La Comisión Electoral del país ha declarado la victoria electoral del partido ZANU-PF por una mayoría sustancial, pero se ha negado a publicar los resultados, lo que ha suscitado numerosas críticas por parte de la oposición y de los observadores internacionales.

El Ejército de Zimbabue se ha interpuesto en los últimos años entre el pueblo de Zimbabue y su anhelo de que la democracia, la estabilidad, la prosperidad y la protección de sus derechos humanos puedan ser una realidad en el país. El movimiento sindical se sentía prudentemente optimista en cuanto a que, en vísperas de estas elecciones, Zimbabue había salido del bache, pero la deplorable violencia ejercida contra los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente ayer no hace sino prolongar la cultura de impunidad que continúa frustrando las esperanzas del pueblo zimbabuense. El ZCTU ha expresado reiteradamente su preocupación respecto al papel de la Comisión Electoral durante el período previo a las elecciones.

“El pueblo zimbabuense ha luchado demasiado tiempo por los derechos humanos básicos, por un trato decente y por la democracia, con ánimo de construir una sociedad resiliente, estable y próspera para todos. Con la salida de Robert Mugabe surge una oportunidad de hacer esto realidad, y no se debería socavar de ninguna manera las aspiraciones y el mandato del pueblo expresados en estos decisivos comicios”, ha expresado Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

La CSI solicita al Gobierno que garantice la paz para todos los zimbabuenses y que respalde a los ciudadanos luchando contra la impunidad y el irresponsable uso de la fuerza. El Gobierno tiene que exigir responsabilidades al Ejército.

“Instamos a la Comisión Electoral a garantizar que el recuento de los votos sea transparente, inclusivo y fiable. Las elecciones no consisten solamente en emitir pacíficamente un voto. Los demás procesos tienen que reunir los mismos requisitos en materia de libertad, justicia y transparencia y reflejar los verdaderos deseos de las personas.

Pedimos a todos los actores implicados en el proceso político, en especial a los líderes políticos, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil, que actúen con máxima moderación y una enorme responsabilidad para garantizar que el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia prevalezcan en este momento crítico así como en el futuro”, ha concluido Burrow.