Bruselas, 20 de noviembre de 2008: La edición del Informe Anual de la CSI sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales de este año revela un deplorable registro de destrucción de sindicatos, leyes antisindicales, intimidación y violencia contra los representantes de los trabajadores y trabajadoras en 2007. En todo el mundo un total de 91 sindicalistas fueron asesinados por defender los derechos de los trabajadores/as, siendo una vez más Colombia, dónde 39 personas perdieron la vida, con diferencia el país donde más crímenes se cometieron. En segundo lugar se sitúa Guinea, dónde el régimen del Presidente Lansana Conte ha sido directamente responsable de la muerte de 30 sindicalistas durante la brutal represión de las manifestaciones organizadas por los sindicatos para protestar contra la corrupción y las violaciones de los derechos fundamentales. El Informe constata asimismo el preocupante aumento de la violencia en Guatemala dirigida cada vez más contra los sindicatos, con 4 sindicalistas asesinados en medio de un clima de amenazas y acoso que continúa deteriorándose.
El Informe, que cubre las violaciones de los derechos sindicales en 138 países, revela numerosas tendencias preocupantes, incluyendo la connivencia entre algunos gobiernos y empleadores para privar a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos legítimos a la sindicalización y representación. Se registraron graves y sistemáticos casos de hostigamiento e intimidación en 63 países. Un total de 73 sindicalistas fueron encarcelados en 2007, incluyendo 40 tan sólo en Irán, dónde ha proseguido la sistemática supresión de los trabajadores que intentaron organizarse en los transportes, la educación y otros sectores. En Marruecos 14 sindicalistas terminaron en prisión y 7 en Birmania, donde la junta apuntó a los activistas sindicales como parte de su brutal represión de cualquier movimiento a favor de la democracia y los derechos humanos.
“La represión de las actividades sindicales legítimas garantizadas por los Convenios de la OIT ha persistido en todos los continentes. Se ha recurrido a asesinatos, violencia y tortura, además de acoso, despidos y encarcelamientos, para impedir que los trabajadores/as se organicen en sindicatos y negocien colectivamente para obtener un salario y unas condiciones de trabajo decentes. Varios gobiernos estuvieron dispuestos a apoyar de manera abierta o encubierta a empleadores poco escrupulosos que deniegan los derechos fundamentales a sus empleados”, afirmó el Secretario General de la CSI Guy Ryder. “Los gobiernos no han sido capaces de hacer lo necesario para proteger los derechos de los trabajadores/as, ni dentro de sus respectivos países ni en las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales internacionales”, añadió.
Nuevas medidas legales y administrativas destinadas a restringir las actividades sindicales, vulnerando los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, fueron introducidas en 15 países, principalmente asiáticos, pero que también incluyen a Chad, Ghana, Madagascar, Mauricio, Tanzania y Georgia, donde se estima que unos 20.000 personas fueron despedidas por empleadores antisindicales que se aprovecharon del nuevo código laboral del país que despoja a los trabajadores/as de la protección más elemental. Belarús, “la última dictadura europea” mantuvo su récord de graves y persistentes violaciones de los derechos sindicales.
En distintos países africanos los empleadores aprovecharon carencias de la legislación laboral para instigar y fomentar escisiones en los sindicatos y para crear organizaciones controladas por la patronal a fin de desplazar la legítima representación de los trabajadores. Una abierta hostilidad a la organización sindical volvió a constatarse en Zimbabwe y Swazilandia, manifestándose igualmente en varios países donde se citan proyectos propiedad de o financiados por empresas chinas, a causa de sus condiciones de trabajo infames y la explotación de la mano de obra. Además de Guinea, el Informe da cuenta de asesinatos de sindicalistas en Etiopía, Mozambique y Zimbabwe.
Las restricciones de las actividades sindicales legítimas continuaron también en diversos países industrializados, donde particularmente los trabajadores/as del sector público se ven privados de sus derechos sindicales. Las sentencias de los tribunales en los casos “Viking” y “Laval” en la Unión Europea constituyen igualmente una amenaza a derechos previamente adquiridos, mientras que los gobiernos de Bush y Howard en Estados Unidos y Australia redoblaron su hostilidad hacia la organización sindical. Como elemento positivo, los votantes en Australia hicieron caer el gobierno de Howard en noviembre de 2007, rechazando así sus notorias leyes de “opciones laborales” que ocupaban un lugar destacado en la campaña electoral.
