El bloqueo por parte de India, en su tercer mes, amenaza con hundir la economía de Cachemira

Abdur Rashid Dar se adelanta para saludar a los transeúntes que caminan por la carretera frente al famoso lago Dal en Srinagar, la mayor ciudad y capital veraniega del estado de Jammu y Cachemira. Propietario de una shikarah (embarcación de madera al estilo góndola), anuncia a los clientes potenciales: “Les cobraré solamente 200 rupias INR (aproximadamente 2,80 dólares USD) por un paseo de una hora”. Normalmente el precio es de 600 rupias (8,45 dólares).

Rodeada por las montañas del Himalaya, la ciudad de Srinagar es un destino popular para los turistas indios y extranjeros entre abril y octubre, cuando los “Alpes de la India” están en su momento más hermoso. Pero este año no es así. “No hay turistas en el Valle de Cachemira”, señala Dar. Cerca de 600 shikarahs permanecen atracadas en la orilla, mientras que más de 900 casas flotantes reposan silenciosas y vacías al otro lado del lago. “Llevamos dos meses sin ganar absolutamente nada. El futuro es muy negro”.

Los turistas abandonaron Cachemira el 3 de agosto, dos días antes de que el Gobierno de Nueva Delhi revocara unilateralmente el artículo 370 que otorgaba autonomía a la región de Cachemira dentro de la Unión India. Esta medida está hundiendo la controvertida región en un caos total. Por primera vez desde 1947, cuando estalló el conflicto entre la India y Pakistán por Cachemira (Jammu, la región mayoritariamente hindú del estado, no se ha visto prácticamente afectada), el Gobierno ordenó a más de 340.000 turistas (entre los que se calcula había cerca de 200.000 hindúes que realizaban la peregrinación anual de Amarnath Yatra) que abandonaran el único estado de la India mayoritariamente musulmán en un plazo de 24 horas debido a los temores por “amenazas terroristas”.

En cuestión de dos días todos los foráneos se habían marchado de Cachemira, al igual que miles de los cerca de 400.000 trabajadores migrantes que se calcula viven y trabajan en el estado, procedentes de otras regiones de la India.

Aunque a los trabajadores migrantes no se les pidió que se marcharan, las repercusiones económicas de la derogación han dejado a muchos sin trabajo. Otros muchos están preocupados por la posible escalada de violencia tras el envío de más de 30.000 tropas indias que se han sumado a los 500.000 soldados indios y agentes de policía ya instalados en la zona para “mantener la paz”.

La BBC informa que el bloqueo ha costado a la economía de Cachemira más de 1.400 millones de USD, además de la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. La industria del turismo, que representa el 6,8% del PIB de Cachemira y da trabajo a cerca de 2 millones de personas en la región, ha sufrido un golpe terrible en plena temporada alta. Los demás sectores también están sufriendo grandes pérdidas, afirma el jeque Ashiq Ahmad, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cachemira: “No vemos ninguna esperanza a corto o medio plazo”.

Aunque la semana pasada se restablecieron algunos servicios de telefonía móvil, las comunicaciones han estado suspendidas desde el 5 de agosto tras el corte de las redes de teléfono e internet. El Gobierno declaró que el objetivo de esta medida era impedir que circularan falsos rumores, aunque los cachemires afirman que la verdadera razón es impedir que se produzcan movilizaciones organizadas. Las concentraciones públicas se han prohibido, y centenares de líderes políticos y de la sociedad civil han sido detenidos. En pueblos del sur de Cachemira han salido a la luz informes de tortura y arrestos arbitrarios por parte del personal de seguridad indio. 


Una nueva fase en siete décadas de conflicto

El artículo 370 de la Constitución india, que había garantizado la autonomía de Cachemira y el derecho a su propia Constitución, fue revocado el 5 de agosto de 2019 mediante un decreto presidencial dictado por el Gobierno del primer ministro Narendra Modi, del partido nacionalista hindú BJP. El estado quedó además dividido en dos territorios de la Unión (Jammu y Cachemira, y Ladakh) que se encuentran actualmente bajo el gobierno directo de Nueva Delhi.

Despojar a Jammu y Cachemira de su autonomía era parte del antiguo programa ideológico del partido BJP de extrema derecha, que cree en “una Constitución, una bandera y un primer ministro”. Los cachemires apreciaban el artículo 370 porque les otorgaba cierto grado de autogobierno (el Gobierno de Delhi solo controlaba la defensa, las relaciones exteriores y las comunicaciones) y porque además ayudaba a salvaguardar la excepcional cultura y condición demográfica de este estado (donde un 68,3% de la población es musulmana).

Por eso la decisión de Nueva Delhi ha alienado profundamente al pueblo de Cachemira y ha contrariado a Pakistán, que controla una tercera parte de Cachemira y se opone al control por parte de la India de las dos terceras partes restantes del territorio. Ambos países han librado ya tres guerras para tratar de hacerse con el control de todo el estado. Durante las últimas tres décadas Cachemira ha sido escenario de un conflicto independentista armado que se ha cobrado la vida de más de 70.000 personas, en su mayoría civiles. Ahora existen temores de que la derogación por parte del Gobierno indio pueda desembocar en un cuarto conflicto entre ambas potencias nucleares.

