La adopción de una salvaguardia laboral para los préstamos del Banco Mundial al sector público sería una medida positiva; los préstamos de la agencia del Banco que se ocupa del sector privado, la CFI, viene aplicando una salvaguardia laboral desde 2006. No obstante, la versión de la “Norma ambiental y social 2: Mano de obra y condiciones de trabajo” (NAS 2) que se remitirá al directorio incluye algunas referencias atenuadas en comparación con el borrador que fuera publicado hace un año.

Incluyen la provisión de que la libertad sindical en los proyectos del Banco deberá respetarse únicamente “en una manera que sea consistente con la legislación nacional”. Tal salvedad no ha sido añadida a otros requisitos sobre normas fundamentales del trabajo en la NAS 2, como la prohibición de la discriminación, el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Además, la última versión traslada la responsabilidad del Banco Mundial y el prestatario al proveedor, a la hora de identificar los riesgos de trabajo infantil, trabajo forzoso y condiciones de trabajo peligrosas en la cadena de suministros primaria.

Este último borrador conserva además una importante deficiencia que la CSI, otros grupos de la sociedad civil y numerosos Gobiernos pidieron fuese corregida por el Banco en la versión anterior, al no incluir referencia alguna a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, instó al Banco a que se reconozca el papel de la OIT en tanto que organismo encargado del establecimiento de normas laborales, y a trabajar en estrecha colaboración con ella en la implementación de la nueva salvaguardia:
“Los otros bancos multilaterales de desarrollo que cuentan con una salvaguardia laboral, incluyendo la CFI del propio Banco Mundial, incluyen una referencia explícita a los convenios de la OIT sobre normas fundamentales del trabajo, que todos los países miembros están obligados a cumplir, independientemente de si han ratificado o no dichos convenios. El Banco Mundial debería cumplir este precedente, no apartarse de él. Nos preocupa la implicación de que la provisión sobre libertad sindical pueda ser ignorada en los proyectos financiados por el Banco, si la legislación nacional no protege plenamente este derecho, pese a que la política asevere que no se tolerarán el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la discriminación de género o de cualquier otro tipo, independientemente de lo que digan las leyes nacionales. Esto introduce un preocupante doble criterio sobre qué derechos fundamentales de los trabajadores definidos por la OIT deben respetarse en los proyectos del Banco”.

Sharan Burrow manifestó asimismo la necesidad de que el Banco refuerce las disposiciones respecto a los trabajadores de los proveedores primarios: “Tres años después de la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh y un mes después de que la Conferencia Internacional del Trabajo se centrase en medidas para eliminar condiciones de trabajo inaceptable en las cadenas mundiales de suministro, el Banco Mundial y los Gobiernos prestatarios deben poner de su parte, en lugar de traspasar la responsabilidad a los proveedores. Resulta irrealista e impracticable esperar que los potenciales proveedores se comprometan a auto-denunciar sus prácticas laborales inaceptables”.

La CSI contribuyó, junto con varias organizaciones de la sociedad civil, enviando una respuesta conjunta al Marco Ambiental y Social propuesto por el Banco Mundial.

El proyecto del Marco, que será considerado por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial el 4 de agosto, ha sido publicado (en inglés) en el sitio web del Banco.