El sábado 18 de mayo, los australianos emitirán su voto en unas elecciones en las que los derechos de los trabajadores estarán en el punto de mira. El Partido Laborista, principal partido de la oposición, no duda en considerarlas un "referéndum sobre los salarios", ya que las políticas laborales que propone cada candidato son las más divergentes en más de una década.

En esta campaña electoral, los sindicatos australianos han erigido en un poderoso movimiento activista que insta a los australianos a votar para “cambiar las reglas” a favor de los trabajadores, con la esperanza de que el descontento con el estancamiento salarial y la desigualdad se traduzca en una derrota de la Coalición Liberal-Nacional gobernante.

A medida que los sindicatos se movilizan para cambiar las reglas que rigen las relaciones laborales, muchos trabajadores están ya haciendo cuanto pueden en sus lugares de trabajo, dentro de las limitaciones vigentes, para combatir la rampante crisis de salarios y de inseguridad laboral.

"Sólo queremos negociar para dejar a la gente que venga después de nosotros un lugar de trabajo mejor y unos salarios más justos", confesó a Equal Times un empleado del almacén de ‘moda rápida’, que prefiere permanecer en el anonimato. Lamentablemente, la negociación colectiva y la organización sindical están hoy muy restringidas en Australia.

Ejemplo de ello son los sindicatos de la construcción, blanco desde hace tres años de la controvertida comisión australiana sobre construcción, la Australian Building and Construction Commission (ABCC), que, con el pretexto de combatir la corrupción y la "criminalidad sistemática", se ha otorgado amplios poderes diseñados para reducir la influencia de los grandes sindicatos de la construcción. Por ejemplo, la ABCC tiene la capacidad de obligar a los trabajadores de la construcción a prestar declaración bajo amenaza de encarcelamiento.

Juristas expertos han denunciado estas leyes por infringir el derecho de asociación, el derecho de huelga, el derecho a la intimidad, el derecho al silencio, por invertir la carga de la prueba y por su aplicación retrospectiva.

Además de la industria de la construcción, el Gobierno actual ha ordenado el establecimiento de un organismo especial de control, la Comisión de Organizaciones Registradas (ROC), con poderes para multar y sancionar a los sindicatos por incumplimiento de las leyes que rigen las relaciones laborales.

A esta comisión le llovieron las críticas cuando ordenó a la policía allanar las oficinas que el Sindicato de Trabajadores Australianos (AWU) posee en Victoria para investigar una donación hecha por la UTA a GetUp!, un grupo activista. Las redadas no desvelaron pruebas de irregularidad alguna y los líderes sindicales denunciaron este "abuso de poder", cuyo objeto era denigrar a Bill Shorten, anterior responsable de AWU y hoy líder de la oposición.

En este contexto de creciente presión política y legislativa sobre los sindicatos, “tenemos que asegurarnos de contar con unas leyes laborales que contrarresten el poder de los poderosos, y tenemos que actualizar nuestras leyes laborales para que sean capaces de restaurar el principio de fair go (de igualdad de oportunidades y de trato para todos)", señaló a este medio la secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), Sally McManus.

El declive del fair go y el giro neoliberal de Australia

El concepto de fair go toca de lleno en la tradición del igualitarismo de Australia. Jim Stanford, director del Centro para el Trabajo del Futuro, señala que este concepto de fair go, que en términos económicos implica movilidad de clase y participación de los trabajadores en los ingresos y la riqueza nacionales, "pudo ser verdad en un momento dado, pero no lo es hoy en día."

Stanford argumenta que Australia está atravesando una crisis salarial en la que "no ha habido crecimiento real de los salarios en los últimos seis años. Se trata de un cambio destacado con respecto a las décadas anteriores, marcadas por un crecimiento salarial relativamente fuerte". Y a pesar del estancamiento salarial, la productividad de los trabajadores australianos sigue creciendo, a una media de entre el 1 y el 2% anual. Stanford señala que esto ha dado lugar a una reducción de la participación de la mano de obra en los ingresos al 47% del PIB, el porcentaje más bajo en seis décadas. Paralelamente, los beneficios empresariales se han disparado en un 43% desde las últimas elecciones de 2016.

El experto también señala lo engañoso del tan celebrado récord de Australia de casi tres décadas de crecimiento económico ininterrumpido: el elevado crecimiento de la población de Australia, de alrededor un 1,75% —impulsado en gran medida por una elevada tasa de inmigración—, junto con el auge, hoy en declive, de la extracción de recursos y las exportaciones, impiden que las cifras del PIB reflejen con precisión el nivel de vida real.

