El país centroamericano acudió a las urnas el 26 de noviembre de 2017, en medio de irregularidades y denuncias de fraude electoral.

Los resultados parciales anunciados en la noche del 26 de noviembre mostraban al candidato de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, liderando las votaciones con casi un cinco por ciento de ventaja sobre Juan Orlando Hernández, el presidente saliente que se presentaba a reelección. En los días siguientes se registraron importantes demoras en el recuento de los votos y el sistema electrónico de escrutinio del Tribunal Supremo Electoral quedó paralizado durante 36 horas. Al restaurarse el sistema, Hernández súbitamente había superado a Nasralla en el conteo final.

Ante la evidencia de manipulación en el proceso de escrutinio de los votos, cientos de miles de hondureños y hondureñas salieron a las calles para protestar. La respuesta del Gobierno sería declarar el estado de excepción, que implica la suspensión de las libertades civiles. Junto con esta medida, se han recibido múltiples informes de violaciones de los derechos humanos, incluyendo el empleo de munición real por parte del personal militar, detenciones sumarias y deportación de periodistas. Al parecer al menos 11 personas han muerto en las últimas semanas.

“La población hondureña está indignada”, declaró Joel Almendares, Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUT-H). “La violenta represión contra las protestas por parte de la policía militar, que incluso ha disparado directamente contra los manifestantes, ha ocasionado decenas de heridos y varios muertos”.

“Como ocurriera tras el Golpe de Estado de 2009, Honduras ha vuelto a hundirse en una crisis política, económica y humanitaria. Sindicalistas, ecologistas e indígenas han estado en primera línea de la lucha para restaurar la democracia y, por consiguiente, han sido víctimas de actos de extrema violencia”, indicó Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

“Instamos al Gobierno hondureño a suspender de inmediato los violentos ataques contra ciudadanos que ejercen sus derechos fundamentales y constitucionales a la protesta pacífica. Honduras debe instituir un proceso transparente de recuento de votos para resolver la crisis electoral, tal como solicitaran los observadores de la UE, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y otros representantes internacionales”.