De pie sobre un trípode de madera en medio de una importante carretera que conduce al aeropuerto de Lisboa, una joven activista sostiene una bandera de color rosa que representa un avión en llamas y levanta el puño cerrado.

“¡Justicia climática ya!”, reza una gran pancarta que cuelga de una pasarela sobre la carretera bloqueada. Tambores y cánticos resuenan en las carreteras vacías de automóviles, mientras unos cientos de personas se reúnen una tarde de mayo agitando banderas y sosteniendo carteles en los que puede leerse: “Menos aviones”, “Más trenes” y “Transición Justa”.

Protestan contra los planes del Gobierno portugués de construir un segundo aeropuerto en Lisboa. La acción de desobediencia civil fue organizada por el grupo defensor de la justicia climática Climáximo, con el apoyo de otras organizaciones ambientales. Los manifestantes pedían una reducción de los viajes aéreos, más trenes y una transición justa para los trabajadores del sector de la aviación.

“Tenemos muy poco tiempo para evitar el caos climático y las instituciones del sistema están fallando estrepitosamente”, afirmaron los organizadores en un comunicado.

La construcción de un nuevo aeropuerto en Lisboa ha sido objeto de debate durante décadas. En 2018, el Gobierno anunció planes para construir un nuevo aeropuerto en Montijo, en la orilla sur del río Tajo, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad.

El proyecto sufrió un revés este mes de marzo, cuando el regulador de la aviación de Portugal se negó a evaluar los planes para el aeropuerto debido a la oposición de algunos municipios locales. Aun así, los manifestantes salieron a las calles para oponerse al nuevo aeropuerto y a cualquier forma de expansión del aeropuerto que aumente las emisiones que conlleva el tráfico aéreo.

Sentado con las piernas cruzadas en medio de la carretera y dando la mano de otros activistas, con los brazos metidos en un tubo para dificultar su separación, João Sousa, de 19 años, forma parte de una cadena humana que bloqueó una rotonda y dos carreteras cerca del aeropuerto de Lisboa durante aproximadamente una hora.

“¡Menos aviación, más imaginación!”, cantaba mientras la policía arrastraba a los activistas para deshacer la cadena. Sacado de allí en una furgoneta policial sin ventanas, fue uno de los 26 manifestantes detenidos ese día por “desobedecer las órdenes de dispersión” y “poner en peligro la seguridad vial”. Un mes después, aún no han sido formalmente inculpados.

Un megaproyecto en conflicto con la ambición climática de Portugal

No es la primera vez que los activistas por la justicia climática se enfrentan a cargos penales por oponerse a la construcción del nuevo aeropuerto de Lisboa. En abril de 2019, un grupo de activistas del colectivo a favor de la disminución de la aviación, Aterra, miembro de la red internacional Stay Grounded, interrumpieron un discurso pronunciado por el primer ministro António Costa en un intento por sensibilizar a la opinión pública sobre el daño que causaría un nuevo aeropuerto.

Francisco Pedro se acercó al estrado y con calma trató de tomar el micrófono del primer ministro, mientras otros activistas lanzaban aviones de papel. Fue aprehendido y arrastrado violentamente al exterior por la seguridad y acusado de “desobediencia calificada”, así como de “alteración del orden público y la tranquilidad”.

“Los que piden justicia son llevados a los tribunales, mientras que los responsables de delitos ecológicos se salen con la suya”, señaló a Equal Times Pedro, cuya condena podría alcanzar hasta dos años de cárcel por estas acusaciones.

La aviación es una de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero − responsables del dramático calentamiento del planeta− de más rápido crecimiento. Los activistas medioambientales dicen que el nuevo plan del aeropuerto es contrario al compromiso del Gobierno de reducir las emisiones y convertirse en un país neutro en emisiones de carbono para 2050.

Además, los grupos ecologistas afirman que cientos de miles de aves migratorias protegidas y sus hábitats en la Reserva Natural del Estuario del Tajo, el humedal más importante de Portugal, se verán amenazadas por el nuevo aeropuerto.

Sin embargo, los defensores del proyecto aseguran que Lisboa necesita ampliar su capacidad aeroportuaria para apoyar el desarrollo económico del país y el crecimiento continuo de la industria del turismo, que antes de la covid representaba el 15% del PIB.

ANA, el operador aeroportuario privado portugués que promueve y financia el nuevo aeropuerto, del que ahora es propietario Vinci, el grupo francés de la construcción, señaló que iba a invertir 1.150 millones de euros en la expansión del actual aeropuerto de Lisboa y la construcción de uno nuevo en Montijo.

Pedro señala que el negocio principal de Vinci es el funcionamiento de la infraestructura privatizada que depende de las concesiones respaldadas por el Gobierno. Subraya que Vinci ha sido acusado de graves violaciones de los derechos de los trabajadores en Qatar y de la destrucción de ecosistemas, así como de soborno y corrupción en la construcción de una nueva autopista en Rusia (todo lo cual ha sido negado por la empresa).

