Conocía bien la reglamentación relativa al programa de tutela de su empleador en Kuwait, y presentó debidamente un preaviso de tres meses para solicitar la rescisión de su contrato. A pesar de que creía tener una sólida relación con su empleador, sobre todo después de tantos años de colaboración, no tardó en descubrir que éste no estaba dispuesto a acceder a su petición. De hecho, todavía ni siquiera la reconoce. En el momento en que se sentó a hablar con los representantes de la CSI, su caso ya se encontraba en los engranajes del sistema judicial.

“La KTUF ha sido un regalo de Dios para nosotros”, afirma al referirse a la asistencia que la federación sindical le había prestado a él y a otro compañero, ambos atrapados en el sistema.

Pese a los esfuerzos que Kamal tuvo que desplegar, gracias a su educación y sus cualificaciones puede considerarse entre los afortunados que no sólo pueden recibir la ayuda del sindicato, sino que saben cómo y dónde buscarla. Fue a través de la investigación que él mismo realizó en línea en los foros de los expatriados procedentes de la India, donde se enteró de la existencia de la federación sindical KTUF. Para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras extranjeros, el sistema de tutela los expone a una explotación de la que no hay escapatoria posible.

Cada año, miles de trabajadores/as migrantes descienden hasta el Golfo Pérsico con un permiso de trabajo en la mano, dispuestos a aprovechar las oportunidades de ganar lo que jamás ganarían en su país. Todos los puestos y permisos de trabajo han sido convenidos de antemano en sus países de origen a través de las agencias de colocación. Este es un requisito de los países de destino cuya finalidad es evitar la llegada de personas en busca de trabajo. En el sistema de tutelaje conocido como kafala, los trabajadores/as deben ser tutelados por un empleador para poder entrar en los países del Consejo de Cooperación del Golfo Árabe (CCG). Sin embargo, lo que a los Gobiernos y sector privado puede parecerles un método lógico para impedir la llegada de personas migrantes indocumentadas procedentes de países desbordados en busca de trabajo, en realidad vulnera al enorme número de trabajadores y trabajadoras extranjeros una vez que se instalan en su nuevo y transitorio hogar.

Lo que no saben estos trabajadores/as es que el mero hecho de dejar un empleo para tomar otro puede estar plagado de frustración, convertirlos en víctimas del abuso de poder del empleador e incluso, en algunos casos, llevarlos a purgar condenas de cárcel.

La situación es aún peor para las trabajadoras del hogar, quienes se encuentran confinadas en el domicilio de su empleador, sin acceso a su pasaporte, retenidas por la persona para quien trabajan. Rara vez se conocen los casos de maltrato y control por parte de los empleadores contra las mujeres que no tienen la oportunidad de huir. Aquellas que logran escapar y no encuentran refugio, pierden todo estatuto jurídico y, según se sabe, son explotadas en la prostitución, o son vendidas a otros empleadores por intermediarios.

De Kuwait a Bahréin y los Emiratos, el sistema de kafala se utiliza en todos los Estados árabes del Golfo. A pesar de los esfuerzos de los sindicatos locales, el tutelaje y reglamentaciones que lo sustentan siguen siendo el único método al que pueden recurrir los/as migrantes si desean llegar a la región para trabajar.

Trabajo tutelado

Los trabajadores y trabajadoras migrantes comúnmente entran en los países del Golfo con contratos de dos años garantizados con la tutela de un empleador. Aunque la legislación es diferente entre los países de la región, con algunos que carecen de todo tipo de legislación, la mayoría de los Estados requieren que los trabajadores den un preaviso de tres meses en el caso de que deseen rescindir su contrato, por lo general con la intención de ocupar un nuevo empleo con otro empleador. Oficialmente, todo lo que se requiere es presentar una carta de renuncia para quedar liberado del contrato, pero para muchos trabajadores/as la situación es diferente.

Los representantes sindicales en el Golfo señalan que las solicitudes de los trabajadores son rechazadas, o simplemente se les hace caso omiso. Y como ya se mencionó anteriormente, algunos trabajadores terminan en la cárcel tras presentar su solicitud debido a las falsas alegaciones del empleador a la policía como represalia. A menos que los trabajadores busquen primero la ayuda de las autoridades, no tienen ninguna posibilidad de salir adelante en la lucha contra el sistema jurídico al carecer de los derechos de los ciudadanos.

El sistema de tutela cada vez es más difícil, ya que sigue siendo común que los empleadores retengan los pasaportes de los trabajadores/as, a pesar de las leyes en vigor que condenan esta práctica, suprimiendo así tanto su libertad como sus posibilidades de negociar. Incluso con la documentación adecuada, los trabajadores no pueden dejar a su empleador sin convertirse en indocumentados y enfrentarse a la detención y, finalmente, a la deportación.

Los sindicatos libran una ardua batalla

La General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU) quiere poner fin al que considera un sistema que despoja a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos, y más concretamente, de su libertad de movimiento.

