Desde el 20 de marzo, dos docentes fueron arrestados por haber vulnerado la prohibición de mantener reuniones en el lugar de trabajo, y otros 14, a instancias de la Directora del establecimiento, fueron maltratados y arrestados por haberse sumado a una huelga de brazos caídos. Dos responsables sindicales, Jules Amoussouga y Cécil Ayadokoun, fueron arrestados en la ciudad de Abomey por haber dialogado con sus compañeros respecto a la continuación del movimiento de huelga. Aun cuando los docentes detenidos fueron liberados poco después, estos hechos son significativos del clima que reina en Benín actualmente.

Durante el Consejo de Ministros del 14 de marzo pasado, se decidió, entre otras medidas, excluir de la función pública a todos los docentes que “continúen con los paros laborales” o que participen en mayor o menor medida en la huelga. El Gobierno ha empezado incluso a contratar a reclutas militares para sustituir a los huelguistas. “Esta situación resulta intolerable”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. “Las medidas adoptadas son incompatibles con los derechos fundamentales de los trabajadores”.

La exclusión del sector público de trabajadores y trabajadoras en huelga, su sustitución por otros trabajadores o la prohibición de hacer huelga, constituyen graves violaciones de los Convenios No. 87 (sobre la libertad sindical) y No. 98 (sobre la negociación colectiva), así como de la Constitución de Benín, donde se reconoce y garantiza el derecho de huelga.

En una carta enviada a las autoridades de Benín, la CSI insta al Presidente Boni Yayi a tomar las medidas pertinentes para poner fin al acoso, las intimidaciones y las detenciones, y que la huelga pueda desarrollarse en las mejores condiciones y con total normalidad.