Pakistán se enfrenta a una difícil elección: aceptar que la India controle el estado u oponerse a ello. A un dilema parecido se enfrenta el pueblo de Cachemira, que teme que la absorción de su territorio allane el camino para un importante cambio demográfico en el interior del estado.

Con la supresión del estatus especial de Cachemira, la población del resto de la India podrá adquirir tierras en Cachemira. Los cachemires sospechan que la verdadera razón de la anulación del artículo 370 por parte del Gobierno federal es disolver la mayoría musulmana de Jammu y Cachemira, que el BJP considera es motivo de la prolongada lucha independentista.

Ante la inminencia de un posible conflicto, el pueblo de Cachemira está teniendo dificultades para hacer una vida normal. Todos los sectores –desde el transporte público hasta la artesanía, la agricultura y la informática– se encuentran seriamente afectados. En el enclave industrial de Srinagar, en Rangreth, situado en el extremo sur de la ciudad, cerca de 12 empresas de informática, muchas de las cuales son centros de subcontratación de procesos empresariales que atienden a clientes de todo el mundo, han dejado de funcionar por completo. En su conjunto, las 12 empresas emplean a cerca de 1.500 personas, y todas ellas se enfrentan a un futuro incierto si el Gobierno no restablece pronto la conexión a internet.

“Proporcionamos servicios de software a empresas con sede en Estados Unidos, Europa y Dubái, pero ahora estamos prácticamente muertos”, explica el propietario de una empresa que no ha querido identificarse por miedo a tener problemas con el Gobierno. Su empresa emplea a cerca de 150 personas, pero sus empleados ya no acuden a trabajar porque allí no hay nada que hacer. Al igual que muchos trabajadores de Cachemira, no están percibiendo ningún ingreso.

Plantaciones marchitas y nueva legislación laboral

Cachemira es el mayor productor de manzanas de la India, pero actualmente los árboles de las plantaciones están cargados de fruta no recolectada. Estamos en mitad de la temporada de cosecha pero no hay nada que Basharat Rasool, propietario de una finca al norte de Cachemira, pueda hacer. Al igual que los productores de fruta de todo el estado, está teniendo dificultades enormes para recoger, empaquetar y transportar sus productos a mercados del interior y exterior de Cachemira. “No podemos contratar a comerciantes de fruta de Nueva Delhi ni de las demás regiones del país para negociar los precios”, señala Rasool, añadiendo que hace poco tuvo que desplazarse 400 kilómetros hasta Jammu, únicamente para enviar un mensaje de texto con sus datos bancarios a un comerciante.

La horticultura, que abarca una extensión total de 75.000 hectáreas de terreno y emplea a más de 3 millones de personas en Cachemira, aporta al estado 65.000 millones de rupias INR (aproximadamente 913 millones de USD). “Si no se hace nada para salvar esta cosecha, miles de familias sufrirán”, afirma Mohammad Yusuf Dar, presidente de la Kashmir Apple Growers and Dealers Association. “Instamos al Gobierno a que restablezca las comunicaciones, puesto que así los agricultores podrán hacerse cargo por sí solos de su producción”.

Abdur Rashid Dar expresa su indignación ante el recién anunciado Plan Gubernamental de Intervención del Mercado, con arreglo al cual una cooperativa agrícola gestionada por el estado, la National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India (NAFED), se comprometió a comprar todas las manzanas de Cachemira a precios competitivos. “Eso no está funcionando”, declara Dar. “La cooperativa no está pagando en absoluto precios competitivos”.

Por ejemplo, Dar explica que los delegados de la NAFED clasifican con frecuencia las manzanas de calidad A como si fueran manzanas de calidad B: “En lugar de 52 rupias (aprox. 0,58 dólares) el kilo, solo pagan a los agricultores 33 rupias (0,33 dólares). El Gobierno también señaló que la NAFED realizaría los pagos en un plazo de tres días, pero ya llevamos 20 días esperando”.

Mientras tanto, tras la derogación del artículo 370, Nueva Delhi está preparada para efectuar una serie de cambios constitucionales y jurídicos trascendentales con objeto de adaptar Jammu y Cachemira al resto de la Unión. Las centrales sindicales nacionales de la India están especialmente preocupadas por los planes del Gobierno de fusionar 44 legislaciones laborales vigentes en cuatro legislaciones que cubrirán los salarios, las relaciones laborales, la seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo. Los sindicatos señalan que el nuevo proyecto de ley solo cubrirá al 10% de los trabajadores indios y que someterá aún más los derechos de los trabajadores a los intereses de las empresas.

Y el invierno, que empieza el mes que viene, implica la desaparición de un volumen importante de actividad comercial. La angustia imperante se ha intensificado tras desvanecerse las esperanzas de posibles mejoras de la situación en un futuro cercano. Una razón de peso es la ausencia de liderazgo en las protestas que se están llevando a cabo. Numerosos líderes separatistas y del sistema, entre ellos varios directivos empresariales cachemires, han sido arrestados, como es el caso de Shakeel Qalander (expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cachemira), Mubeen Shah (expresidente de la Federation Chamber of Industries) y Yasin Khan (presidente de Kashmir Economic Alliance). En su ausencia, no hay nadie para encabezar la resistencia pública contra la revocación del artículo 370, y eso va a afectar enormemente a los trabajadores y a la industria en un futuro inmediato.