“Vinci es responsable de muy graves daños a las personas, a los ecosistemas y a todo el planeta en su conjunto y, sin embargo, son estos 26 jóvenes activistas los que terminan afrontando acusaciones penales”, observa.

“Las aves no son tontas, pero nosotros tampoco”

“Para un joven de 16 años, es natural exigir una descarbonización completa”, escribió el subsecretario de Estado Alberto Souto de Miranda en un artículo de opinión publicado por el diario portugués Público desestimando las críticas y defendiendo la expansión de la capacidad aeroportuaria de Lisboa.

No obstante, la oposición al proyecto no se limita a un pequeño grupo de jóvenes idealistas. De hecho, las críticas han sido generalizadas. En marzo, más de 40 científicos firmaron una carta abierta dirigida al primer ministro expresando su preocupación por el impacto ambiental del proyecto y recordando al Gobierno su compromiso de proteger la biodiversidad y reducir las emisiones de carbono como parte del Pacto Verde Europeo.

Asimismo, el año pasado, ocho organizaciones ecologistas llevaron al Gobierno portugués ante los tribunales en un intento de impedir el aeropuerto de Montijo debido a los daños que causará al inmenso estuario del Tajo. Los científicos y las organizaciones ecologistas también han presentado quejas ante el Convenio de Berna y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las aves de África y Eurasia.

“Las autoridades portuguesas no tuvieron en cuenta que este proyecto afectaría negativamente a la integridad de este humedal insustituible, una clara violación de las leyes nacionales y de protección de la naturaleza de la Unión Europea, que no puede quedar impune”, aseguró Soledad Gallego, abogada de las organizaciones ecologistas, en una carta abierta.

Las organizaciones acusaron al Gobierno de no llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental digna de crédito. El Gobierno está proponiendo “trasladar” las aves y compensar el impacto negativo mediante la recuperación de áreas adyacentes. “Los pájaros no son tontos y es probable que se adapten”, afirmó Souto de Miranda en su artículo de Público.

“Las aves no son tontas, pero nosotros tampoco”, replica José Alves, un biólogo que ha pasado los últimos 15 años estudiando las aves del Tajo. Su investigación indica que las aves acuáticas no pueden ser trasladadas simplemente. Alves estudia las agujas colinegras, una especie catalogada como amenazada, que se reproduce en el norte de Europa y cada primavera baja al Tajo para alimentarse y descansar durante su migración anual al continente africano.

“Estas aves son extremadamente fieles a los lugares a los que suelen llegar. Seguimos aves que todos los años van siempre a los mismos lugares entre Portugal y los Países Bajos, o Islandia”, asegura. Aun cuando las aves encontraran otros lugares para descansar y alimentarse, entrarían en competición con otras aves por los recursos. Las nuevas generaciones tardarían tiempo en adaptarse, pero las repercusiones del aeropuerto se sentirían de inmediato.

Alves cree que el aeropuerto representaría una enorme amenaza para el humedal más importante para las aves acuáticas migratorias en Portugal. El investigador critica la falta de evaluación por parte del Gobierno de la importancia ecológica de la zona y la amenaza que representa la probabilidad de choques con las aves, ya que el riesgo de colisión entre aves y aviones pondría en peligro a las personas, a las aves y a las aeronaves.

“Tiene que ponerse en marcha un amplio debate sobre el aeropuerto”, comenta Alves a Equal Times, pero asegura que el Gobierno ha optado por el silencio, ya que la carta que publicó junto con más de otros 40 científicos sigue sin respuesta.

Las consecuencia del nuevo aeropuerto podrían ir mucho más allá de las fronteras portuguesas. Preocupada por el impacto negativo que el proyecto podría tener en las aves que se reproducen en los Países Bajos, la ONG neerlandesa Vogelbescherming, dedicada a la conservación de la naturaleza, reunió alrededor de 40.000 firmas en una petición en línea contra el aeropuerto.

“El número de aves limícolas acusa una considerablemente disminución desde hace décadas”, señala Marc Scheurkogel, portavoz de Vogelbescherming. Añade que la aguja colinegra, el ave nacional neerlandesa, está protegida por la legislación europea y que el Tajo también es un espacio natural protegido.

“Tenemos la responsabilidad común [de proteger] a las aves”, afirma rotundo. Para los ecologistas, las consecuencias significarían daños irreversibles para la naturaleza, las personas y el clima, y se resentirían en toda Europa.

Crecimiento y clima: actuar de manera diferente

Pese a la drástica reducción de vuelos en todo el mundo debido a la pandemia de la covid-19, el Gobierno portugués ha reiterado su intención de avanzar con el proyecto del aeropuerto del Tajo.

En marzo, el regulador de aviación de Portugal rechazó una solicitud de evaluación presentada por ANA, ya que dos municipios locales se opusieron al proyecto del aeropuerto de Montijo aduciendo problemas ambientales. Según la legislación portuguesa, el proyecto solo puede seguir adelante si todos los gobiernos locales lo evalúan positivamente.

