Los sindicatos seguirán reivindicando un instrumento jurídicamente vinculante que regule, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

“La convergencia de las diferentes crisis: el clima, el costo de la vida, la pandemia y el conflicto han puesto de manifiesto graves deficiencias en los procesos de diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos. Son muchas las multinacionales que han negado el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, revelando el modelo fallido de responsabilidad social corporativa voluntaria. Millones de trabajadores y trabajadoras de las cadenas mundiales de suministro están expuestos a violaciones de los derechos humanos y laborales debido a un modelo profundamente erróneo que permite a las empresas eludir sus responsabilidades”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

Los casos de violación de los derechos de los trabajadores por parte de las empresas van en aumento. Según el Índice Global de los Derechos de la CSI, 13 países niegan a los trabajadores su derecho a establecer o afiliarse a un sindicato, pasando de 106 en 2021 a 113. El 87% de los países violaron el derecho de huelga y cuatro de cada cinco países bloquearon la negociación colectiva. En este contexto, las empresas no suelen hacer uso regularmente de su ascendente para hacer frente a las violaciones de los derechos de los trabajadores ni para evitar acciones que socavan o frenan el ejercicio y la reivindicación de los derechos laborales por parte de los trabajadores.

Ha aumentado la presión para que se adopten medidas reglamentarias que responsabilicen a las empresas por las violaciones de los derechos humanos a nivel nacional y regional con la entrada en vigor de nuevas leyes.

A principios de este año, los Ministros de Trabajo del G7 acordaron participar de forma constructiva en los debates, tanto en la ONU como en la OIT, sobre un instrumento jurídicamente vinculante basado en el consenso sobre la responsabilidad de las cadenas de suministro de las empresas, y la OIT adoptó los elementos esenciales para una futura acción normativa y no normativa sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro.

Los sindicatos hacen un llamamiento a los Gobiernos a que participen constructivamente en las negociaciones del Tratado Vinculante.

Es imperativo que la Comisión Europea obtenga un mandato para participar en las negociaciones. Del mismo modo, se insta a los Gobiernos del G7 a cumplir sus promesas. A los Estados que votaron a favor de la resolución original de 2014 también se les exhorta a que sigan apoyando el proceso para un Tratado Vinculante.

Los Gobiernos no deben dejarse distraer por las propuestas de un tratado marco, que no ofrecerá el tipo de Tratado Vinculante que realmente acabará con la impunidad corporativa de forma definitiva.

En las próximas negociaciones del Tratado Vinculante, los sindicatos europeos piden que se refuercen las siguientes prioridades:

• Un amplio alcance sustantivo que abarque todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en particular los derechos fundamentales de los trabajadores y de los sindicatos, tal como se definen en las normas internacionales del trabajo pertinentes.
• La cobertura de todo tipo de empresa comercial, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura.
• Una regulación extraterritorial basada en la empresa matriz y acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales en el Estado de origen de las mismas.
• Medidas reglamentarias que obliguen a las empresas comerciales a adoptar y aplicar políticas y procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos.
• Reafirmación de la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos a las actividades de las empresas y su obligación de respetar los derechos humanos.
• Un sólido mecanismo internacional de control y ejecución.

“A fin de garantizar que la economía mundial no solo sea resiliente sino también propicia para el progreso social, los Gobiernos deben restaurar el contrato social reconstruyendo la confianza en la democracia y en una economía justa y equitativa. Para ello ha de comenzarse con la regulación de las cadenas mundiales de suministro severamente explotadoras, que es donde late el pulso de nuestro sistema de comercio actual. Poner alto a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidos por empresas con un tratado vinculante es un paso importante hacia una recuperación sostenible”, manifestó Sharan Burrow.
FIN

Actualización sobre el proceso del GTI 2022

La 8ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (GTI) sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos tendrá lugar del 24 al 28 de octubre de 2022.

A pesar de los esfuerzos desplegados por la Presidencia del Grupo de Trabajo Intergubernamental, el grupo de “Amigos de la Presidencia” no pudo reunir la representación regional necesaria. Como resultado, no se preparó a tiempo un cuarto borrador revisado para su discusión en las negociaciones de la ONU.

El GTI volverá a examinar el tercer proyecto revisado, centrándose en los artículos 6 a 12. La Agrupación Global Unions reitera su voluntad de apoyar al grupo “Amigos de la Presidencia” con perspectivas del mundo del trabajo.

El tercer proyecto revisado se basa en versiones anteriores al introducir una mayor claridad conceptual y representa un texto políticamente viable tanto para los Estados como para los agentes no estatales. Es una buena base para la negociación.

Los sindicatos han examinado las propuestas de la Presidencia para los artículos 6 a 12, que parecen simplificar las disposiciones haciéndolas menos prescriptivas. Si bien esto tiene como objetivo lograr el mayor apoyo posible para el proyecto, existe el riesgo de perder detalles indispensables para lograr una verdadera rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos humanos causados por las empresas. En la 8ª sesión, los sindicatos reiterarán la necesidad de un proyecto de texto que sea razonablemente prescriptivo y que, al mismo tiempo, cuente con el más amplio apoyo de los Estados Miembros y de la sociedad civil.