Los pueblos indígenas han sufrido una opresión y exclusión sistemáticas durante demasiado tiempo en ámbitos que se entrecruzan; un legado sistemático de siglos de sometimiento, desprecio de sus culturas y explotación de sus tierras por parte de las potencias coloniales y neocoloniales.

En todo el mundo se les niega su derecho a la autonomía o al acceso a sus tierras de las que forman parte desde hace infinidad de generaciones. Desde Paraguay a Palestina, se han visto desahuciados por el expansionismo corporativo o los Estados imperialistas. A muchos de los 476 millones de indígenas del mundo, forzados a ser apátridas, les han robado el derecho a una asistencia sanitaria y a unas protecciones laborales dignas.

Muchos son desplazados y les envenenan o roban sus tierras, así como los ingresos que podrían generar mediante las mismas, como ocurre en la región amazónica de Sudamérica. La extracción y contaminación de estos territorios constituye una grave amenaza para todos nosotros, pues contribuye al cambio climático y a la degradación ecológica.

Los pueblos indígenas tienen que hacer frente a formas extremas de explotación. En Guatemala, Camerún y Nepal, las leyes y prácticas discriminatorias les mantienen atrapados en una servidumbre por deudas o en condiciones laborales próximas a la esclavitud. Incluso en los casos en que se les protege en los ámbitos estatal o institucional, sus hogares se encuentran muy alejados de dichos recursos.

La lucha por los derechos

El continuo incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su exclusión de las políticas y las tomas de decisiones provoca su estigmatización y deshumanización en el marco institucional.

En Australia, los pueblos aborígenes constituyen el 3% de la población, pero representan el 29% de la población penitenciaria. En Canadá, las mujeres indígenas tienen 12 veces más probabilidades de sufrir violencia de género y siete veces más probabilidades de ser asesinadas que otros grupos de mujeres. Durante décadas, Canadá llevó a la práctica un cruel régimen de asimilación que separó a los niños indígenas de sus familias, metiéndoles en hogares donde abusaron de ellos y les asesinaron; todavía hay muchos desaparecidos.

Los líderes indígenas en países como Filipinas, Honduras, Chile, Perú, Brasil, Guatemala y Colombia son víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y asesinatos.

Las investigaciones sugieren que existen tasas más altas de indígenas que viven con algún tipo de discapacidad, además de muchas otras formas de discriminación. Algunos también se sienten excluidosdel discurso dominante y de los conceptos de discapacidad del hemisferio norte.

La COVID-19 ha sacado a luz numerosas desigualdades y sistemas de opresión que ya existían en nuestras sociedades. Las tasas de muertes por el virus entre los indígenas americanos son mucho más altas que en otros grupos demográficos. Esto se debe a unas desigualdades estructurales que llevan siglos en pie, debido a las cuales las poblaciones indígenas tienen más probabilidades de vivir en hogares abarrotados o de tener menos acceso a un buen saneamiento o a una atención médica asequible.

En otros países, los pueblos indígenas se ven perjudicados por una vacunación jerárquica, como en Brasil, donde solo los habitantes de los territorios ‘legalmente delimitados’ se consideran aptos para la misma.

Para los sindicatos, la lucha por los derechos de la clase trabajadora debe incluir los derechos de los pueblos indígenas. Tan solo 24 Estados han ratificado el Convenio 169 (sobre pueblos indígenas y tribales) de la OIT; y los que lo hicieron han mostrado una escasa aplicación del mismo. Los sindicatos deben hacer campaña a favor de una ratificación generalizada y una aplicación eficaz.

El Convenio 169 tiene deficiencias, pero su ratificación y aplicación efectivas, junto a las del Convenio 105 (sobre la abolición del trabajo forzoso) y el C190 (sobre la violencia y el acoso en el ámbito laboral), deben formar parte de un Nuevo Contrato Social que construya un futuro inclusivo, resiliente y socialmente justo para todos y todas. Un futuro que aplique la debida diligencia para los derechos humanos, la protección social universal y las inversiones en unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, la CSI se posiciona junto a los pueblos indígenas, los sindicatos, los trabajadores, los activistas y los movimientos que luchan por los derechos y la inclusión de los pueblos indígenas.