Y a pesar de la relativamente baja tasa de desempleo de Australia, de apenas el 5%, cada vez hay más indicios de precariedad laboral, que avanza a medida que se generalizan los empleos ocasionales y a tiempo parcial, la contratación a través de agencias y la "economía de trabajos puntuales", conocida como economía de plataforma (gig economy).

El 40% de los trabajadores australianos padece alguna forma de inseguridad laboral y la tasa de subempleo –definida como las personas que trabajan menos horas de las que desearían— ha superado el 8%.

"Es cierto que los australianos tienen mucho por lo que estar agradecidos", dice Stanford, para añadir que "la creciente desigualdad, el estancamiento de los ingresos y la brecha entre la expectativa de justicia y la realidad explican por qué hay tanta frustración en Australia".

La Coalición Liberal-Nacional, elegida en 2013 con la promesa de "empleo y crecimiento", promete continuar las actuales condiciones macroeconómicas que, a su vez, permitirán que los salarios aumenten en el futuro. El ministro de Finanzas, Mathias Cormann, argumenta que los incrementos salariales deben venir "de la mano de una economía cada vez más fuerte" y no de lo que él describe como un "nivel salarial impuesto por mandato gubernamental".

En lugar de aumentos inmediatos y significativos en los salarios, la Coalición Liberal-Nacional propone un programa masivo de reducción del impuesto sobre la renta de 158.000 millones de dólares australianos durante la próxima década. Al anunciar estos recortes fiscales en un discurso preelectoral sobre el presupuesto, el ministro de Finanzas, Josh Frydenberg, reconoció: "todos nosotros queremos un crecimiento más rápido de los salarios", pero, insistió, "la respuesta es una economía más fuerte y competitiva, con menos impuestos y más puestos de trabajo".

La precariedad laboral

Un empleado, que también prefirió mantenerse en el anonimato, confirmó a Equal Times este panorama de creciente inseguridad laboral. Trabaja en un centro de distribución para la marca de ‘moda rápida’ Lovisa, que contrata con carácter eventual a un gran número de jóvenes estudiantes.

Los que tienen contratos "indefinidos a tiempo parcial" tienen una semana laboral mínima "flexible" de entre 5 y 38 horas, lo que significa que la remuneración de las horas extras —un requisito de la legislación laboral australiana— simplemente no se paga en ningún empleo de más de 38 horas semanales. El empleado del almacén de Lovisa pregunta: "¿Cómo vamos a mantener a nuestras familias y pagar las facturas?" cobrando un salario de uno o dos dólares por encima del salario mínimo.

Insatisfechos con las condiciones en su lugar de trabajo, el personal de distribución de Lovisa firmó una petición solicitando la negociación de un convenio de empresa (EBA, por sus siglas en inglés) entre los trabajadores y la firma de moda. "Todos firmaron que quieren negociar unos salarios y unas condiciones laborales aceptables", afirma el empleado de Lovisa; pero la empresa, en lugar de sentarse a negociar de buena fe, contrató repentinamente a 20 nuevos empleados eventuales, para poder así anular el requisito de la ley laboral australiana de que la mayoría de los trabajadores deben estar de acuerdo con la negociación de un EBA. La incorporación de estos nuevos trabajadores eventuales no fue una táctica rompehuelgas, sino una táctica “rompe negociación”, ya que no se les asignó ningún turno durante varias semanas.

Así que el personal se dirigió al Sindicato Nacional de Trabajadores (NUW) en busca de apoyo. Ahora, los empleados del almacén han presentado una queja contra Lovisa ante el órgano que arbitra las relaciones laborales, la Comisión de Trabajo Justo, para defender su derecho a un proceso de negociación.

"Cambiar el Gobierno, cambiar las reglas"

Para hacer frente al apalancamiento salarial, la desigualdad de la riqueza, la brecha salarial entre los hombres y las mujeres y la precariedad laboral, la ACTU está haciendo campaña a favor de actualizar las leyes y reglamentos que rigen los salarios mínimos, la negociación salarial, la huelga, la organización del lugar de trabajo, los planes de ahorro de los trabajadores, la salud y la seguridad en la empresa y los contratos laborales.

Para combatir la creciente tasa de inseguridad laboral, McManus nos explica que quiere que se impida a los empleadores que obliguen a los trabajadores a firmar contratos ocasionales a largo plazo, que les niegan prestaciones comunes, como la protección contra el despido improcedente o los permisos de larga duración.

