La Confederación Sindical Internacional se muestra preocupada por las revelaciones de los documentos filtrados que ha publicado el sitio web especializado en denuncias, WikiLeaks, que revelan la forma en que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGS) consolidará aún más el poder corporativo amenazando el interés público.

Son particularmente preocupantes los planes para una mayor desregulación y liberalización que afecta a las industrias del sector público y de transporte; así como, las disposiciones que obligan a los países a eliminar los límites sobre propiedad extranjera de la prestación de servicios de telecomunicaciones al público favoreciendo así la privatización.

Las revelaciones demuestran que los trabajadores y sus sindicatos de todo el mundo tienen razón de mostrarse preocupados por las negociaciones secretas que actualmente ultiman el acuerdo comercial entre los EE.UU., la UE y otros 22 países, en su mayoría sudamericanos.

“Los acuerdos comerciales negociados a puerta cerrada maniobran de modo a que los trabajadores y las trabajadoras salgan perdiendo. Tienen como objetivo concentrar aún más el poder y la riqueza en manos de las empresas multinacionales, en detrimento del bien común”, afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

“Visto que la gran mayoría de los ciudadanos manifiestan, según resultados de la Encuesta Mundial de la CSI, una profunda preocupación por la influencia de las grandes corporaciones, los gobiernos deben dirigir su atención a la creación de un sistema de comercio que redunde en el interés general.

“Estos documentos revelan que en su forma actual, el Acuerdo General de Comercio de Servicios podría poner en peligro los servicios públicos de calidad y rediseñar la economía de servicios a escala global con consecuencias de lo más preocupantes, ya que nadie conoce completamente los pormenores del acuerdo, excepto las empresas que lo respaldan.

“Otra preocupación muy importante es la presión ejercida a favor de la ‘neutralidad competitiva’. Esta frase aparentemente inocua significa que la prestación de servicios públicos puede considerarse una práctica comercial desleal en caso de que represente una desventaja para un proveedor privado, o sea perciba como tal por éste.”

En el marco del acuerdo AGCS, los gobiernos tienen previsto conceder acceso a los mercados y trato nacional a los proveedores extranjeros y operadores de servicios en numerosos ámbitos, tales como las telecomunicaciones, el transporte, la mensajería y diversos servicios profesionales como la arquitectura, la ingeniería, la medicina, la auditoría y los servicios jurídicos.

La Federación Internacional de Transporte reaccionó a los capítulos filtrados del acuerdo con respecto a los servicios de mensajería aérea, marítima y urgente haciendo hincapié en que “la farsa consistente en dar paso a una competencia más abierta ofrece varias vías para conceder a las grandes empresas mundiales más influencia sobre los nuevos operadores a escala mundial”.

“Este texto podría impulsar el potencial de las empresas más poderosas en la industria del transporte concediéndoles un trato preferencial”, señaló el Presidente de la ITF, Paddy Crumlin. “Lo que hace falta en esta ecuación es un valor destinado a todos los trabajadores y los ciudadanos. Crea obstáculos graves para que todo Estado que desee invertir, administrar y operar su infraestructura nacional o, elemento importantísimo, defender el trabajo decente y condiciones dignas en el sector del transporte”.

La Secretaria General de la ISP Rosa Pavanelli afirmó: “Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos de América han afirmado en todos los tonos que se ofrece protección a los servicios públicos, pero la revelación de esta información no confirma estas afirmaciones”.

El Secretario General de UNI Global Union, Philip Jennings, ha subrayado el peligro de las cláusulas de “mantenimiento del statu quo” y de “trinquete”, que garantizan con toda eficacia que los gobiernos dejarán de tener la libertad de aplicar una mayor regulación y se asegura de que los gobiernos no puedan dar marcha atrás una vez iniciada la liberalización.