En todas las regiones los trabajadores/as migrantes han sido víctimas de explotación y abusos, y con frecuencia se les deniega el derecho a la afiliación y representación sindical. Muchos de los peores casos se registraron en Oriente Medio, donde varios trabajadores de la construcción serían deportados por protestar, o incluso perderían la vida como consecuencia de las terribles condiciones de vida y de trabajo que deben soportar, particularmente en Qatar.
Destacan asimismo las violaciones de los derechos sindicales en las Zonas Francas Industriales (ZFI) de Oriente Medio, siguiendo el mismo patrón de las ZFI en el resto del mundo, y el historial de esta región respecto a la explotación de los migrantes empleados en el servicio doméstico ha vuelto a ser el centro de atención. En Arabia Saudita, donde cualquier forma de organización de los trabajadores/as está estrechamente controlada por las autoridades, cuatro empleadas del servicio doméstico de origen indonesio recibieron tal paliza de su empleador que dos de ellas murieron; más tarde la policía sacaría a las otras dos a la fuerza del hospital. En Iraq dos sindicalistas fueron asesinados a consecuencia de sus actividades sindicales, uno de ellos después de haber sido secuestrado y torturado.
Los trabajadores migrantes sufrieron también en Asia, donde el gobierno de Corea del Sur suprimió el sindicato de migrantes, y en Brunei, Tailandia y Singapur se deniega el derecho de sindicalización a los trabajadores/as migrantes. La actividad sindical se ha visto fuertemente reprimida por el régimen militar en Pakistán, estando totalmente prohibida en Bangladesh. China destaca una vez más a causa de violaciones generalizadas, y la dictadura de Corea del Norte ha mantenido igualmente la prohibición total de cualquier organización sindical legítima. Una vez más se registraron asesinatos de sindicalistas en Camboya y Filipinas.
América Latina ha sido una vez más en 2007 el continente más peligroso para desarrollar actividades sindicales, con asesinatos, secuestros, amenazas de muerte y agresiones en numerosos países. Aunque en Colombia se ha constatado una ligera reducción en el número de homicidios respecto al año pasado, en realidad se ha debido a que muchos intentos de asesinato de sindicalistas fracasaron, y se registró un incremento considerable en el número de desplazamientos forzados, los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y el nivel de amenazas, siendo los sectores más afectados la agricultura, la educación y la sanidad. Además de Guatemala, también se registraron asesinatos en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México, Panamá y Perú.
El Informe Anual documenta igualmente una serie de tendencias preocupantes que se hicieron cada vez más patentes en 2007 y que han continuado durante el año en curso. Muchos gobiernos han recurrido a definiciones muy amplias de los “servicios esenciales” para denegar derechos de sindicalización y negociación colectiva, sobre todo a los trabajadores del sector público. Se ha registrado un notable incremento en la represión de los derechos de los trabajadores/as en el sector de los medios de comunicación, y los periodistas han sufrido una hostilidad cada vez mayor por parte de los gobiernos en un intento por eludir el escrutinio de la opinión pública. Uno de los hechos más alarmantes que se ha repetido en varios casos descritos en el Informe guarda relación con una tendencia generalizada por parte de empleadores tanto nacionales como multinacionales, muchas veces facilitada por disposiciones legislativas, a sustituir empleos permanentes y a tiempo completo por puestos de trabajo precarios, obligando a los trabajadores a aceptar arreglos temporales, casuales y a tiempo parcial, reduciendo sus ingresos, retirando la seguridad en el empleo, y dejándolos a la merced de un trato injusto e injustificado, incluyendo el riesgo de perder sus medios de subsistencia sin previo aviso y escasa o ninguna compensación. Muchas compañías se han lanzado en esta dirección, sustituyendo a trabajadores regulares con “mano de obra contratada” para evitar así deberes y responsabilidades que les incumbirían de otro modo.
“Están surgiendo ciertos modelos globales como la casualización y la subcontratación, que plantean una grave amenaza a los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Con el empeoramiento de la situación económica mundial, esta amenaza podría extenderse y profundizarse, y los gobiernos han de actuar de manera responsable para garantizar trabajo decente en un momento en que los trabajadores/as, con la revitalización de la economía mundial, más lo necesitan”, afirmó Ryder.
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