Se solicita específicamente al Gobierno la derogación de la Ley de Seguridad Nacional, de las normas de aplicación de dicha ley y de la disposición sobre el delito de sedición en el derecho penal, así como la suspensión de todos los procesos contra sindicalistas acusados a raíz de sus actividades sindicales. Se trata del primer informe del Comité sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en Hong Kong desde que China impuso la Ley de Seguridad Nacional en julio de 2020.
Hasta la fecha, ocho sindicalistas han sido encarcelados en espera de juicios por cargos relacionados con la seguridad nacional y la sedición.
El informe del Comité solicita a las autoridades:
- Abstenerse de tomar cualquier medida que pueda frenar el ejercicio de la libertad de asociación, y garantizar un entorno seguro para las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, en particular los sindicatos y los sindicatos de estudiantes.
- Eliminar todas las medidas restrictivas impuestas a los sindicatos y suspender todos los casos contra sindicalistas acusados por el desempeño de sus actividades sindicales.
- Examinar la Ordenanza de Sociedades y otras leyes pertinentes, con vistas a eliminar los obstáculos de procedimiento y de fondo para registrar y dirigir una sociedad y adaptarlas al artículo 22 del Pacto.
- Garantizar que los miembros y representantes de las organizaciones de la sociedad civil no sean acusados en virtud de la Ley de Seguridad Nacional ni victimizados de ninguna otra forma por su compromiso con el Comité para el presente examen, así como con otros mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular otros órganos creados en virtud de tratados, el Consejo de Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales y el Informe Periódico Universal, o con ONG internacionales.
La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, ha declarado que “se trata de una dura reprobación a las autoridades de Hong Kong, que, a instancias de Pekín, han encarcelado a dirigentes sindicales y a otros partidarios de la democracia y han erradicado los derechos de los trabajadores a la representación sindical, suprimiendo el registro de los sindicatos y reprimiendo las actividades sindicales legítimas. Las acciones del Gobierno han ridiculizado por completo el concepto de “un país, dos sistemas”, dejando a los trabajadores sin la protección vital de sus medios de vida y de su salud y seguridad. Pedimos al Gobierno que respete el derecho internacional y restablezcan plenamente los derechos fundamentales, en particular la libertad sindical. La Ley de Seguridad Nacional es vergonzosa y tiene que eliminarse, y los sindicalistas y demás personas encarceladas injustamente deben ser puestas en libertad y se les debe permitir llevar a cabo sus actividades legítimas con plena libertad”.
El informe del Comité de Derechos Humanos también solicita al Gobierno que respete otras libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión, los derechos de las personas LGBTQI+ y de los trabajadores migrantes, la independencia del poder judicial y el derecho al voto en un sistema democrático.