El veto de Argentina a la participación de la sociedad civil en la OMC es inaceptable

La decisión del gobierno argentino de prohibir la participación de representantes de la sociedad civil en las reuniones de la Conferencia Ministerial de la OMC, que se inicia el 10 de diciembre, resulta inusitada y antidemocrática.

Muchos representantes de la sociedad civil cancelaron sus planes de viaje tras haber sido informados de que el gobierno no les permitiría entrar al país, a pesar de que la OMC ya los había acreditado. Otros consiguieron entrar en Argentina, pero el gobierno bloquea su acreditación.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, señaló que “esta decisión raya en la paranoia y tiene más que ver con el pasado dictatorial de Argentina que con una democracia moderna. Defensores de los derechos digitales, ONG de comercio y desarrollo y numerosos otros grupos legítimos vieron revocada su acreditación de la OMC para participar en el evento por el gobierno de Mauricio Macri, sin causa válida que lo justificara. Esto plantea serias dudas respecto a si Argentina está realmente preparada para acoger la Cumbre del G20 en 2019 y representa un grave revés para las libertades fundamentales en el país. Cuando en todo el mundo se reclaman acuerdos comerciales que apoyen el trabajo decente, los derechos fundamentales, el desarrollo y un medio ambiente sostenible, suprimir de esta manera la participación de la sociedad civil es una locura y resulta muy perjudicial”.

La CSI coordina una delegación sindical internacional para asistir a la Conferencia de la OMC, integrada por participantes que escaparon a veto del gobierno. La Conferencia considerará resoluciones sobre las subvenciones a las exportaciones agrícolas y los programas de constitución de existencias, la pesca, la regulación nacional de servicios, la facilitación del comercio y toda una serie de cuestiones pendientes relacionadas con la aplicación de la Agenda de Desarrollo de Doha.

Un grupo compuesto esencialmente por países desarrollados propuso modificar el mandato de la OMC que data de 1998, para introducir también cuestiones sobre comercio electrónico como parte de un único mandato de negociación. Esta decisión se ha convertido en uno de los puntos más contenciosos de la Conferencia Ministerial de este año, siendo rechazada por gran número de países en desarrollo.

La Agrupación Global Unions elaboró una declaración https://www.ituc-csi.org/declaracion-de-prioridades-de-la-19508 donde se pide la resolución de las cuestiones de desarrollo aún pendientes antes de introducir cualquier nuevo tema de negociación, además de efectuar propuestas para la incorporación de temas laborales en la Agenda de la OMC.