No es ninguna novedad para quien esté al tanto de la actualidad, pero merece la pena repetirlo para los que vengan detrás: la calidad y seguridad de la atención que reciben nuestros mayores y personas vulnerables no puede desvincularse de las condiciones de los trabajadores sanitarios.

Equipo de protección personal (EPI), niveles seguros de dotación de personal, protocolos claros, formación, acceso a pruebas de detección, transporte seguro, ausencia remunerada por enfermedad para poder autoaislarse son los elementos que mencionará cualquier trabajador sanitario que haya vivido desde el primer día la pandemia y que identificará como los recursos que más falta hicieron. El hecho de que un año después muchos de estos trabajadores sigan sin recibir este tipo de apoyo que necesitan para salvar vidas no se debe solamente a una mala gestión puntual, sino que demuestra los esfuerzos entablados desde hace décadas para erosionar su poder colectivo.

Examinando más de cerca los casos en que los brotes de la covid-19 han tenido los efectos más devastadores, surgen algunos patrones claros.

En España, el 70% de las residencias de mayores son de propiedad privada, e incluso gran parte del resto de residencias de mayores de propiedad pública son gestionadas por empresas privadas con fines de lucro.

En una residencia de mayores gravemente afectada durante la segunda ola de la pandemia dirigida por el grupo Orpea, las familias de las víctimas han denunciado a la empresa ante los tribunales. Las familias acusan a Orpea de no proporcionar los protocolos de seguridad adecuados y señalan que “ha habido presuntamente fraude en la aplicación del ratio de [pacientes y] trabajadores”.

¿Es el recorte de trabajadores una ventaja competitiva?

Orpea es la segunda corporación empresarial más importante de residencias de mayores con fines de lucro en Europa. Mientras las finanzas de las residencias de mayores atraviesan una situación difícil, Orpea hace alarde de unas cifras interesantes. Ha batido su récord de niveles de ingresos para el cuarto trimestre de 2020 (el mismo periodo por el que las familias de las víctimas en España lo han llevado a los tribunales por presunta falta de personal). Al mismo tiempo, en Irlanda, Orpea acaba de comprar la mitad de otra empresa de residencias de mayores, situando a esta corporación como el segundo mayor proveedor de residencias de mayores del país.

Las actividades de este grupo con sede en Francia se extienden por muchos países europeos. Su notoriedad por socavar los derechos de negociación colectiva de sus trabajadores en la empresa rivaliza con su amplia cobertura geográfica.

En Alemania, Orpea también ha sido denunciado ante los tribunales por sabotear el trabajo de los representantes de los trabajadores en el comité de empresa. El sindicato alemán ver.di ha celebrado una vigilia solidaria, y el comité de empresa inició procedimientos judiciales que podrían resultar en la imputación de la empresa por un delito penal.

Se sospecha que, más allá de defender su causa en sí, la estrategia corporativa consiste en inducir a los trabajadores y a sus representantes a entablar conflictos jurídicos. A juicio de un analista jurídico, en esta estrategia “lo importante [para Orpea] no es ganar [las causas], sino desgastar a las personas y que acaben por rendirse”. Puede discernirse un enfoque similar en la vecina Polonia.

Una tendencia más generalizada

El enfoque de Orpea cristaliza algunas de las tendencias más generalizadas que han surgido en las últimas décadas. La financialización del sector sanitario significa que existe una creciente discordancia entre la finalidad de la empresa y la prestación de una atención de calidad.

En cambio, presta más atención a la gestión de “activos” tales como los edificios que suelen poseer muchas residencias de mayores. También en este sentido, Orpea ofrece un caso práctico esclarecedor. Actualmente está llevando a cabo una serie de operaciones de “venta y retroarrendamiento”. Con el fin de aumentar la liquidez para invertirla en una mayor expansión o en crear las condiciones para ofrecer mayores dividendos, vende los edificios en los que está instalada la residencia de mayores. Esta residencia debe entonces pagar un alquiler, lo que conlleva una creciente precarización de los presupuestos.

A menudo, este tipo de corporaciones empresariales tienen estructuras complejas en las que se cruzan diferentes entidades jurídicas en múltiples jurisdicciones, algunas de las cuales están convenientemente ubicadas en paraísos fiscales.

Aun cuando las tácticas varían, el resultado es que aminoran sistemáticamente la voz de los trabajadores sobre el número cada vez más reducido de recursos que se dedican a la tarea esencial de cuidar a nuestros mayores y personas y vulnerables.

Las corporaciones empresariales se han beneficiado del enfoque privilegiado por los responsables de la regulación y la aplicación de la ley, es decir, no intervenir en la dirección de las residencias y cuyas consecuencias han afectado gravemente a las residencias de mayores durante esta pandemia. Los trabajadores sanitarios, en lugar de ser escuchados, se han quedado las más de las veces solos para hacer frente a situaciones traumatizantes. La trágica muerte, tanto de residentes como de trabajadores, va acompañada de estrés postraumático para el que no tenemos vacuna y que requerirá de atención.

¿Qué puede hacerse?

Para restaurar la viabilidad del sistema sanitario es preciso reequilibrar la forma en que se toman las decisiones que lo configuran. Es fundamental garantizar que los trabajadores tengan una voz fuerte. La negociación colectiva, que sabemos cuán esencial es para las necesidades de los trabajadores, se ha visto socavada. Ya es hora de fortalecerla.

En toda Europa, los trabajadores sanitarios y sus sindicatos han librado algunas batallas realmente inspiradoras, exponiendo el juego sucio y ganando terreno. En el apogeo de la segunda ola de la pandemia en Polonia, los trabajadores de una residencia de mayores se unieron y obtuvieron importantes victorias, tales como equipo de protección personal y una dotación más segura de personal. Un elemento crucial para victorias como esta ha sido el apoyo activo que han recibido los trabajadores por parte del público. Los sindicatos de la atención sanitaria también han estado trabajando juntos a través de las fronteras bajo la égida de UNI Europa para elaborar una estrategia coordinada en relación con problemas comunes, así como en el seno de las mismas corporaciones empresariales.

Los inversores que financian estas corporaciones también pueden desempeñar un papel importante para incrementar las normas en todo el sector. Los fondos de pensiones, los gestores de activos, los fondos soberanos y otros inversores institucionales comprometidos con un mundo socialmente sostenible necesitan contar de nuevo con la participación de los trabajadores y recentrar estas corporaciones en la prestación de los servicios sanitarios.

Además de la inversión privada, la inversión pública desempeña un papel determinante en la configuración del sector sanitario. Actualmente, los responsables de la formulación de políticas optan por dar luz verde a las corporaciones empresariales que aplican recortes en la plantilla de sus trabajadores, cuando más bien deberían abocarse a dar voz a los trabajadores exigiendo la negociación colectiva en todas las empresas en las que se inviertan fondos públicos.

La Unión Europa desempeña un papel clave en este sentido. Puede pedir a los gobiernos nacionales que exijan que toda contratación pública esté condicionada a que los trabajadores dispongan de convenios colectivos. No puede darse como respuesta volver al sistema sanitario disfuncional. Esta crisis ha puesto al descubierto algunos asuntos graves, ha llegado la hora de ponerles remedio.