Glencore financia campañas mundiales contra comunidades indígenas y activistas para obtener más beneficios del carbón.

Glencore, el mayor operador de materias primas y la mayor empresa minera del mundo por ingresos, controla y produce enormes cuotas del suministro mundial de carbón, zinc, cobalto y otros minerales, metales, combustibles y alimentos. El hecho de que la empresa socava efectivamente la democracia es indiscutible, puesto que en los últimos años se ha declarado culpable de incurrir en sobornos, corrupción y manipulación del mercado en países tan diversos como Venezuela, la República Democrática del Congo, Camerún, Guinea Ecuatorial, Cote d’Ivoire, Nigeria y Sudán del Sur.

La magnitud del lobby mundial de Glencore deja patente la convicción de la organización de que es ella, y no el público votante, quien debe determinar las políticas. Aunque de cara al público se muestra partidaria de medidas como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, durante años ha recurrido a consultores de derechas para gastarse “millones en la financiación de una campaña secreta coordinada a escala mundial para afianzar la demanda de carbón socavando a los activistas medioambientales, influenciando a políticos y difundiendo en las redes sociales sofisticados mensajes a favor del carbón”. Esta postura interesada también queda patente en sus iniciativas para socavar la política climática más elemental en la Unión Europea, Estados Unidos y Sudáfrica.

¿De dónde saca el dinero para ejercer tanta influencia? En parte, mediante la evasión de impuestos de sociedades. Publish What You Pay descubrió que Glencore “es la empresa minera más opaca de nuestro estudio, con el 46% de sus 46 filiales constituidas en jurisdicciones secretas”, o lo que se conoce como paraísos fiscales. El alcance de sus participaciones secretas salió a la luz en la filtración de los Paradise Papers de 2017.

Se afirma incluso que Glencore ha contribuido a financiar a paramilitares de derechas de Colombia, así como a “batallones especiales de energía y carreteras” que se utilizaron para reprimir protestas y huelgas en Perú. Líderes sindicales de Perú han condenado a Glencore por “el irrespeto de la empresa a las decisiones judiciales locales y la falta de diálogo con el sindicato”. En Sudáfrica, diversos líderes sindicales “denunciaron turnos de 12 horas de trabajo sin compensación económica y el intento de la empresa de que no haya sindicatos”.

Este largo historial de subversión de procesos democráticos ha convertido a Glencore en el blanco de campañas por parte de comunidades de minas de carbón, pueblos indígenas, ecologistas, sindicatos e incluso sus propios inversores.