El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha comprometido a apoyar a los países a financiar el desarrollo sostenible y un crecimiento económico sostenido, teniendo en cuenta que lograr un crecimiento inclusivo y la estabilidad financiera constituyen una condición previa indispensable para alcanzar los ODS.
Durante la pandemia, el liderazgo del FMI ha promovido una recuperación ecológica e inclusiva. La directora gerente del Fondo, Georgina Kristalina, ha abogado por la protección social vinculada a una transición justa, hacer frente a la carga de la deuda en los países de bajos ingresos, y medidas de estímulo que promuevan la creación de empleo. Ha subrayado asimismo la importancia de evitar una retirada prematura de las medidas de respuesta a la crisis.
Esto último resulta extremadamente importante. El precedente reciente fue desastroso. Alrededor de 2009, tras un impulso inicial a favor de apoyo de los Gobiernos a la economía, el FMI volvió a fomentar las mismas fallidas políticas de austeridad de décadas anteriores. Abogó por que se pusiese término al estímulo fiscal y promovió una vuelta a la “consolidación fiscal” –austeridad– y “reformas estructurales”, es decir medidas desregulatorias que no cumplieron sus promesas de aportar crecimiento. Esta respuesta derivó en una recuperación irregular y desigual, con un crecimiento lento, retardos de productividad y ataques estructurales a los sistemas de protección social, cuyas consecuencias quedaron patentes al estallar la pandemia de COVID-19.
Desgraciadamente, el asesoramiento político a nivel de países y los planes de gastos asociados a los préstamos de emergencia del FMI y sus consultas nacionales parecen indicar ya que el Fondo, una vez más, no aplica lo que predica. No obstante, la ambiciona visión formulada por la Sra. Kristalina respecto a la recuperación podría suponer un paso importante para sentar las bases de una reforma de la agenda política del FMI y lograr que sus préstamos se ajusten a la finalidad prevista.
Para el movimiento sindical internacional, lograr una recuperación justa y sostenible estableciendo un Nuevo Contrato Social requeriría una reforma urgente del FMI y un incremento del apoyo multilateral acordado a los países en desarrollo.
El Fondo debe cambiar de rumbo y empezar cuanto antes a centrase en cinco áreas políticas clave para llevar a cabo una transformación estructural en línea con los ODS y su mandato:
- Un acceso justo a la red global de seguridad financiera;
- Crear espacio fiscal de manera equitativa;
- Servicios públicos y protección social universales, incluyendo alinear los pisos de gasto social en los préstamos del FMI con las normas de la OIT;
- Pleno empleo, trabajo decente y transición justa hacia una economía con cero carbono;
- Procedimientos para impedir que el asesoramiento político y la condicionalidad vinculada a los préstamos fomenten la desigualdad, y adoptar paquetes de políticas alternativas alineando la condicionalidad del FMI a los ODS.
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leo.baunach[@]ituc-csi.org