Para hacer frente a este revés, el Gobierno propuso modificar la ley en cuestión. Entre tanto, se realizará una evaluación ambiental para estudiar el impacto del aeropuerto de Montijo y, en segunda opción, la construcción del aeropuerto de Alcochete, más al norte también en el estuario del Tajo.

El operador aeroportuario portugués ha defendido Montijo como la mejor opción y la expansión aeroportuaria como “fundamental para el desarrollo económico y la recuperación del sector turístico”.

Sin embargo, para Luís Leitão, miembro del comité ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP) y coordinador de los sindicatos de Setúbal (la región donde está previsto construir el aeropuerto), la creación de empleo y la acción a favor del clima no son mutuamente excluyentes.

“Las consideraciones medioambientales no son incompatibles con el empleo justo”, comenta a Equal Times. “Desarrollar el tren, invertir en sistemas de economía circular y transporte público son factores que podrían ayudar a crear empleos verdes”.

Para Leitão, la excesiva dependencia de Portugal del turismo demostró ser insostenible durante la pandemia. “Es importante invertir en la producción local y la autosuficiencia, en lugar de hacerlo solamente en el turismo”, asegura.

Aun antes de que la llegada de turistas extranjeros se desplomara un 92% a resultas de las medidas de confinamiento debido a la pandemia, el activista por la justicia climática Francisco Pedro estaba convencido de que el turismo de masas es insostenible y resulta pernicioso.

“Los beneficios del turismo no compensan las pérdidas causadas por la contaminación, el calentamiento global y la crisis de la vivienda, razona. A juicio de Pedro, la lucha por la justicia climática implica reconocer que el crecimiento a toda costa conduce a la destrucción medioambiental y a la explotación, y que es un modelo que necesita ser puesto en cuestión.

Dar prioridad al bienestar social y ecológico, afirma, requiere ser capaz de imaginar una forma diferente de actuar. “Podemos utilizar nuestra imaginación y nuestra creatividad para cambiar la forma en que nos organizamos, para luchar por el bienestar de todos”.

Las generaciones futuras

Dos ejemplos demuestran que los planes de ampliación de los aeropuertos no son inevitables. Uno tiene que ver con el plan del grupo Vinci de construir un gran aeropuerto en el término municipal de Notre-Dame-des-Landes, cerca de la ciudad francesa de Nantes. Residentes, agricultores y activistas ambientales se opusieron al plan, el cual también amenazaba un humedal protegido. A medida que los activistas se movilizaban y construían colectivos autónomos en oposición al plan de Vinci, esta población se convirtió en un símbolo de resistencia. En 2018, el Gobierno francés anunció que abandonaba el proyecto del nuevo aeropuerto.

“El ejemplo de Notre-Dame-des-Landes es muy inspirador, la posibilidad de que muchas personas juntas puedan unir sus fuerzas para detener un proyecto que había sido decidido por uno de los grupos económicos más poderosos y uno de los Gobiernos más fuertes de Europa”, nos confía Pedro. “Lograron detener lo que parecía imposible de detener, y demostrar que existe una posibilidad real de vivir de mejor manera, de administrar las tierras colectivamente y de proteger el medio ambiente. Abre un horizonte de posibilidades”.

Un ejemplo más reciente es la decisión de un tribunal británico en 2020 de declarar ilegales y en violación de los compromisos del Reino Unido en la lucha contra el cambio climático los planes para una tercera pista de aterrizaje en el aeropuerto de Heathrow. La decisión se tomó sobre la base de que la política de ampliación de un aeropuerto es incompatible con los compromisos asumidos por el Gobierno en el Acuerdo de París sobre el clima.

Para el biólogo José Alves, es un precedente inspirador. Comenta que el plan aeroportuario de Portugal no solo muestra un menosprecio por las leyes de conservación y los acuerdos internacionales, sino que también contradice descaradamente los compromisos públicamente contraídos para avanzar hacia un futuro más sostenible y descarbonizado.

“En tanto que sociedad civil, queremos tener la posibilidad de opinar sobre el asunto, decidir lo que dejaremos a las generaciones futuras”, comenta a Equal Times, y agrega que los jóvenes que salen a las calles abanderan la lucha por la justicia ambiental.

João Sousa, de 19 años, afirma que no se dejará intimidar por los cargos penales interpuestos contra los activistas. Pocos días después de la protesta a favor de la reducción de la aviación, participó en una manifestación para proteger un bosque cerca de su casa en Carcavelos, en la desembocadura del río Tajo.

“Es posible que mi generación deba hacer frente a las consecuencias del caos climático”, concluye este estudiante. “Pero al menos, podré mirar hacia atrás y decir que no me limité a quedarme de brazos cruzados. Que hice todo lo que pude para detenerlo”.