegos Olímpicos de verano en 2024.

Por primera vez, el COI ha incorporado una referencia explícita a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que ponen de relieve las responsabilidades de las empresas en relación con los derechos humanos, así como normas anticorrupción. Los Principios Rectores explican que todas las empresas comerciales han de evaluar las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, tomar las medidas adecuadas para prevenirlas, y garantizar reparación de los posibles abusos que se produzcan a pesar de dichos esfuerzos.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, manifestó : “Este es un paso importante por parte del COI con vistas al futuro. La aplicación de los Principios Rectores de la ONU en todos los grandes eventos deportivos contribuirá a romper el ciclo de abusos de los derechos humanos, y este ejemplo del COI debería ser aplicado a todos los eventos deportivos, a partir de ahora”.

Las Olimpiadas de 2024 se celebrarán en París o en Los Ángeles, después de que Budapest retirase su candidatura. El COI anunciará en Lima, Perú, en septiembre de 2017, el resultado de las votaciones respecto a la ciudad ganadora, y se especula con que al mismo tiempo podría asignarse a la otra candidatura los Juegos Olímpicos de 2028.

Minky Worden, Director de Iniciativas Globales en Human Rights Watch declaró : “Durante mucho tiempo, en las sedes de las Olimpiadas se cometieron impunemente abusos contra los trabajadores que construyeron los estadios, y se acalló a los medios de comunicación y a los críticos. El derecho de organizar los Juegos Olímpicos debe ir acompañado de la responsabilidad de respetar los derechos humanos fundamentales”.

Brendan Schwab, de UNI World Athletes, dijo que “Si se implementa, el Contrato con la Ciudad Sede revisado contribuirá a garantizar que las sedes de las Olimpiadas respeten la ‘dignidad humana’ tal como se requiere en la Carta Olímpica. Esto tendría un efecto en cadena sobre todos los grandes eventos deportivos, como el Mundial de Fútbol, y cualquier otro donde siguen produciéndose abusos vinculados al deporte”.

El Contrato con la Ciudad Sede revisado del COI incorpora una serie de recomendaciones efectuadas por la Alianza Deportes y Derechos (SRA), una coalición de organizaciones de derechos humanos, deportistas y sindicatos, incluyendo a Amnistía Internacional - Países Bajos y Reino Unido, UNI World Athletes, FIFPro, el sindicato mundial de futbolistas, Football Supporters Europe, Human Rights Watch, la Confederación Sindical Internacional, UNI Global Union, Terre des Hommes, y Transparencia Internacional - Alemania. La misión de SRA es “asegurar que en los mega-eventos deportivos se respeten los derechos humanos, el medio ambiente y requisitos anticorrupción en todas las etapas del proceso”.

Por ejemplo, el contrato requiere ahora que las ciudades sede garanticen “proteger y respetar los derechos humanos y asegurarse de que se ponga remedio a cualquier violación de los derechos humanos de conformidad con los acuerdos internacionales, leyes y regulaciones aplicables en el país anfitrión y de conformidad con todas las normas y principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, aplicables en el país anfitrión”.

Las enmiendas marcan el último paso en una larga e intensa campaña de la SRA, que en febrero de 2015 reclamó “compromisos olímpicos para el respeto de derechos” en vísperas de una reunión del Comité Ejecutivo del COI celebrada en Río de Janeiro, para discutir sobre la aplicación de su Agenda Olímpica 2020. En su carta al presidente del COI, Thomas Bach, la SRA recomendaba que las futuras ciudades sede cumplan las normas fundamentales de derechos humanos, e incluyan “indicadores concretos y mensurables respecto a las repercusiones sobre los derechos humanos, en particular el derecho a las libertades de expresión y de reunión, el derecho a la vivienda, y la protección de los defensores de los derechos humanos”.

La SRA calificó estos principios como un paso esencial, teniendo en cuenta los abusos generalizados vinculados a ediciones anteriores de las Olimpiadas, como en Río 2016, Beijing 2008 y los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi.

• Los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 fueron el catalizador de numerosos abusos de los derechos humanos, incluyendo desalojos masivos, un incremento de arrestos, detenciones, y acoso contra las voces críticas al Gobierno, reiteradas violaciones de la libertad de prensa, y una creciente represión política.

• Los Juegos de Sochi en 2014 estuvieron empañados por desalojos forzosos, abusos contra los trabajadores migrantes, censura a los medios de comunicación, una dura represión contra la sociedad civil en Rusia y discriminación hacia la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT). Los Juegos Europeos de 2015 en Bakú se celebraron también con un trasfondo de severa represión en el país anfitrión, Azerbaiyán.

• Más de 22.000 familias fueron desalojadas durante los preparativos de los Juegos Olímpicos de Río en 2016, y se registró un incremento significativo del desalojo de niños de la calle, así como de violencia y brutalidad policial.

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