“Los asentamientos ilegales y su infraestructura abarcan más del 60% de la Cisjordania ocupada y utilizan recursos que deberían beneficiar a los habitantes de las zonas ocupadas, quienes, en virtud del derecho internacional humanitario, tienen derecho a una protección especial”, ha expresado Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.
“De conformidad con el derecho internacional y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, la CSI solicita a las empresas y a los inversores que pongan fin a su connivencia en los asentamientos ilegales y con ellos.
‘’La extracción de beneficios por parte de empresas israelíes y multinacionales se basa en el bloqueo del desarrollo económico palestino, la anexión de tierras y el saqueo de recursos naturales palestinos. Por ello, solicitamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) que continúe asegurando la actualización de la base de datos de la ONU de empresas y negocios que operan en los asentamientos ilegales y que tenga una garantía de recursos adecuados para asegurar su sostenibilidad”, concluye Sharan Burrow.
La CSI acoge con satisfacción las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno israelí, gracias a las cuales se podrá mejorar significativamente el abusivo sistema en vigor de concesión de permisos para palestinos que buscan trabajo en Israel. Las nuevas medidas tienen por objeto suprimir el sistema de cuotas y establecer relaciones de empleo directas entre trabajadores y empleadores, así como luchar contra la red ilícita y lucrativa de intermediarios laborales.
Hasta ahora, los palestinos que buscan ganarse la vida decentemente trabajando en Israel son discriminados y se enfrentan a un sistema de permisos opresivo que los ata a un empleador israelí concreto, en condiciones de explotación severa.
“Estas reformas constituyen un paso adelante. Es inaceptable que cerca del 45% de los palestinos que trabajan en Israel hayan tenido que comprar un permiso a un intermediario y que pierdan alrededor del 14% de su sueldo en comisiones de contratación ilegales. Estos intermediarios fraudulentos ganan hasta 256 dólares USD por permiso. Únicamente en 2018, los intermediarios laborales se embolsaron ilícitamente un total de 119 millones de dólares. Para que las nuevas reformas funcionen, la aplicación de la ley será clave”, comenta Sharan Burrow.
La CSI acoge con satisfacción las reformas como un paso hacia la aplicación de los Principios Generales y Directrices para la Contratación Equitativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El Estado acumula millones de dólares mediante las deducciones aplicadas a los asalariados palestinos en Israel. Es inaceptable que, como medida punitiva contra la Autoridad Palestina, Israel se abstenga de transferir estos fondos. Además, el enrevesado proceso de solicitud también prohíbe que los trabajadores puedan acceder a sus prestaciones sociales”, señala Sharan Burrow.
El reconocimiento del Estado palestino y la responsabilidad corporativa en virtud del derecho internacional pondrían fin a la explotación y a estas prácticas abusivas. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de instar a los Gobiernos y las empresas a respetar el derecho internacional.