Karim Yousuf Radhi, Secretario General Adjunto para el sector privado de la GFBTU, señala que en 2006 se estableció un acuerdo para abolir el sistema de tutela y establecer una ley para que el Gobierno supervisara a todos los trabajadores extranjeros.

“En esta ley había un solo artículo, el número 25, que daba a los trabajadores/as migrantes la libertad de circulación y de pasar de un empleo a otro sin permiso del empleador, ni ninguna otra limitación”, indicó. “Naturalmente, contaba con todo nuestro apoyo. Nosotros y el Gobierno la apoyamos conjuntamente, pero los empleadores estaban en contra.”

Sin embargo, una mayor presión por parte del sector privado, un cambio de Gobierno y el levantamiento del año pasado, hizo que el Gobierno de Bahréin diera marcha atrás en su decisión, dificultando aún más el cambio de empleador para los trabajadores/as. Radhi afirma que ahora los trabajadores están obligados a trabajar por lo menos un año con un determinado empleador antes de presentar su solicitud de cambio.

“Los empleadores acudieron al Primer ministro para asegurarle que el derecho a cambiar de empleador no era bueno para la economía, y que favorecía a los sindicatos, los cuales formaban parte de una conspiración”, recordó. “Sólo un porcentaje muy bajo de trabajadores/as solicitan el cambio de puestos de trabajo, de modo que los empleadores exageraron la magnitud del problema y la forma en que afectaría a la economía.”

Cuando la GFBTU reclamó al Gobierno la revocación de su decisión, sus recursos no solamente fueron rechazados, sino que el Gobierno y los empleadores respondieron implementando el antiguo preaviso de tres meses además de la exigencia de un año de trabajo. El sistema actual, afirma Rhadi, impide la circulación de los trabajadores/as a causa de sus contratos de dos años, ya que hace que todo cambio resulte inconveniente tanto para los trabajadores como para los empleadores.

Limbo jurídico

En Kuwait, donde el régimen de kafala no tiene ninguna base jurídica, la KTUF también desea la abolición de este sistema de tutela. Al igual que en Bahréin, la KTUF desearía que el Gobierno asumiera la responsabilidad de los trabajadores/as extranjeros, suprimiendo así el poder y control de los empleadores.

“Estamos presionando al Gobierno para que aplique los cambios que lo hagan asumir la responsabilidad de toda persona que venga a Kuwait”, afirmó el Secretario General de la KTUF, Abdul Rahman Yousef Al-Ghanim. “Nos queda mucho trabajo por hacer para conseguirlo, pero el Gobierno ya ha prometido antes acabar con el programa de tutela.”

Fue en 2008 cuando el Gobierno anunció por primera vez que pondría fin a este sistema, pero sus promesas para suprimir este régimen de tutelas han sido un estira y afloja cuyo fin no se tiene a la vista, lo que hace que en el ámbito sindical muchos pongan en duda el compromiso del Gobierno para implementar los cambios. “Ahora se nos dice que el Gobierno tiene previsto cambiar el sistema, pero no sabemos nada de los detalles.”

Al-Ghanim añade: “El problema del programa de tutelaje ha bloqueado todas las demás iniciativas en las que estamos trabajando, como por ejemplo los aumentos salariales. Si pudiéramos acabar con el sistema de tutelas, los trabajadores y trabajadoras podrían entonces ser libres para encontrar nuevos y mejores empleos con salarios superiores”. Asimismo, subraya que el permitir a los trabajadores buscar libremente otro empleo va a crear una competencia por los salarios y mejorar la situación general entre los trabajadores y los empleadores. “Todo el mundo quiere trabajadores cualificados”, afirmó.

Sin el régimen de tutelas, Al-Ghanim afirma que la economía se beneficiará con el aumento de la competencia entre las empresas que requieren trabajadores cualificados; por su parte, los trabajadores incrementarán su competitividad entre ellos para ser los mejores en sus respectivos campos.
A juicio de Al-Ghanim, "La mayoría de los problemas que afectan a los trabajadores y trabajadoras aquí en Kuwait son creados por el sistema de tutelas, por lo que su supresión acarrearía muchos cambios positivos.”

Caso por caso

Hasta que no se introduzcan cambios fundamentales en la manera en que se permite a los trabajadores y trabajadoras ejercer una actividad laboral en los países del Consejo de Cooperación del Golfo Árabe, los sindicatos seguirán atendiendo caso por caso. Afortunadamente, en el caso de Kamal, éste puede tener la seguridad de que no será despedido ni deportado de un día para otro, ni deberá afrontar acusaciones poco claras de la policía. Su decisión y su capacidad para buscar la ayuda de la KTUF, así como la presentación de su caso a la oficina de empleo lo protege de cualquier otra acción por parte de su actual empleador. Sin embargo, a pesar del apoyo de los sindicatos, la inquietud persiste. “No puedo dejar de pensar en el riesgo de que me deporten”, afirma, al reconocer que la empresa retiene su pasaporte, teniéndolo maniatado. Todo lo que Kamal puede hacer es esperar a que su caso se resuelva, mientras que un sinnúmero de otros trabajadores y trabajadoras esperan el cambio de un sistema diseñado para explotarlos.