McManus también insiste en que a la mano de obra contratada a través de agencias de colocación se le debe pagar lo mismo que a los trabajadores ordinarios, para fomentar el empleo interno y la estabilidad laboral. Para los empleados, la secretaria de ACTU quiere que se introduzcan nuevas leyes que permitan a los trabajadores de la ’economía de los empleos puntuales’ (gig economy) reclamar legalmente cuando su empleador le defina como un ’autónomo’.

Para evitar el crecimiento de una clase de ’trabajadores pobres’, la ACTU propone "restaurar un salario mínimo vital para quienes perciben el salario mínimo", y que tocaría a un máximo de dos millones de australianos. Para respetar el principio de que "nadie debería trabajar a tiempo completo y vivir en la pobreza", McManus considera que ningún trabajador debería obtener unos ingresos por debajo del nivel de ‘pobreza relativa’, definido por la OCDE como el 60% de los ingresos medios.

El salario mínimo de Australia lleva más de una década por detrás de esa tasa, y hoy en día se sitúa en torno al 54% del salario medio.

La secretaria de ACTU añade que los trabajadores australianos deberían poder negociar sus condiciones laborales y salariales a nivel sectorial, en lugar de limitarse a un acuerdo de empresa, como estipula la ley actual. Según esta sindicalista, "la negociación sectorial es normal en otros países del mundo y queremos que sea normal también en Australia".

La legislación australiana es igualmente restrictiva con el derecho de huelga. La ley sólo autoriza la huelga cuando los trabajadores están participando en un proceso formal de negociación con su empleador. Si los trabajadores deciden declararse en huelga fuera de los horarios y condiciones especificados, les pueden imponer multas de decenas de miles de dólares. En pocas palabras, "hacer huelga en Australia podría costarle su casa", advierte McManus.

Stanford argumenta que “existe una correlación clara entre la disminución de la convocatoria de huelgas y el lento aumento salarial”, y señala la histórica investigación del Centro sobre el Trabajo del Futuro que revela una disminución de la frecuencia relativa de las huelgas de un 97% desde los años setenta hasta la presente década. El estudio de Stanford concluye que "para corregir el estancamiento salarial y el declive de la participación de la mano de obra en la producción nacional, los trabajadores deben ser capaces de imponer un coste colectivo de desacuerdo a sus empleadores, en el marco de una negociación colectiva normal y saludable".

El frente Laborista: revivir la socialdemocracia

El principal candidato de la oposición, el Partido Laborista Australiano, apoya la mayoría de las propuestas de la ACTU. Como antiguo líder sindical, Shorten propone la visión socialdemócrata más firme que el Partido Laborista ha presentado en más de una década.

Este político promete facultar al órgano que arbitra los salarios —la Comisión de Trabajo Justo— para fijar salarios más altos para los trabajadores que perciben los salarios más bajos. También ha prometido revertir los recortes de los salarios de fin de semana y de las horas extraordinarias, conocidos como tasas de penalización, y se ha comprometido a aplicar normas más estrictas para regir la contratación a través de agencias y la contratación de "ocasionales indefinidos". Shorten ha tenido también la valentía de comprometerse a utilizar fondos de la Commonwealth para aumentar los bajos salarios del personal de atención a la infancia y de los educadores de preescolar.

Sin embargo, existen dudas sobre hasta dónde llegaría un Gobierno laborista para permitir la negociación a nivel sectorial. Es decir, Shorten ha respondido positivamente a los llamamientos a favor de la negociación sectorial en sectores donde los salarios son bajos, como la limpieza, el cuidado infantil y la atención a personas con discapacidad. Sin embargo, también señaló públicamente: "no estoy convencido de que necesitemos que todos pasen a la negociación sectorial".

Del mismo modo, no está claro si un Gobierno laborista protegería mejor el derecho a la huelga en Australia. Ha indicado que, si se permitiera a los trabajadores negociar en determinados sectores, como el cuidado infantil, procedería el derecho a la huelga en esos sectores. Pero sigue sin dejar claro hasta dónde llegaría el Partido Laborista para extender la huelga sectorial en otros ámbitos de la economía, aparte de los de bajos salarios.

En caso de que el Partido Laborista renuncie a sus compromisos en materia de salarios, estabilidad laboral y negociación, McManus promete "pedirles cuentas. Queremos que cumplan las promesas hechas durante la campaña electoral". Al preguntarle si tiene la esperanza de conseguir un lugar de trabajo más justo en el futuro, el empleado del almacén de Lovisa afirma: "si nos mantenemos unidos y luchamos por ello, los cambios acabarán llegando, sin duda".